El uso que el Gobierno de Mariano Rajoy realizó de la Policía para
investigar, desacreditar y espiar a sus rivales políticos sigue
avanzando en los juzgados, ante el silencio cómplice de una gran parte
de los medios y la impunidad de los principales responsables de unas
tropelías difíciles siquiera de imaginar
Ningún cese. Ninguna dimisión. Ninguna disculpa. Ninguna explicación. El
uso que el Gobierno de Mariano Rajoy realizó de la Policía para
investigar, desacreditar y espiar a sus rivales políticos sigue avanzando en los juzgados,
ante el silencio cómplice de una gran parte de los medios y la
impunidad de los principales responsables de unas tropelías difíciles
siquiera de imaginar.
El actual líder del PP se niega
siquiera a contestar. "No hay informaciones contrastadas, cuando las
haya, podré opinar", dice Pablo Casado. En parecida defensa se enroca su
número dos, Teodoro García Egea: "Con las cuestiones que se están
juzgado soy especialmente escrupuloso y respetuoso con la Justicia,
todos deberíamos hablar en base a sentencias y no a conjeturas".
Y es cierto, aún no hay una sentencia. Como tampoco la
hay del juicio del procés, por ejemplo, y eso no impide que desde el PP
llamen cada día golpistas a los procesados sin escrúpulo alguno. Pero sí
sabemos bastante sobre la policía política que anidó en Interior, sobre
la cloaca en la que chapoteó el Gobierno de Rajoy, como para que al
menos su partido nos dé una explicación.
Estos son algunos de los datos
que sabemos sobre lo que pasó. En los enlaces hay más información
contrastada que el PP dice desconocer. La mayor parte forma parte de los
varios sumarios que hoy investiga la Audiencia Nacional.
1.
En el año 2012, durante el gobierno de Mariano Rajoy, y con Jorge
Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, se creó una unidad secreta
en la Policía Nacional cuyo primer objetivo fue investigar a los políticos independentistas sin orden judicial.
2. Esta unidad secreta e ilegal –en España la Policía solo puede investigar a una persona a petición de la Justicia– estuvo detrás de las investigaciones prospectivas contra la familia Pujol. Entre los agentes que lideraron esta policía política destaca un nombre entonces anónimo: el comisario José Villarejo.
3. El jefe de gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, maniobró para hacer explotar el caso Pujol.
Moragas animó a la exnovia de uno de los hijos de Pujol para que
denunciase el manejo de dinero negro de su expareja: "Si dieses una
entrevista y lo contases todo salvarías a España", le escribió en unos
mensajes que en su momento publicó eldiario.es.
4.
Cuando la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola se animó a salvar a España y
vino a Madrid a declarar ante la Policía, fue el abogado Rafael Redondo
quien acudió a recogerla al AVE y la acompañó hasta su visita a la
UDEF. Redondo es socio del comisario Villarejo, ha estado hasta hace
poco en prisión preventiva, y hoy sigue imputado junto a él en la
Audiencia Nacional.
5. El
propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, confesó estas
investigaciones prospectivas contra los independentistas catalanes en una relevante grabación que difundió publico.es y donde habla con el director de la Oficina Antifraude de Catalunya sobre cómo la Fiscalía "te afina" una información comprometedora para políticos de Convergencia.
6.
Pero la cloaca policial no solo se dedicó a los independentistas y la
enorme fortuna oculta de los Pujol. Podemos también fue su objetivo a
abatir. A falta de informaciones comprometidas –los millones en Andorra
de los Pujol no se los puso en su cuenta Villarejo– en el caso de
Podemos, la cloaca se las inventó.
7. La policía política fabricó un dossier sin sello y sin firma lleno de mentiras y medias verdades sobre Pablo Iglesias: el informe PISA (Pablo Iglesias SA).
Ese informe fue después filtrado a varios medios de comunicación –Ok
Diario y El Confidencial– que dedicaron sendos titulares en enero de
2016 a denunciar la "financiación ilegal de Podemos" justo en las
semanas en las que se desarrollaban las negociaciones entre PSOE y
Podemos para formar Gobierno.
8. Tras su salto a los medios, el informe PISA fue judicializado por varias denuncias, todas ellas archivadas ante el Supremo o la Audiencia Nacional.
La Justicia certificó que no había base para denunciar financiación
ilegal, cosa que no evita que de forma cotidiana el PP acuse a Podemos
de ese delito.
9. En esas
mismas fechas –enero de 2016, tras las elecciones en las que Rajoy
perdió su mayoría absoluta– alguien robó el móvil de una colaboradora de
Pablo Iglesias. El volcado informático de ese teléfono apareció años después en los archivos del comisario Villarejo, que ha confesado ante el juez que investigó a Iglesias. Por supuesto, sin orden judicial.
10.
De ese teléfono robado salió mucha información, que la policía política
utilizó. También conversaciones personales, como unos pantallazos de un
chat privado donde Iglesias hablaba de "azotar" a la presentadora de
televisión Mariló Montero, que pocos meses después publicó Ok Diario.
Este hecho, junto al papel que desarrollaba el comisario que guardaba
una copia del móvil, hace sospechar a los investigadores que el robo del
terminal fue un encargo del Ministerio del Interior.
11.
Pero la labor de la cloaca no solo sirvió para torpedear un gobierno
alternativo al de Rajoy, o para investigar de forma prospectiva a los
independentistas catalanes. Sus funciones llegaron mucho más allá.
También se usó la cloaca para tapar las miserias del Partido Popular.
12.
La Policía usó los fondos reservados para pagar un soborno al chófer de
Luis Bárcenas con el fin de que espiase al extesorero del PP. Como
siempre, sin ninguna orden judicial que avalase una intervención así. El chófer ha confesado ya.
13.
El conductor de Bárcenas no solo cobró 48.000 euros de los fondos
reservados por su trabajo como topo de la policía política. También se
ganó un enchufe posterior en la Policía.
14.
La Justicia también investiga el misterioso asalto de ese hombre
disfrazado de cura que entró a punta de pistola en la casa de Luis
Bárcenas, secuestró a su mujer, a su hijo y a la asistenta, y les
amenazó para que le entregaran las pruebas que el extesorero del PP
escondía sobre la cúpula del PP.
15.
Según sospechan los investigadores que llevan el caso, el falso cura
también actuó a sueldo de la policía política para destruir pruebas en
manos del extesorero que pudieran implicar al PP. Este hecho, parte de
la investigación de la Operación Kitchen, sigue bajo instrucción
judicial en la Audiencia Nacional, aunque es dudoso que el falso cura
tire de la manta.
16.
Que tras estallar esta sucesión de escándalos, los líderes del Partido
Popular puedan hacer campaña con total normalidad demuestra que, en la
política española las responsabilidades no se exigen por igual. La
cloaca sale gratis, no mancha ni cuando sale a la luz. O al menos no
parece por ahora que esa basura vaya siquiera a salpicar al partido
responsable de un abuso de poder intolerable en cualquiera de esas
democracias europeas a las que queremos emular.
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