Artículo publicado por Vicenç
Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, y en
catalán en la columna “Pensament Crític” en el diario PÚBLIC, 20 de
septiembre de 2017.
Este artículo documenta la
derechización que las instituciones políticas y mediáticas españolas han
experimentado durante el gobierno Rajoy, señalando que las prácticas
autoritarias de la dictadura se están reproduciendo, centradas ahora en
la enorme represión masiva que está teniendo lugar en Catalunya estos
días.
Dos hechos que han ocurrido en las
últimas semanas muestran el grado de derechización que se ha alcanzado
en las instituciones políticas y mediáticas españolas en estos años de
gobierno Rajoy. Uno de estos hechos, que ha pasado casi desapercibido,
es el otorgamiento por la Editorial Espasa del premio que lleva su
nombre a Stanley G. Payne por su libro En defensa de España: desmontando
mitos y leyendas negras, que es una defensa del régimen dictatorial que
existió en España desde 1939 hasta 1978, considerando al general
Franco, que lo lideró, como (y lo cito textualmente) “el mayor
modernizador de su país y el líder que alcanzó mayor éxito de todos los
aspirantes a las dictaduras de desarrollo del siglo XX”.
El libro es una
defensa del golpe militar de 1936 y del régimen dictatorial español
existente en este país.
Su autor, Stanley G. Payne, es profesor
emérito de la Universidad de Wisconsin-Madison, en EEUU, donde dirige la
Cátedra Vicens Vives, y pertenece a la categoría de hispanistas
anglosajones próximos a las derechas españolas.
Gran defensor de la
manera cómo se hizo la transición en España de la dictadura a la
democracia, considerándola como modélica, es contrario a la
re-evaluación de tal proceso que están haciendo las nuevas izquierdas,
como Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea, a las que considera como
nefastas, como define también a las fuerzas republicanas de los años
treinta, cuyas acciones, según él, hicieron necesario el golpe militar
de los “nacionales” (el entrecomillado es mío). En realidad, Stanley G.
Payne ha alertado a la sociedad española de una posible alianza del PSOE
con Unidos Podemos, que reproduciría el Frente Popular que él abomina.
La última ocasión en la que repitió este comentario fue nada menos que
en el Centro de Estudios de la Defensa Nacional del Ministerio de
Defensa del Estado español.
Dicho personaje ha recibido múltiples
galardones del establishment español, habiendo sido elegido miembro de
la Real Academia de Historia y de la Academia de Ciencias Morales y
Políticas de España, receptor de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Católica, y nombrado doctor Honoris Causa por la Universidad Rey Juan
Carlos.
Es un académico del establishment conservador, cuyas opiniones y
discursos resuenan y son aplaudidos por las derechas españolas, que en
el panorama europeo son equivalentes a las ultraderechas. No me imagino
que un libro semejante que hablara positivamente (tal como Payne hace de
Franco) de Hitler, de Mussolini o incluso del mariscal Pétain recibiera
tal reconocimiento en Alemania, en Italia o en Francia respectivamente,
países que sufrieron dictaduras fascistas o nazis semejantes a la que
sufrió España.
Pero en España no solo es posible, sino
que es frecuente. En este aspecto, es importante también conocer qué es
la Editorial Planeta, creada por el Sr. José Manuel Lara Hernández, que
luchó en la llamada Guerra Civil en el lado golpista como capitán de la
Legión, a la que se pasó tras conocer al famoso (por su crueldad)
general Yagüe. Participó activamente en la represión política franquista
cuando los militares ocuparon Barcelona, y fue, más tarde, jefe del
sindicato fascista vertical de Artes Gráficas.
En 1949 fundó la
Editorial Planeta, convirtiéndose, como resultado de su entramado con el
Estado, en una de las casas editoriales más importantes de España. Fue
más tarde nombrado Marqués del Pedroso de Lara. Su hijo, José Manuel
Lara Bosch, heredero de una de las editoriales más grandes (con unos
ingresos anuales de 1.600 millones de euros) de España (y del mundo),
expandió sus negocios a los medios de información, llegando a presidir
la corporación Atresmedia (a la que pertenecen, entre otras, Antena 3,
La Sexta, Onda Cero, Europa FM y Melodía FM).
