La maldición de los Borbones alcanza a Felipe VI, un rey aún sin relato propio
Atropellos mortales, enfermedades incurables, muertes prematuras,
accidentes de automóvil, exilios, acusaciones de alta traición…
Desde
la muerte de Carlos III, hay una especie de maldición que persigue a los
Borbones y que se agrava con la llegada al trono de Alfonso XIII.
Cuenta la leyenda que todo empezó el día que su madre desoyó la
recomendación del rey para que no llamase Alfonso a su hijo póstumo. El
monarca quería evitar el mal fario del número 13.
La reina María
Cristina no hizo caso y ahí está la historia: el rey fue acusado por las
Cortes de los delitos de lesa majestad, rebelión militar y alta
traición.
Fue expulsado de España y vagó durante años por Francia,
Estados Unidos, Suiza e Italia hasta que murió en febrero de 1941 en
una habitación del Grand Hotel, en Roma.
El nombre de Juan Carlos I está vinculado a una fundación que recibió una donación de 64,8 millones de
euros realizada por el rey Abdalá de Arabia Saudí, fallecido en 2015.
Y
la fiscalía suiza barrunta que pudo haber un delito de blanqueo de
capitales porque el traspaso a las cuentas de su entonces amante Corinna
Larsen se hizo justo después de que la banca suiza lo invitase a sacar
el dinero de allí tras el episodio de Bostwana que puso todos los focos
sobre el monarca español.
Las mismas sospechas existen en la Justicia
española. De hecho, la Fiscalía del Tribunal Supremo investiga el papel del emérito en las supuestas comisiones pagadas por la adjudicación a empresas españolas de las obras del llamado AVE a La Meca.
El Ministerio Público ha decidido trasladar al alto tribunal
esta investigación al afectar directamente a Juan Carlos I, que ya no es
inimputable pero sí está aforado en el Supremo.
La investigación
persigue "delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos" que
ocurrieron con posterioridad a junio de 2014, momento en el que abdicó
en su hijo y dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el
artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al jefe del Estado.
Este viernes, El Confidencial revelaba, además, que el rey emérito retiró dinero en efectivo de forma habitual entre 2008 y 2012
de la cuenta a nombre de la Fundación Lucum abierta en el banco suizo
Mirabaud. En un único año, 2010, habría sacado de la cuenta 1,5 millones
de euros.
Además, según revela este mismo periódico, en la entidad
suiza figura como contacto de esa cuenta la dirección del Palacio de la
Zarzuela. "Borbón y Borbón, Juan Carlos. Espagne. Palacio de la
Zarzuela-Madrid".
El único ingreso procedió de otra transferencia
sospechosa: 1,9 millones de dólares procedentes del rey de Baréin, Hamad
bin Isa Al Khalifa, por importe de 1,9 millones de dólares.
El dinero lo había transportado el propio monarca español en una maleta a Suiza,
según ha contado a un fiscal de aquel país su gestor de fondos, Arturo
Fasana.
En 2010, cuando Juan Carlos I todavía estaba al frente del trono
en España.
La decisión sobre la petición de apertura de un procedimiento
penal o el archivo de la causa llegará pronto, a finales de agosto o
principios de septiembre, cuando el fiscal haya recibido la totalidad de
la comisión rogatoria solicitada a Suiza sobre los movimientos en la
cuenta que albergó los 64,8 millones transferidos por el rey saudí y que
el monarca donó supuestamente “por amor” a su ex amante Corinna Larsen,
según el relato que ella misma hizo ante la fiscalía suiza.
Sexo, mentiras y comisiones ilegales
A la historia no le falta un solo ingrediente para un guión de
Netflix –sexo, mentiras y comisiones ilegales– con el que acabar de
sepultar el escaso reconocimiento que le quedó al emérito tras el
lamentable episodio de Botsuana y la cacería de elefantes durante la
anterior crisis económica, que precipitó la abdicación en Felipe VI.
Lo de menos ya es el horizonte penal que le espere al emérito,
lo que importa es que la mala estrella de los Borbones haya alcanzado ya
de lleno a Felipe VI cuando acaba de cumplir su sexto año de reinado.
Preocupa en Zarzuela y preocupa en el Gobierno.
No es para menos porque,
a diferencia de su padre –que antes de presunto corrupto y evasor
fiscal, se le reconoció como hacedor de la democracia, figura clave de
la Transición y ¿héroe? del 23F– Felipe VI es aún un rey sin narrativa
propia que, de no escribirla pronto, podría pasar a la historia sólo por
haber sido el hijo de un rey corrupto.
Lo intentó con el discurso del 3 de octubre,
posterior a la declaración unilateral de independencia de Catalunya en
2017, pero no consiguió –aduladores aparte– más que agrandar el desapego
de una parte de la sociedad con la institución monárquica, al ponerse
del lado de una de las partes cuando lo que se necesitaba en aquel
momento era que el jefe del Estado ejerciera el papel de árbitro y
moderador que le atribuye la Constitución en el funcionamiento de las
instituciones.
En Catalunya el rechazo a la Monarquía alcanzó desde entonces
registros nunca antes vistos. Siete de cada diez catalanes rechazan la
Corona (el 74%), frente a un 21,6% que declara apoyar a Felipe VI, según
sondeos de empresas privadas que se realizaron en el quinto aniversario
de su reinado y que también revelaron que el respaldo a la Monarquía en
el conjunto del país no llegaba en 2019 al 51 por ciento.
Quizá sea ese
el motivo, el de que la Corona no goza de buena salud, por el que desde
hace ya cinco años el CIS no pregunta a los españoles sobre el asunto.
