Se cumplen 35 años de las torturas y el asesinato de tres jóvenes
en Almería a manos de la Guardia Civil, que dijo haberlos confundido con
militantes de ETA
Su muerte y todo lo sucedido posteriormente narran el lado más sombrío de la Transición: las familias siguen esperando la verdad, la justicia y la dignificación de su memoria
Su muerte y todo lo sucedido posteriormente narran el lado más sombrío de la Transición: las familias siguen esperando la verdad, la justicia y la dignificación de su memoria
La justicia y la memoria tienen asuntos pendientes con
la llamada Transición española. Uno de los más significativos –y
sombríos – es el que tiene que ver con Luis
Cobo Mier, Luis Montero García y Juan Mañas Morales. En la madrugada que
transcurre entre los días 9 y 10 de mayo de 1981 se gesta el conocido
como Caso Almería. Esa noche son arrestados por la Guardia Civil en la
localidad de Roquetas de Mar estos jóvenes trabajadores residentes en la
provincia de Santander (aún Cantabria no disponía de Estatuto de
Autonomía) cuando, al parecer, son erróneamente reconocidos en el
transcurso de su viaje de Santander a Almería como militantes de ETA.
"Mi querida familia, ante el respeto que merecen me dirijo a Vds. para
contarles el hecho siguiente respecto a las extrañas circunstancias de
la desgracia de buestro (sic) hijo y compañeros que fallecieron en manos
de los asesinos de la Comandancia [de la Guardia Civil] de esta
localidad". Así comenzaba una carta anónima escrita por un agente del
cuerpo policial militarizado que fue remitida a la familia de Mañas
Morales tres años después del asesinato de los tres jóvenes y en la que
daba cuenta de las torturas y la forma en la que once guardias civiles
acabaron con los trabajadores.
Los motivos y las circunstancias del viaje
Juan Mañas tenía 24 años, era almeriense de Pechina, pero llevaba
varios años trabajando en la FEVE, destinado en Santander. Luis Montero –33 años, trabajador de FYESA y miembro del PCE y CCOO – y Luis Cobo –28 años y trabajador de ACERIASA –
eran buenos amigos de Juan, quien los invitó a la primera comunión de
su hermano menor, Francisco Javier, que se iba a celebrar en su
localidad natal el domingo 10 de mayo.
Las "extrañas
circunstancias" de las que escribía el agente sin nombre comenzaron el 7
de mayo cuando, después de salir de sus respectivos trabajos, los
jóvenes emprendieron su viaje, en un SEAT 127, matrícula de Santander,
con la intención de hacer noche en Madrid, en un piso que le había
prestado un amigo a Luis Cobo. Ese mismo día por la mañana se produjo en
la capital un atentado de ETA sobre el vehículo en el que viajaba el
general Joaquín de Valenzuela, Jefe del Cuarto Militar del Rey,
dejándolo malherido y matando a los tres militares que iban con él.
Inmediatamente, las fuerzas de seguridad del Estado montaron los
dispositivos oportunos para la detención de los militantes de ETA
sospechosos de participar en la acción. Se sospechaba de José María
Bereciartúa y José León Mazusta, apoyados por un tercer integrante del
comando al que se conocía por Goyenechea Fradúa. En la prensa
aparecieron publicadas las fotografías de los dos primeros junto con la
de José Andrés Izaguirre Gogorza, 'Gogor', del que se sospechaba que
estaba al frente del comando. De Goyenechea Fradúa, al parecer, no
existían fotografías.
Los jóvenes santanderinos ya
eran conocedores de lo sucedido en Madrid, pero arribaron a la capital
sin incidentes reseñables, salvo por algunos problemas que les estaba
dando el automóvil y que hicieron que, a la mañana siguiente, antes de
continuar su viaje, se detuvieran en un taller cercano a la vivienda en
la que habían pernoctado. No obstante, continuaron su viaje hasta que,
en una localidad manchega, El Provencio, la avería se hizo patente. Se
detuvieron en el primer taller que encontraron y allí decidieron dejar
el coche para su reparación. El mecánico les acercó en su coche a la
estación de ferrocarril de Villarrobledo, desde donde viajaron a Alcázar
de San Juan para intentar un enlace con el tren de Andalucía.
Cuando llegaron a la estación comprobaron que el
siguiente tren no salía hasta las cuatro de la madrugada, así que
decidieron alquilar otro coche. En las afueras de la estación
preguntaron a unos taxistas y a gente que pasaba por allí por una casa
de alquiler de coches. Les informaron de que solamente había en la
localidad de Manzanares, a unos cuantos kilómetros. Así, tomaron un tren
que iba a Manzanares y, finalmente, Luis Cobo alquiló a su nombre un
Ford Fiesta con matrícula de Ciudad Real. Con él llegaron a su destino
en Pechina ya entrada la noche.
