Recibo del franquismo: 'Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo
El Gobierno central veta una proposición de ley presentada al
Congreso por el Parlament de Cataluña para modificar la ley de Memoria
Histórica
La cifra requisada por el ejército franquista a solo 747
familias agrupadas en la demanda supera los 10,5 millones de pesetas,
que serían más de 900 millones de euros actuales
El Ejecutivo de
Mariano Rajoy bloquea la demanda porque indemnizar a los afectados
supondría "un aumento de los créditos presupuestarios"
El Gobierno se opone a devolver el "dinero
rojo" incautado por Franco. Atender la demanda supondría "un aumento de
los créditos presupuestarios", según la respuesta con la que el
Ejecutivo de Mariano Rajoy rechaza la proposición de ley presentada en
este sentido por el Parlament de Cataluña al Congreso de los Diputados y
a la que ha tenido acceso eldiario.es.
La
cifra requisada por el ejército franquista a 747 familias ascendió a más
de 10,5 millones de pesetas, según la Asociación de Perjudicados por la
Incautación del Gobierno Franquista (APIGF).
Una cantidad que
equivaldría en la actualidad a más de 900 millones de euros (al
considerar que el valor actualizado más los intereses es de 86,24 euros
por cada peseta).
Otras fuentes apuntan a un informe del Banco de
España fechado el 11 de marzo de 1938 que aumenta la incautación a 35
millones de pesetas, que serían al cambio más de 3.000 millones de
euros. Elevan la cifra de afectados, además, en torno a 1.500 familias.
El caso se remonta a los primeros meses de la guerra civil, cuando los
golpistas confiscaban el dinero republicano en cada zona que caía en sus
manos. Las autoridades del franquismo emitían un recibo a cambio que,
en muchos casos, nunca fue reintegrado a sus legítimos propietarios.
La propuesta de modificación de la ley de Memoria Histórica estatal aprobada en el Parlament
catalán incluía, entre otras medidas, la enmienda presentada por el PSC
para resarcir las cuantías que conformaron el 'Fondo de papel moneda
puesto en circulación por el enemigo'. "El criterio del Gobierno es
contrario a la tramitación de la citada iniciativa por suponer un
aumento de los créditos presupuestarios, de acuerdo con las razones
alegadas en el escrito de referencia", responde el Gobierno.
El "veto del Gobierno" a una "solución"
Desde la plataforma de afectados reclaman "una solución" al caso. La
Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista
"reclama" al Gobierno "la cantidad de 10.590.311,35 pesetas", apunta
Agustín Aranda, vocal del colectivo. Al cambio, serían 913.308.450,82
euros. "Claro que habrá muchísima gente más", refiere, "pero no podemos
certificarlo porque o no se han dirigido a nosotros o no lo sabemos".
En APIGF esperan "una reunión, tarde o
temprano, para tratar este tema que tiene que encontrar una salida". Y
defienden en este sentido la medida "aprobada por unanimidad" en la
Cámara catalana, de la que no tienen constancia de respuesta: "estamos
pendientes todavía de que el Parlamento español nos diga algo", refiere.
"Esto supone el veto del Gobierno central a que se tramite la
proposición formulada desde el Parlament", aseguran las fuentes
consultadas por este medio. El bloqueo a la proposición de ley "por la
que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de
quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la
dictadura".
No es la primera vez que se abre el debate del llamado "dinero rojo". El enero de 2015 el despacho del exjuez Baltasar Garzón presentaba una reclamación al Consejo de Ministros
para la devolución del dinero incautado por el dictador. Volvía a la
carga en junio de 2016, esta vez ante el Tribunal Supremo, en procesos
que todavía no dan "una solución" al caso de aquellos billetes
republicanos que se convirtieron en simples recibos franquistas.
Contrabando o papel moneda del "enemigo"
Antes de estas propuestas, en 2007, el Congreso rechazaba devolver en
euros del dinero incautado por el franquismo o guardado por las
familias. En aquella ocasión, PP y PSOE se oponían a una medida de ERC y
CiU para establecer compensaciones para el canje del dinero.
Las demandas de Garzón solicitaban la indemnización a los afectados
porque la privación patrimonial fue consecuencia de una serie de normas
dictadas por las autoridades golpistas. Las más significativas con rango
de ley, como fueron el Decreto-Ley de noviembre del 36 que entró en
vigor de forma inmediata por decisión de la Junta de Defensa Nacional
constituida en Burgos y el Decreto de agosto del 38 por el que se creaba
el 'Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo'.
A partir de aquel momento coexistieron dos monedas diferentes, monedas
que valían según si estaban en la parte republicana o golpista de
España. La estrategia del franquismo era usar el dinero como arma de
guerra al introducir un sistema de pagos que rompiera con la República,
que forzara los precios y la velocidad monetaria en la 'zona enemiga'.
Una decisión que afectó a la población civil al privarla de medios de
pago legítimos.
Los billetes eran
confiscados por el ejército de Franco "de forma coactiva", ya que su
mera tenencia era considerada "contrabando". En esa consideración
entraba cualquier signo fiduciario, incluido papel moneda, certificados
de plata, 'talones especiales'…
Pero el dinero no se destruyó. El dinero
puesto en circulación por el Gobierno republicano tenía valor en el
extranjero y en zona republicana.
Y fue usado por el franquismo, dentro y
fuera del país.
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