El rey intentó hace tres meses, con escaso éxito también, marcar
un punto de inflexión para desvincular su reinado de los escándalos
financieros de su padre a través de un comunicado con el que la Casa
Real anunció que el monarca renunciaba a la herencia que "personalmente le pudiera corresponder",
así como "a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo
origen o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con
los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad
institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona".
Además, retiró al emérito la asignación que tenía en los Presupuestos de la Casa del Rey y que ascendía a 194.232 euros anuales.
La renuncia a la herencia que no permite la ley
Ni la legislación española permite la renuncia a una herencia
mientras viva el testador, ni Felipe VI logró con aquél comunicado
disipar la sombra de la sospecha que había también sobre él, ya que
admitió que sabía desde un año antes de una de las estructuras offshore
que su padre utilizaba para esconder su fortuna.
Un despacho de
abogados londinense le comunicó por carta que había sido designado como
beneficiario de una de las fundaciones cuando su padre muriese.
Pocas semanas después, un diario británico desvelaba que un amigo de Juan Carlos I había pagado 269.000 dólares de la luna de miel de los reyes,
un viaje que comenzaron en mayo de 2004 y prolongaron hasta agosto de
ese mismo año, y que costó en su totalidad 467.000 dólares.
La
diferencia la pagó el rey emérito.
La Casa Real no ha dicho una palabra sobre ello. Pese a las
promesas de regeneración y transparencia con que inauguró el reinado
Felipe VI, la Corona sigue siendo la institución más opaca del Estado y
la única que no rinde cuentas ante sus órganos fiscalizadores.
Y, aunque
desde Zarzuela dicen que la atención de los reyes está centrada en la
gira por las 17 autonomías que comenzaron tras el fin del estado de
alarma, la preocupación por cómo afecten los escándalos de Juan Carlos I
a la estabilidad de la Corona es notable, mucho más después de
comprobar las protestas que se suceden a su paso por cada Comunidad que
visitan y las caceroladas que miles de ciudadanos protagonizaron contra
la Monarquía durante las semanas más duras de la pandemia.
La inquietud es compartida en el Gobierno, donde tratan de
buscar una vacuna que inmunice al rey frente a los escándalos de su
padre para evitar una crisis institucional que desestabilice a la
Monarquía.
Esta semana el presidente Sánchez ha abierto la espita, tras
declararse "perturbado" por las informaciones que salpican al emérito y
reabrir el debate sobre la inviolabilidad del jefe del Estado, que
impide investigar judicialmente cualquier actividad pública o privada
del Monarca mientras ocupe el trono.
Una propuesta que ya hizo de forma
más taxativa incluso cuando en 2014 era una diputado casi desconocido
que aspiraba a presentarse a las primarias para la secretaría general de
su partido. Y que reiteró en diciembre de 2018, con motivo del 40º
aniversario de la Constitución, y que dijo incluso que contaba con el
visto bueno de Felipe VI.
Su planteamiento pasa por que el aforamiento
de los cargos públicos se limite sólo a actividades relacionadas con el
ejercicio del cargo, y no las de carácter privado, y que lo mismo se
aplique al Rey.
O exilio o retirada de honores para el emérito
Juan Carlos I, más allá de lo que decidan los tribunales, ya es
historia y sólo al rey le corresponde decidir la forma con la que marcar
un punto de inflexión respecto a la relación institucional con su
padre.
Las opciones ya son pocas, después de haberle retirado la
asignación económica y apartarle de la vida pública: o es el exilio o es
la retirada de los títulos, tratamientos y honores que le corresponden
como miembro de la Familia Real y de los que ya excluyó a sus hermanas
como consecuencia del 'caso Urdangarín'.
Lo que el Gobierno busca con la
propuesta de Sánchez, y en connivencia con la Casa Real, es un relato
para el monarca con el que garantizar su continuidad, aplacar el
malestar con la institución y mitigar el debate sobre la utilidad de la
Monarquía en el marco social y político.
No será fácil. El
vicepresidente Pablo Iglesias, ya dejó un recado este viernes.
Tras
felicitar a Sánchez por poner sobre la mesa el debate sobre la
inviolabilidad, advirtió que no se puede "desvincular los presuntos delitos cometidos por Juan Carlos I de su condición de rey"
y que "resulta complicado también ignorar que la monarquía es una
institución hereditaria en la que la legitimidad descansa precisamente
en la filiación".
Unidas Podemos ya había pedido en el Congreso una comisión de
investigación, que fue rechazada el pasado junio.
El Ejecutivo trata en
todo caso de levantar un dique entre el actual monarca y su padre, pero
ha habido distintas voces de los morados que han defendido la necesidad
de pedir un referéndum sobre el modelo de Estado al hilo de las últimas
noticias sobre las irregularidades de Juan Carlos I.
La última, la de la
vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, que ha dicho en las
redes sociales que la única forma de desvincular al emérito de Felipe VI
es la abdicación del actual rey y la celebración de una consulta.
Al fin y a la postre, en las hemerotecas está aquello de:
"Debemos cortar de raíz y sin contemplaciones la corrupción.
Los
ciudadanos necesitan estar seguros de que el dinero público se
administra para los fines legalmente previstos; que no existen tratos de
favor por ocupar una responsabilidad pública; que desempeñar un cargo
público no sea un medio para aprovecharse o enriquecerse".
La cita es de
Felipe VI en su primer discurso de Navidad.
Pues eso: ni aprovecharse
ni enriquecerse, ni tratos de favor.
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