El periplo por
tierras manchegas en pos de una conexión para proseguir su viaje a
Andalucía exaltó la fantasía y el fervor patriótico en algunas de las
personas con las que habían hablado. Una de ellas, al día siguiente, 8
de mayo, tras ojear el periódico y observar las fotografías de los
etarras a los que se atribuye el atentado contra el general Valenzuela,
creyó reconocer en los jóvenes de Santander a dichos militantes vascos.
Buscó la anuencia y corroboración de otros y decidieron denunciar a la
Policía y a la Guardia Civil sus conjeturas.
La caza
Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas durmieron esa noche en la casa de
los padres de este último y pasaron el día siguiente visitando distintos
lugares de la provincia de Almería dado que para los dos santanderinos
era la primera ocasión por aquellas tierras.
Mientras, la denuncia que se originaba en Alcázar de San Juan había
puesto en marcha una maquinaria de búsqueda y captura que solamente
parará con la detención por parte de la Guardia Civil de los tres amigos
en el interior de una tienda de recuerdos de Roquetas de Mar. Son las
nueve de la noche del día 9 de mayo de 1981.
Años
después, el teniente coronel Victoriano Guillén, quien se opuso con
contundencia al golpe de Estado del 23F y fue castigado por ello,
explicó ante las cámaras del programa de televisión Crónica de una generación:
"La Dirección General de la Guardia Civil mandó un radio (nombre que se
daba en la Guardia Civil a los fax o télex) diciendo que eran etarras y
que habían atentado contra el general Valenzuela. [El teniente coronel
al frente del operativo] Castillo Quero, que era un enfermo mental, un
imbécil poseído y que, además, presumía de su amistad con el rey, vio
allí la ocasión de hacer un servicio y hacer méritos, colgarse
medallas".
Desde el momento en que se produjo la
denuncia, la familia de Luis Cobo comenzó a recibir llamadas y visitas
de agentes de la Comandancia de Santander preguntando por las señas
personales y la documentación con que éste contaba (dado que era Luis
Cobo Mier quien había alquilado el vehículo). La familia informó que
Luis no tenía el documento nacional de identidad porque lo había
perdido, pero que viajaba con el carné de conducir y con el pasaporte.
Aportaron todo tipo de datos: características físicas, situación
laboral, la ropa que llevaba…
Todo indica que desde Santander se
consiguió aclarar su identidad y que, por tanto, su adscripción a ETA
debía quedar descartada.
Sin embargo, en Almería se montó un gran
dispositivo por parte de la Guardia Civil para su localización,
advirtiéndose a los subordinados de la extrema peligrosidad de los
militantes de ETA a los que se pretendía detener.
Montero, Cobo y Mañas fueron apresados a última hora de la tarde del
sábado 9 de mayo sin que ninguno de ellos ofreciera la más mínima
resistencia. A partir de ese momento, y hasta que fueron encontrados sus
cadáveres calcinados en el interior del Ford Fiesta en un barranco de
la carretera de Gérgal, la Guardia Civil y otros funcionarios del Estado
trataron de ocultar la verdad con una versión oficial tan delirante
que, si se sigue al pie de la letra, plantea tantos interrogantes que, a
fuerza de dudas, crea demasiadas certezas.
El 12 de mayo, los diarios dudan. El entonces bisoño periódico El País le dedica 114 palabras en los que tímidamente reproduce la versión oficial. El Diario Montañés,
en Santander, sí indica que "la nota de la Guardia Civil que relata los
hechos no parece muy clara y por eso la propia Dirección General ha
abierto una investigación (…)".
Versión oficial
En la comparecencia que posteriormente realizó el ministro de Interior
de UCD, Juan José Rosón, ante el Congreso de los Diputados, manifestó
que tras la detención, y según informes de la Guardia Civil, los
detenidos entraron en contradicción en algunas de sus declaraciones y
que en ningún momento Juan Mañas se había identificado como natural de
Almería (de hecho, en todo momento la Guardia Civil indicó,
contradiciendo a los familiares que manifiestan que salió de casa con su
DNI y su carné de FEVE, que Juan Mañas no llevaba ninguna
identificación, al contrario que Cobo o Montero). También informó de que
en el reconocimiento del automóvil en el que viajaban los detenidos se
han encontrado dos pistolas marca 'Astra'.
La versión
oficial mantiene que existía un convencimiento de que los detenidos
eran, efectivamente, activistas de ETA y se ordenó su traslado a Madrid
en una caravana compuesta de cuatro vehículos que incluía el propio Ford
Fiesta de los santanderinos (en total once guardias civiles vestidos de
paisano y los tres detenidos), conducido por un guardia civil, al cual
acompañaba otro como copiloto, mientras que los detenidos iban esposados
en el asiento de atrás.
