El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que Oriol Junqueras era
eurodiputado y por lo tanto tenía inmunidad desde la proclamación de
resultados. El mismo tribunal está revisando los casos de los también
eurodiputados electos Carles Puigdemont y Toni Comín mientras
la Eurocámara ya les ha dado una acreditación provisional.
Ante estos
reveses a la justicia española, de la oficina del Alto Representante de
la Unión Europea para la Política Exterior no ha salido nada. El
exministro Josep Borrell, comentarista recurrente de la
situación judicial de los presos políticos y exiliados, está en un
silencio absoluto desde hace más de 24 horas. Han hablado más desde el
PSOE, en negociaciones con ERC, que él.
Este
miércoles, antes de que se conociera la decisión de Luxemburgo, ya
adelantó que no comentaría más las resoluciones judiciales y que se
limitaría a respetarlas. Optó por el silencio después de una nueva
polémica comparando a Puigdemont y Comín con una terrorista de ETA a
quien Bélgica no extradita.
«Yo no he cuestionado para nada la independencia de ningún sistema judicial«,
defendió horas más tarde. «Todos tienen mi respeto y cualesquiera que
sean las resoluciones que dicten hará falta aceptarlas y abstenerse de
comentarlas, desde luego desde mi función de vicepresidente de la
Comisión Europea» concluyó.
A pesar
de que no mucho más, desde Ferraz y La Moncloa sí que han hablado, para
pedir a ERC que no se levante de la mesa de negociación y dar a entender
que la Abogacía del Estado jugará un papel a favor de los intereses de
Oriol Junqueras para «hacer cumplir» la sentencia de Luxemburgo.
Según
Carmen Calvo, «la Abogacía del Estado la está estudiando detenidamente y de forma concienzuda para fijar la posición y cómo poder ayudar de laa mejor manera al Tribunal Supremo a cumplirla».
La
Moncloa también emitió un comunicado en unos términos muy similares.
«El gobierno respeta y acata las resoluciones de los tribunales
españoles, así como de los supranacionales, a cuya jurisdicción se
somete en virtud de los tratados internacionales firmados por España»,
empezaba el documento de ocho puntos.
El ejecutivo de Sánchez también
subrayaba que «la Abogacía del Estado está estudiando con el debido
detenimiento la sentencia y presentará su escrito en los próximos días».
Y concluía idénticamente a Calvo: «El gobierno, en el ámbito político,
se ratifica en la necesidad de abrir una nueva etapa de diálogo,
negociación y acuerdo entre todos los actores políticos, desde el
respeto a las legítimas diferencias, en el marco de nuestro Estado
social y democrático de derecho».
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