Según informó en 2009 el Diario de Sevilla: El juez lleva al banquillo a 15 implicados por presunta corrupción en Alhendín. El ex alcalde del PP, tres concejales, una decena de empresarios y un técnico son acusados de delitos urbanísticos “groseros de ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa”.
Una decena de empresarios también son imputados: Juan Leocadio Muñoz -marido de la comunicadora Ana Rosa Quintana-, Fernando Muñoz, el padre de ambos, Fernando Muñoz Noguera y otros. (…)
Según el juez instructor, el que fuera concejal de Urbanismo “concertó con Fernando y Juan Leocadio Muñoz” el concurso en el que se adjudicarían las obras a las que presentaba Tarje, la empresa de ambos, también señalados en otro caso de presunta corrupción en San Roque, Cádiz en 2006.
El marido de Ana Rosa quiere hacer 350 viviendas y 1400 plazas de hotel en el paraíso de Valdevaqueros en Tarifa
Creo yo, que antes de llamar canalla a alquién o insinuar que unos
actos o decisiones podrían ser causa de delito, por el simple hecho de
mencionarlo, o hacerlo publico, miraría debajo de las alfombras.
Julián Fernández Cruz
El ex alcalde del PP, tres concejales, una decena de empresarios y un técnico son acusados de delitos urbanísticos "groseros"
"Ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa" o
de "carácter incontrovertible y grosero".
Éstos son algunos de los
adjetivos judiciales a los supuestos delictivos que el juez de
Instrucción 2 de Santa Fe, Miguel Ángel Torres, dedica a lo sucedido con
el urbanismo del municipio granadino de Alhendín durante los últimos
años, cuando aún gobernaba José Guerrero bajo las siglas del PP.
El juez ha dictado auto de precedimiento abreviado de
unos de los casos más sonados de presunta corrupción urbanística en la
provincia de Granada, denominado caso Marchelo.
Este procedimiento que
significa el final de la fase de instrucción, fija los acusados y los
presuntos delitos que se les vinculan.
Se sentarán en el banquillo el ex
alcalde de Alhendín, José Guerrero, el que fuera su concejal de
Urbanismo, Manuel Fernández, dos concejales más -Salvador Nogueras, de
Obras Públicas; y María José Garrido, de Cultura y Educación- y el
arquitecto municipal José Manuel Zambrano.
Además,
una decena de empresarios también están imputados en la causa: Juan
Leocadio Muñoz -marido de la comunicadora Ana Rosa Quintana-, Fernando
Muñoz, el padre de ambos, Fernando Muñoz Noguera, Fernando Rafael
Rodríguez-Acosta Márquez, Luis Alonso Polo, Rafael Francisco Alonso
Polo, Mariano Alonso Polo, Alejandro Alonso Ramírez, Manuel Melguizo y
Rafael Tallón.
La investigación judicial ha
conllevado horas y horas de grabaciones -especialmente, del teléfono
móvil del que fuera concejal de Urbanismo, Manuel Fernández- que
recorren los casi cincuenta folios en los que el juez transforma la
instrucción en procedimiento abreviado.
El caso aglutina presuntos
delitos urbanísticos, cohechos y, derivados de aquéllos, una invasión de
la servidumbre aeronáutica de la base aérea de Armilla que ordenó
paralizar una promoción de la empresa Frai, investigada en el sumario.
El juez estudia si tanto el concejal de Urbanismo como el alcalde
exigían cobrar, en metálico o en especie, comisiones de alrededor del
1,5% por cada obra realizada en la localidad.
A lo
largo del extenso auto, el juez desgrana los cinco casos que motivaron
las investigaciones del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía
Nacional y la detención de parte del anterior equipo de gobierno.
En el
caso de una parque y un mercadillo, según el instructor, el que fuera
concejal de Urbanismo "concertó con Fernando y Juan Leocadio Muñoz" el
concurso en el que se adjudicarían las obras a las que presentaba la
empresa de ambos, Tarje.
Se deduce de las conversaciones telefónicas que
se "quebrantó el principio de libre concurrencia" y que, además, se
"recortó el presupuesto de la obra un 5%" con la finalidad de "hacerlo
menos apetecible y desincentivar" que otras empresas se presentasen al
concurso.
Uno de los casos que más folios ocupa en el auto del juez
Torres es el del polígono Marchalhendín.
En él, relata todos los
movimientos que conllevaron que los empresarios que promovían el
polígono ofrecieran a Fernández el 1,5% del suelo para que "intermediase
en la operación", que se concretó en 28.000 metros cuadrados.
Tras una
"compraventa simulada", el compromiso se plasmó en un "contrato
privado", según admitió el propio Fernández.
24 Octubre, 2009
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