El Grupo Planeta es
también el mayor accionista del diario de ultraderecha La Razón. Su gran
poder mediático explica la docilidad hacia tal figura por parte del
establishment político, lo cual explica sus muchos honores recibidos de
autoridades públicas, incluyendo la Medalla de Oro al mérito en las
Bellas Artes del Ministerio de Cultura del Estado español, la Medalla
Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid de la Sra.
Esperanza Aguirre, el título de hijo adoptivo de Sevilla, y la Cruz de
Sant Jordi, máxima condecoración de la Generalitat de Catalunya, y un
largo etcétera. Sus relaciones fueron siempre cordiales con los
principales partidos políticos gobernantes, primordialmente con las
derechas del PP y Convergència, pero también con el PSOE.
Pero la burguesía representada por el
Sr. Lara ha estado muy inquieta con el surgimiento de la nueva
izquierda, que parece más difícil de domar. De ahí el galardón a Payne,
en un intento de reforzar “la cultura franquista” todavía hegemónica en
las estructuras de poder en este país.
Tal burguesía parece estar
alarmada, pues en la promoción de la elección del libro de Payne, el
jurado del Premio Espasa subraya que tal libro provoca y desmonta los
mitos y leyendas negras existentes en España sobre la Guerra Civil y
sobre Franco, como si dicha visión favorable a la dictadura fuera
minoritaria (casi prohibida) en España, habiendo sido reemplazada por
una visión republicana, “roja” y “separatista”, que supuestamente, y
según Payne, domina el mundo intelectual del país.
En realidad su visión
de España y de su historia, lejos de ser prohibida, es la hegemónica en
gran parte de los aparatos del Estado y del establishment político y
mediático del país. La transición no significó una ruptura con el Estado
franquista, sino una adaptación y una apertura de este para legitimarse
como Estado democrático, pero conservando y reproduciendo grandes
elementos de la cultura franquista que continúan siendo hegemónicos en
el país.
La España uninacional, centrada en un Estado radial, es la
dominante en los aparatos del Estado, y lo que está ocurriendo en España
estos días es un ejemplo de ello, lo cual me lleva al segundo hecho
ocurrido esta semana.
Pero antes quisiera subrayar que la
evidencia existente muestra claramente que Franco tuvo poco de
modernizador. Una persona profundamente conservadora y reaccionaria,
cruel en extremo (según el profesor Malefakis, de la Universidad de
Columbia en Nueva York, experto en el fascismo europeo, por cada
asesinato que cometió el régimen de Mussolini, el régimen de Franco
cometió 10.000), responsable del enorme retraso político, cultural y
económico del país, es lo opuesto a modernizador.
Solo dos datos
muestran la falacia de ese argumento. Cuando ocurrió el golpe militar,
España e Italia tenían el mismo PIB per cápita. Cuando la dictadura
terminó, el PIB per cápita en España era solo el 64% del PIB de Italia. Y
el 68% de la población adulta tenía menos de seis años de educación.
La represión que está ocurriendo en Catalunya
El Estado central, cuyo Jefe de Estado
nunca ha hecho una declaración en contra de tal general (ni la hará), ni
en contra de la dictadura (que tampoco hará), y cuyo partido
gobernante, fundado por un ministro de Franco, nunca ha denunciado
explícitamente aquel régimen, está hoy reprimiendo por la fuerza, con
una enorme agresividad y falta de sensibilidad democrática
(característica del franquismo), reuniones, discursos, material escrito,
revistas y muchos otros actos, lo cual sería impensable en cualquier
país democrático.
Aquí y ahora, en Catalunya, bajo este régimen
considerado democrático, ha reaparecido una represión política que (para
aquellos que vivimos aquel horror y luchamos contra él) recuerda la
dictadura intentando crear miedo entre la población con campañas masivas
de intimidación, y saltándose leyes del mismo Estado, como bien ha
denunciado el fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo, el Sr.
