Diversos gobiernos autonómicos planean levantar salvaguardas legales en aras de impulsar actividades tras el shock de la pandemia de COVID-19
El shock
económico que ha traído la pandemia global de la COVID-19 amenaza con
llevarse por delante regulaciones que protegían el medio ambiente.
En
aras de reactivar sectores económicos, varias comunidades autónomas han
aprobado, o están en vías de hacerlo, normas que diluyen diversas
salvaguardas a la hora de construir, de verter tóxicos, contaminar o dar
el visto bueno a proyectos urbanísticos o infraestructuras.
Previsiones del Banco de España, del FMI, de la Comisión Europea... Frente a ese panorama, gobiernos autonómicos como los de Andalucía, Madrid, la Región de Murcia, Galicia o Castilla-La Mancha parecen dispuestos al intercambio economía por ecosistemas.
La delantera la tomó la Junta de Andalucía. El 9 de marzo, el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla aprobó un decreto que modificaba,
de una tacada, 21 leyes y 6 decretos. El 2 de abril, en pleno pico de
la pandemia, la diputación permanente del Parlamento andaluz lo
convalidó.
Los motivos de la urgencia: "Eliminar trabas burocráticas"
con la idea de que fuera "un instrumento para la reactivación".
La norma
no ha dejado casi nada sin tocar. Ha rebajado la exigencia ambiental
para diversos proyectos aplicándoles "un procedimiento más ágil y
simplificado". Se ha creado un régimen singular para permitir la
ocupación del dominio público hidráulico en "inversiones estratégicas
para Andalucía" y se generaliza la eliminación de licencias urbanísticas
que son sustituidas por declaraciones responsables de que todo está
bien hecho a cargo de los promotores.
Las
modificaciones de la norma no son inocuas. El Ayuntamiento de Nerja
(Málaga) ya ha reavivado un proyecto de hotel de lujo, 680 viviendas y
el inevitable campo de golf, lindando con el paraje protegido de los
Acantilados de Maro.
Modificaciones "no sustanciales"
A la estela de Andalucía, el Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado este mes un decreto llamado, de nuevo, de "mitigación del impacto socioeconómico de la COVID-19".
La norma del Gobierno de Fernando López Miras modifica de urgencia la
ley de protección ambiental que funcionaba desde 2009.
Entre otras
cosas, las instalaciones que necesitaron una autorización ambiental
integrada para funcionar podrán crecer sin tener que pedir permiso
mientras la contaminación que emiten a la atmósfera se incremente hasta
un 35%, se gestionan hasta un 25% más de residuos peligrosos o si los
vertidos tóxicos que liberan al mar aumentan en un 25%.
Todo eso se
considera ahora "modificaciones no sustanciales".
Además,
el Ejecutivo ha nombrado a los municipios "órgano ambiental" lo que
significa que realizarán las evaluaciones ambientales de los planes
urbanísticos de desarrollo y los proyectos de urbanización en sus
suelos.
"Se simplifican los procedimientos", ha dicho el consejero de
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo.
"Le dan la batuta a los municipios y la garantía ambiental se diluye
porque a los ayuntamientos les sale muy rentable durante cuatro años",
valora Pilar Marcos, la encargada de Biodiversidad de Greenpeace.
Aunque el litoral ejerce una fuerte atracción, la
desregulación no se ha limitado a las regiones con mar. La presidenta de
la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho público que desea modificar la ley del suelo
ya que, ha calculado, "parte de la recuperación vendrá por la
construcción". Díaz Ayuso desea "liberar suelo".
La idea es que los
promotores no tengan que solicitar licencias y baste con que declaren
que se hacen responsables. Una vez más, la argumentación se repite: "Ir
así eliminando trámites burocráticos innecesarios que dificultan el
trabajo del sector, dada la situación actual y los efectos que ha tenido
en la economía y en el mercado laboral, e ir avanzando en su
recuperación".
"Todo vale"
Organizaciones
ecologistas como SEO-Birdlife, Ecologistas en Acción, Amigos de la
Tierra o WWF entienden que estas políticas se sustentan en una suerte de
"todo vale" con tal de que la economía crezca.
El
diputado de Unidas-Podemos, Juantxo López de Uralde, apunta que "la
salida de la crisis económica del 2008 tuvo unas consecuencias
ambientales brutales.
El Gobierno del Partido Popular hizo una contrarreforma completa: la
ley de costas, la ley de montes, la ley de impacto ambiental, la ley de
parques nacionales y la ley de biodiversidad para reducir la protección
ambiental e incorporar intereses económicos específicos.
Y esto es lo
que están haciendo en las comunidades autónomas que gobiernan. La salida
de esta crisis no puede ser de nuevo el ladrillo en el litoral".
Sin cambiar leyes o normas, la Xunta de Galicia ha optado por declarar "esenciales" casi un millar de proyectos industriales
cuyos trámites ambientales se habían paralizado por el estado de alarma
a menos que se consideraran "indispensables para la protección del
interés general o para el funcionamiento básico de los servicios".
Entre los amnistiados del parón
está el parque eólico de Paradela (Lugo), muy próximo al Camino de
Santiago, patrimonio de la Humanidad, o la depuradora de Os Praceres
(Pontevedra). La organización Greenpeace recuenta proyectos de
macrogranjas, cambios de uso de suelo y líneas de alta tensión. El
presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo ha defendido la "gran
repercusión económica" de estos planes.
Otros
ejecutivos autonómicos que han avanzado su apuesta por impulsar el
sector de la construcción son el de Castilla-La Mancha o Catalunya. El
castellanomanchego Emiliano García Page ha anunciado "dos leyes de
trámite exprés para procedimientos económicos de empresas y
urbanísticos". Repite la fórmula de agilizar las licencias para apoyar
al sector "que es clave en el empleo y en la recuperación económica".
La Generalitat ha preparado por su parte una ley omnibus
que bebe en las mismas aguas: agilizar los trámites urbanísticos. El
conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damiá Calvet, no ha sido
especialmente original a la hora de presentar su proyecto: reducir los
trámites administrativos y ambientales para acelerar proyectos con la
idea de que reactiven la economía.
"No estamos hablando de rebajar
exigencias, pero hay algunas tramitaciones que se alargan de manera
absurda y que hacen agotar la paciencia de buenos proyectos", ha
asegurado Calvet.
Hace solo un mes, la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, le decía a eldiario.es: "A
mí sí me parece que el entendimiento de los límites y los perjuicios
que genera la destrucción de la biodiversidad es algo que ha calado de
una manera muy dramática en el imaginario colectivo".
A la luz de las
decisiones autonómicas, con la pandemia de la COVID-19, ese
entendimiento se ha diluido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR TU OPINION-THANKS FOR YOUR OPINION