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LOS CRIMENES DE LA IGLESIA FRANQUISTA
de Julian Fernandez Cruz
LOS CRIMENES DE LA IGLESIA FRANQUISTA
de Julian Fernandez Cruz
Reunión plenaria de la Conferencia Episcopal Española. CEE
Los sectores más ultraconservadores de la Iglesia española, junto a una decena de obispos, apuestan decididamente por el partido de Santiago Abascal. La Conferencia Episcopal es más partidaria de Pablo Casado: apela al voto útil entre sus fieles, además de celebrar el giro más duro del PP contra el aborto o la “ideología de género”.
Los sectores más ultraconservadores de la Iglesia española, junto a una decena de obispos, apuestan decididamente por el partido de Santiago Abascal. La Conferencia Episcopal es más partidaria de Pablo Casado: apela al voto útil entre sus fieles, además de celebrar el giro más duro del PP contra el aborto o la “ideología de género”.
Los obispos entran en campaña electoral. La próxima
semana está prevista su asamblea plenaria de primavera en la que, salvo
sorpresa mayúscula, la Conferencia Episcopal ofrecerá sus orientaciones
para el voto católico. No es costumbre que la Iglesia diga a quién se
puede votar, pero sí ofrece unas línea-guía, con “principios
innegociables” que ayudan a desentrañar a quién no se debería confiar el
voto.
En anteriores comicios, los obispos han marcado como
prioritarios aspectos relacionados con la que llaman “defensa de la
vida”, el no al aborto y la eutanasia, así como la defensa de la unidad
de España, que tradicionalmente llevarían a los católicos a votar al PP.
Sin embargo, la fragmentación de la derecha ofrece un escenario nuevo
que afecta también a la Iglesia.
Al menos una decena de prelados han mostrado, en público o
en privado, su cercanía a los postulados de Vox. Conocida fue la
pastoral del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, tras el resultado de las andaluzas. Hizo
pública su alegría por el “vuelco electoral” que llevó, por primera vez
en la historia de la democracia, a la extrema derecha a un parlamento
autonómico.
Obispos en campaña
No es el único. Por ejemplo, el obispo de Cádiz-Ceuta,
Rafael Zornoza, mantiene en su puesto como delegado de Fundaciones de la
diócesis a Agustín Rosety, exgeneral de brigada de Infantería de Marina
y número 1 de la lista de Santiago Abascal por la provincia. Es el mismo que quería prohibir a una personal transexual ser padrino de un bautizo. Otro prelado, el nuevo auxiliar de Cartagena-Murcia, permitó una misa en homenaje a Franco el pasado 20N en el seminario, donde se lanzaron proclamas a favor de Vox.
José Ignacio Munilla, en San Sebastián; Fidel Herráez, en Burgos; Jesús Sanz, desde Oviedo; o el siempre polémico Juan Antonio Reig,
en Alcalá de Henares, también han mostrado, si bien en privado, sus
preferencias por la formación de extrema derecha, como “única garante”
(en palabras de uno de ellos) de la defensa de la vida y de la unidad de
España.
Sin embargo, otros prelados, tradicionalmente alineados
con las tesis más conservadoras de la derecha, están apelando al voto
útil. Así lo hizo la semana pasada el arzobispo de Granada, Javier
Martínez, que advertía de que apoyar a Vox da votos a la izquierda: “Por
muy paradójico que parezca, votar a una cierta derecha es votar a una
cierta izquierda, hasta el punto de que esa derecha parece a veces casi
subvencionada.
Desde luego, es esa cierta izquierda quien la provoca y
la hace crecer y la alimenta gustosamente”, argumenta.
No a PSOE-Podemos, No a Vox
Esta postura está siendo mayoritaria en el seno del
Episcopado español (la Conferencia Episcopal, el órgano de gobierno de
los obispos), que tiene dos temores: por un lado que un Gobierno del
PSOE con el apoyo de Unidas Podemos haga que los socialistas adopten
políticas de corte laicista como el recorte de las subvenciones a los
centros concertados, o la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado.
Una
medida que, en esta ocasión, y a diferencia de lo que ocurriera en
anteriores comicios, no aparece en el programa electoral de Pedro
Sánchez (sí en el de Pablo Iglesias). En su breve legislaura, el
Gobierno de Sánchez ha pisado algunos callos en la jerarquía, a cuenta
de las inmatriculaciones, la reforma educativa que saca la Religión como materia que cuenta para nota, el IBI o la exhumación de Franco.