José Antonio Martín Pallín.
El hecho de que los partidos
independentistas que gobiernan la Generalitat se hayan saltado las
leyes, violando el propio Estatut de Catalunya (como he denunciado en
otros artículos), no justifica que el Estado central también lo esté
haciendo.
Tal represión es para defender una
visión de España, repito, uninacional, jerárquica, escasamente
democrática, con un escaso compromiso con los derechos políticos,
sociales y culturales de los ciudadanos del país, oprimiéndose a
aquellos que tienen una visión distinta de España, definiéndolos como
anti-España, tal como aquella dictadura hizo, dirigida por los llamados
“nacionales”.
Ello exige, de todas las fuerzas democráticas, una
movilización para denunciar la represión franquista y también para
resolver las causas que están creando una enorme tensión entre los
distintos pueblos y naciones de España, lo que dificulta, entre otros
temas, la resolución del enorme problema social en el que vive el país,
en el que la mayoría de los jóvenes que desean trabajar no pueden
encontrarlo, y donde casi el 40% de las familias monoparentales apenas
llegan a fin de mes.
Este es el mayor problema que tiene el país, y que
está siendo ignorado, cuando no ocultado, por aquellos que han sido
responsables, a los dos lados del Ebro, de la enorme crisis social,
escondiéndose ahora detrás de las banderas, como frecuentemente ha
ocurrido en la historia de este país.
Los herederos del franquismo están ocupando Catalunya
Dicha represión es la máxima expresión
del predominio de la cultura y prácticas franquistas que ha mostrado el
gobierno Rajoy hacia las sucesivas demandas expresadas democráticamente
por el gobierno catalán, pidiendo que se reconozca la personalidad e
identidad de Catalunya dentro del Estado español, siendo el último caso
el Estatut del año 2006 impulsado por el gobierno Maragall (una alianza
de un partido socialista, un partido comunista, un partido verde y un
partido independentista de izquierdas).
Aquel Estatut no pidió la
escisión, sino el reconocimiento de la identidad de Catalunya después de
haber sido aprobado por el Parlament catalán, por las Cortes Españolas y
por el pueblo catalán en un referéndum, el cual fue vetado (en algunos
de sus elementos esenciales) por el Tribunal Constitucional, que ha sido
en gran parte un instrumento conservador, hegemonizado por el PP.
Y es de ahí de donde se genera una
movilización de miles de personas en Catalunya que se consideraban
españolas, y que han dejado de sentirse como tales, haciéndose
favorables a las tesis secesionistas.
Es a partir de entonces que
grandes multitudes de catalanes salen cada año el día de la Diada a la
calle. La enorme rigidez del gobierno Rajoy ha sido el mayor factor para
que el independentismo se haya doblado; y a no ser que haya cambios,
pasará a ser mayoritario en Catalunya. Esta es la raíz del problema, que
no puede resolverse a través de la represión, a la que debemos
oponernos y debe ser denunciada, pues la victoria a través de la
represión es lo peor que puede ocurrir, tanto en Catalunya como en
España.
Ni que decir tiene que parte del problema es que los partidos
independentistas en Catalunya están intentando instrumentalizar este
enfado popular actuando de una manera claramente denunciable (como he
escrito en muchos artículos, tales como “Cómo el tema nacional y el tema
social se relacionan en Catalunya”, Público, 15.09.17 y “La desunión de
las izquierdas: un mayor obstáculo para resolver la gran crisis social
en Catalunya”. Público, 06.09.17). Pero la mayor causa de las tensiones
es el gobierno Rajoy.
Esto no puede continuar así: los partidos y movimientos democráticos deben movilizarse
Esta situación es intolerable, pues
condena al país a estar batallando sobre temas nacionales, olvidando el
mayor tema social, lo que se traduce en el aumento del deterioro de la
calidad de vida y el bienestar. De ahí que algo debe hacerse, y rápido, y
lo primero es terminar la represión que destruye los derechos de la
ciudadanía en Catalunya y que provoca lo opuesto a lo deseado.
