El momento de refundar el Pacto de Toledo

Debemos retomar la senda del consenso que tan buenos resultados ha dado en materia de pensiones. El nuevo sistema debe ser previsible, capaz de garantizar pensiones suficientes y financieramente sostenible

Hace algo más de 25 años, muchos españoles se preguntaban si, con una tasa de paro superior al 20%, el Estado del Bienestar que tanto había costado construir en las décadas previas iba a ser capaz de garantizar una pensión suficiente a los que entonces llegaban al final de su vida laboral. Según las encuestas de entonces del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 8% de los españoles tenía dudas y consideraba por ello que las pensiones eran uno de los tres principales problemas de España.

En este contexto de crisis económica e incertidumbre social, no era fácil el consenso y, a pesar de ello, los dirigentes de prácticamente todos los partidos políticos presentes en el hemiciclo dejaron atrás sus intereses en pro de un acuerdo. De ahí surgió un consenso: el Pacto de Toledo, quince recomendaciones que sirvieron de base a la Ley de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social de 1997.

Las recomendaciones eran de todo tipo. Desde cuestiones muy relevantes socialmente, como el establecimiento de la edad de jubilación en 65 años, a cuestiones más relacionadas con la sostenibilidad del sistema, como la separación de fuentes (las prestaciones contributivas se financiarían con las aportaciones del trabajador y empresa, mientras las no contributivas se pagarían vía Presupuestos) o la ampliación progresiva del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de ocho a 15 años.

También se creó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y se favoreció, aunque con desigual resultado, el desarrollo de sistemas de previsión social complementaria, tanto individuales como colectivos.

Esta norma de 1997 permitió poner al día uno de los principales pilares de nuestro Estado del Bienestar, con un sistema más parecido a los países de nuestro entorno y, sobre todo, con los principios de sostenibilidad y suficiencia por bandera. El Pacto de Toledo y su aplicación práctica en una ley que salió adelante por unanimidad (333 votos a favor de 335 emitidos) fue mucho más que el acuerdo que modernizó nuestro sistema de pensiones, fue la piedra de toque que redujo la desconfianza social en el futuro de las pensiones, insuflando la necesaria confianza que España necesitaba.

Años después, en 2003, y nuevamente bajo el telón del consenso, estas recomendaciones se pusieron al día. Crecieron hasta 22, adaptándose a nuevas realidades que surgieron en el entorno laboral español, como las carreras de cotización irregulares, el cómputo del periodo dedicado al cuidado de los hijos para la pensión o las nuevas realidades familiares derivadas de la separación o el divorcio. Y supuso la primera piedra de la Ley de Dependencia, que llegaría unos años después.

En la siguiente década, nuestro sistema de pensiones fue objeto de dos reformas aprobadas en un contexto de profunda crisis económica, con diferente contenido y resultado. La de 2011, basada en la reforma de las llamadas variables paramétricas (edad de jubilación, periodo de cómputo para calcular la pensión y número de años necesario para cobrar una pensión del 100%). Y todo ello se hizo con el acuerdo de los agentes sociales y con un despliegue progresivo que no terminará hasta 2027.

La reforma de 2013 fue distinta. Diseñada por un comité de expertos, introdujo dos nuevas figuras: el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que desvinculaba el incremento de las pensiones de la evolución de los precios, y el factor de sostenibilidad, que liga la cuantía de la pensión a la esperanza de vida en cada momento. Un déficit de consenso produjo un aumento de la inquietud en el colectivo de jubilados.

Fue en 2019 cuando, a diferencia de lo que ocurrió en las dos décadas pasadas, la preocupación por las pensiones volvió a resurgir, incluso con más fuerza que antes de 1995. Según el CIS, hasta un 12% de los españoles tenía entre sus principales preocupaciones el futuro de nuestro sistema de pensiones, un nivel que, aunque efímeramente baja por la entrada en la agenda de nuevos temas, denota una preocupación incluso mayor que en los años que antecedieron a la firma del Pacto de Toledo.

Debemos retomar la senda del consenso que tan buenos resultados ha dado en materia de pensiones. El borrador de febrero de 2019, que estuvo a punto de ser aprobado, es una base más que sólida, que incluye no sólo las recomendaciones que nos deben servir como guía, sino también las líneas rojas que, como sociedad, no debemos estar dispuestos a traspasar: la transformación radical del sistema de pensiones y cualquier modificación que afecte a los principios de solidaridad y de suficiencia.

Este consenso debe abarcar elementos centrales de nuestro sistema para los cuales ya existe un apoyo social prácticamente unánime, como el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, eliminando así la incertidumbre que injustamente atenaza a los pensionistas. El nuevo sistema debe ser previsible, capaz de garantizar pensiones suficientes, y financieramente sostenible. Y para que transmita certidumbre, debe estar respaldado por todas las fuerzas políticas.

Con el mismo objetivo de eliminar la incertidumbre, es necesario profundizar en la separación de fuentes que ya estipulaba el Pacto de Toledo original.

Desobedeciendo ese mandato, hoy cada año miles de millones de euros procedentes de las contribuciones sociales de trabajadores y empresas se dedican a cuestiones que nada tienen que ver con las pensiones, como las políticas activas de empleo, las cotizaciones reducidas de los contratos de formación, o las prestaciones asistenciales vinculadas al desempleo.

Todos estos gastos, que en otros países son sufragados vía presupuestos, generan una errónea sensación de insuficiencia de recursos que alimenta la desconfianza social hacia el sistema.

También es importante profundizar en reformas que logren que la edad de salida efectiva del mercado de trabajo se aproxime tanto como sea posible a la edad ordinaria de jubilación.

Los incentivos positivos para que se pueda seguir en activo apenas se han utilizado hasta ahora; bien al contrario, se ha abusado de la jubilación anticipada, que debe reservarse a aquellos trabajadores que cuenten con largas carreras de cotización o dedicadas a profesiones con elevada penosidad, salubridad o peligrosidad de forma cuantificable.

Todo ello en un entorno de mayor contributividad, un concepto del que se habla poco, pero que está directamente vinculado con la justicia, y que significa que las prestaciones han de tener mayor vinculación al esfuerzo realizado con las contribuciones. Esto no sólo permitiría robustecer la solvencia del sistema, sino que, sobre todo, aumentaría su legitimidad y evitaría situaciones de injusticia relativa.

Por último, tenemos mucho margen para potenciar el papel del segundo pilar como forma de complementar, a través de la negociación colectiva, las pensiones de colectivos de rentas medias y bajas. Para ello, se debe mejorar el régimen jurídico y la fiscalidad de las entidades, así como su transparencia y exigencia de rendición de cuentas a sus gestores.

Cuando presenté los planes del ministerio que dirijo en el Congreso de los Diputados, hablé de la necesidad de llegar a un gran pacto de Estado en materia de pensiones. Entonces, antes de la abrupta irrupción de la pandemia, era imprescindible transmitir tranquilidad a nuestros pensionistas tanto como a aquellos que están llegando al final de su vida laboral.

Ahora, unos meses después, cuando además esta pandemia se ha cebado con nuestros mayores, este consenso ya no sólo es importante, sino que es una deuda que como sociedad tenemos con ellos. Refundar el Pacto de Toledo no es solo necesario para modernizar y asegurar el futuro de un pilar central de nuestro Estado del Bienestar, es también un justo tributo a esta generación que tanto luchó por ponerlo en marcha.

https://www.hoy.es/economia/momento-refundar-pacto-20200721231556-nt.html