El otro miedo de la jerarquía eclesiástica es que la
ascensión de Vox pueda hacer emerger anteriores vinculaciones entre la
ultraderecha y la Iglesia católica, que durante la Transición personajes
como el cardenal Tarancón se empeñaron en desterrar y que, en los
últimos años, y especialmente bajo el mandato de Rouco Varela,
parecieron regresar.
La cercanía de los sectores más ultraconservadores
de la Iglesia –desde los ‘kikos’ al Opus Dei, pasando por formaciones
como HazteOir– a los postulados de Santiago Abascal hace que muchos
obispos prefieran apostar por un PP fuerte.
En este sentido, la Iglesia
contempla positivamente el endurecimiento de la postura de Pablo Casado
en temas como el aborto, la familia tradicional o la que llaman “ideología de género”.
De hecho, un elevado porcentaje de los candidatos de Vox a
las generales pertenecen a estos grupos de la ultraderecha católica, o
son socios del entramado de las formaciones que giran alrededor de la
órbita de Ignacio Arsuaga
De hecho, HazteOir acaba de publicar un manifiesto, dirigido
a Vox, Ciudadanos y PP, con sus propuestas para garantizar el voto. Un
conjunto de medidas que se encuentran mucho más cerca de Vox que de
Rivera o Casado.
De Escrivá a Argüello: Opus Dei y ‘kikos’
El Opus Dei, que está en sintonía con Vox, cuenta con
unos 90.000 fieles en todo el mundo, entre sacerdotes, supernumerarios y
afines. Durante el franquismo, buena parte de los ministros pertenecían
a la Obra, que considera la santificación en el trabajo y en la vida
cotidiana uno de sus frentes de batalla.
Escrivá, canonizado pocas
décadas después de su muerte, consiguió de Juan Pablo II algo que
ninguna otra organización eclesial ha logrado en la historia: la
concesión de una Prelatura Personal que hace que, en la práctica, este
grupo funcione al margen de parroquias o diócesis, y sólo deba responder
ante su prelado o al Papa.
En cuanto a los ‘kikos’, son el gran ejército de católicos conservadores en
la actualidad, con más de un millón de fieles en todo el mundo.
Liderados por otro español, el artista Kiko Argüello, tienen su mayor
poder en las familias (consideran el aborto un “invento del demonio”) y
en el auge de las vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio. De
hecho, 14 de las diócesis españolas cuentan con seminarios ‘Redemptoris
Mater’, pertenecientes al Camino Neocatecumenal, el nombre oficial de
este movimiento eclesial.
Conservar los privilegios
La jerarquía, frente a la opción de Vox de estos grupos,
está apelando al “voto útil” al PP porque la Iglesia católica sigue
siendo la única institución religiosa en España con privilegios, y los
quiere conservar.
Los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 continúan
consagrando una relación de privilegio entre el Estado español
–oficialmente aconfesional–, y la Iglesia católica, en materia
educativa, sanitaria o de presencia en las instituciones públicas como
hospitales, las Fuerzas Armadas o aeropuertos.
También en el ámbito económico: la Iglesia es la única institución que cuenta con una casilla propia en el IRPF,
del que todos los años se detrae el 0,7% de los impuestos de los
ciudadanos que marcan la casilla. El año pasado, una cifra récord: 267
millones de euros.
Del mismo modo, la Iglesia mantiene exenciones fiscales
(no paga IBI, ni un impuesto llamado ICIO –aunque en las últimas semanas
las negociaciones con el Gobierno podrían hacer que los obispos
comenzaran a abonar esta tasa, sin tocar el Concordato– que cada vez son
más cuestionadas.
La presencia de la clase de Religión en la escuela
pública –con currículum que no pasa ningún filtro público y profesores
seleccionados por los obispos, pero pagados por la Administración– o la
poderosa red de colegios concertados son otro de los beneficios de una
institución que sigue blindando su patrimonio y cuyas cuentas siguen
siendo poco transparentes.
Por ejemplo, el anunciado listado de bienes
inmatriculados a nombre de la Iglesia católica entre 1998 y 2015 gracias
a la una ley del Gobierno Aznar sigue sin hacerse público, aunque el
Gobierno de Sánchez se comprometió a hacerlo llegar al Congreso, cuya
disolución adelantada ha impedido tratar el tema.
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