Hoy el conflicto, no solo en Catalunya,
sino en toda España, no es sobre si habrá o no independencia, sino sobre
si se violan las reglas de la democracia o no, primordialmente por
parte del gobierno español (lo cual forma parte de su ADN político),
gobierno que ha llegado a utilizar el Ministerio de Justicia, en alianza
con periodistas basura, para dañar y eliminar a sus adversarios
políticos. Este es el debate que adquiere especial relevancia hoy.
Si el
gobierno Rajoy consigue sus fines inmediatos, multiplicará todavía más
la inestabilidad en España, recuperando, a su vez, el centralismo, que
dificultará la resolución del problema nacional. De ahí la urgencia de
que, además de parar la represión, se fuerce un diálogo y un debate
entre todas las fuerzas democráticas para ver cómo rebajar tales
tensiones.
Y como parte de este objetivo, se debería permitir un
referéndum pactado (que como varios constitucionalistas han afirmado es
posible incluso en la presente Constitución) para posibilitar la libre
expresión de la opinión de los catalanes sobre su conexión con el resto
de España con garantías, garantías que no han sido respetadas por el
gobierno Rajoy (ni tampoco por el gobierno Puigdemont).
Entre estas
garantías debería incluirse la elección entre varias alternativas, no
limitándose a independencia SÍ o NO, pues dicha dicotomía en Catalunya
está sesgada a favor del SÍ, pues el NO es claramente inaceptable para
la gran mayoría de catalanes ya que significa continuar en la situación
actual.
Es el reto de las fuerzas democráticas no independentistas
desarrollar alternativas (como lo fue en su día el Estatut propuesto por
el gobierno Maragall) que compitan con la secesión como manera de
resolver tales problemas que no fueron resueltos en la primera
transición por imposición del Monarca y del Ejército.
Ello requiere una
reflexión sobre la necesidad de un proceso constituyente para redefinir
España y el Estado español, haciéndolo más democrático, más justo,
equitativo y plurinacional. Es imperativo que el problema nacional no
continúe ocultando el enorme problema social tan agudo que persiste en
el país, pues el problema nacional y social están causados por el enorme
dominio que los herederos de la dictadura continúan teniendo sobre el
Estado español.
De ahí que aplauda la iniciativa de las nuevas
izquierdas de convocar una Asamblea de autoridades parlamentarias y
municipales, pertenecientes a partidos y movimientos sociales
democráticos, para dialogar y proponer salidas a la situación actual.
Y en este proceso, hay que considerar
que es urgente que el Partido Popular (causa de las mayores tensiones)
deje de gobernar el país. Hoy, numéricamente, es posible sustituirlo,
creando a nivel del Estado una alianza entre los partidos de izquierdas y
los partidos nacionalistas.
Y a nivel de Catalunya los números también
muestran que podría establecerse un gobierno de izquierdas que
sustituyera al gobierno actual dirigido por Convergència, que ha
dominado la Generalitat durante la mayor parte del periodo democrático, y
que con el PP ha sido corresponsable de la gran crisis social existente
en Catalunya y en España.
Esto podría ocurrir ya, pero los movimientos
sociales deberían movilizarse y presionar para que ello ocurriera. Me
temo que uno de los mayores obstáculos vendrá no solo del aparato
central del Estado, sino también del PSOE, pues no ha aceptado todavía
el plurinacionalismo que sus antecesores, durante la resistencia
antifascista, habían apoyado.
Su temor a que desaparezca el bipartidismo
en España y la existencia de la resistencia del aparato que perdió en
las elecciones a Secretario General (pero continúa siendo potente en su
seno) está dificultando esta posibilidad. Espero que una movilización de
sus bases pueda una vez más forzar los cambios que permitan hacer la
segunda transición, resolviendo los grandes problemas que quedaron sin
solventar en la primera. Así lo espero por el bien de Catalunya y de
España.
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