Cerca de la localidad de
Gérgal, desde los coches que viajan detrás observaron como el Ford
Fiesta realizaba un giro extraño y cómo el conductor salía despedido por
la puerta lateral y, a continuación, el otro guardia civil por la
puerta contraria. Todo esto se entiende como un intento de agresión y
fuga por parte de los detenidos y el teniente coronel al mando de la
operación (Castillo Quero) ordenó disparar a las ruedas con el objeto de
detener el vehículo. Sin embargo éste, lejos de pararse, cayó por un
pequeño barranco y se incendió, siendo imposible el rescate de los
detenidos por la magnitud de las llamas y el riesgo de explosión.
El ministro, tal y como recuerda Antonio Ramos Espejo en el libro El Caso Almería: Abierto para la historia,
también señaló que la identificación de las víctimas no fue posible
hasta horas más tarde al enterarse del suceso sus familiares por la
prensa.
El ministro Rosón concluyó asegurando que
todo se debió a un "trágico error". Los diputados de la oposición
presentes en la comparecencia, indignados, no dudaron en calificar la
exposición de pantomima y de encubrimiento por parte del Gobierno de un
crimen perpetrado por miembros de la Guardia Civil. Aunque, una vez
derrotada la UCD, olvidaron el caso, la justicia e, incluso, la memoria
de lo sucedido.
El juicio
"A mi madre le dieron una bolsa con los restos de mi tío. Ahí había un
colgante, una prenda de ropa… y luego ya le dieron los restos de mi tío
-explica Lola Liquete Cobo, la sobrina de Luis Cobo Mier- ... un brazo,
una mandíbula, unos dientes… Claro, mi madre dijo: ¿Dónde está el resto
de mi hermano?". Las familias denunciaron desde el primer minuto las
inconsistencias de la versión oficial y, con la ayuda del tenaz abogado
Darío Fernández, lograron llevar a juicio a parte de los implicados.
Caso Almeria
*
El juicio se inició el 14 de junio de 1982, trece meses
después, y finalizó el 27 de julio. Solamente fueron procesados tres de
los once guardias: el teniente coronel Castillo Quero, que en el momento
de los hechos estaba al frente de la Comandancia de Almería y era el
mando de la operación, el teniente Gómez Torres y el guardia Fernández
Llamas.
El abogado de la acusación particular, Darío
Fernández, en todo momento intentó que fueran condenados por asesinato,
en contra de la opinión del fiscal, que calificaba los hechos de
homicidio.
Le fue denegada una prueba fundamental en cualquier proceso
judicial sin ninguna razón de peso, como es la reconstrucción de los
hechos, y siempre dudó de las garantías técnicas y científicas de las
autopsias realizadas por los forenses. Fue constantemente acuciado y los
intentos de intimidación por parte de miembros de la Benemérita fueron
variados, "incluida una bomba bajo su coche: Darío tuvo que esconderse
en una cueva", recuerda Lola Liquete Cobo.
No fue
Darío Fernández el único intimidado. José Criado, Pepe el barbero, un
militante de la izquierda almeriense, rememora esos días en el libro aún
inédito La Chanca. Una Revolución (1940-2000):
"Cuando la farsa del juicio, que yo le llamo farsa de juicio porque eso
fue, la represión que tuvimos fue peor porque denunciamos la farsa que
estaban haciendo. Eso nos supuso…
A mí me asaltaron mi negocio, mi
peluquería. El local donde teníamos la sede de la Plataforma de Lucha
Obrera fue asaltao, literalmente asaltao. Fue violentao
y yo me tuve que tirar en aquellos entonces quince días fuera de
Almería, había orden de arresto contra mí y me tuve que ir a Murcia".
Los abogados de la defensa calificaron en todo momento de terroristas a
los fallecidos, incluso con posterioridad a la correcta identificación
de los mismos. De hecho, en el periodo que transcurrió desde el crimen
hasta la finalización del juicio desde diversas instancias se continuó
poniendo en duda su identidad, pasando de terroristas a delincuentes
comunes o bien, homosexuales. Además, se intentó crear un clima según el
cual Almería estaba infestado de terroristas y pisos francos.
Lo cierto es que no se encontró ningún impacto de bala en las ruedas
del Ford Fiesta, pero sí alrededor del depósito de gasolina y en los
cuerpos y en las cabezas de los fallecidos. Algunos de los impactos
habían sido realizados de arriba abajo, contradiciendo la versión de los
guardias de que los disparos se hicieron antes de que el coche cayera a
la hondonada y se incendiara.
En el lugar de los hechos se encontró una lata de
gasolina. Las pistolas que presuntamente se habían descubierto horas
después de la detención en el coche de los detenidos estaban llenas de
herrumbre y estaban datadas en 1921. En el juicio a instancias del
abogado de la acusación se declaró por parte de miembros de la Guardia
Civil que perfectamente podían ser armas confiscadas y depositadas en
cuarteles.
Por si fuera poco, cinco pescadores que
pasaban por la carretera de Gérgal cuando el coche estaba incendiándose
con los tres jóvenes dentro ratificaron en el juicio que pararon para
ofrecer su ayuda y un extintor que portaban en su automóvil, y que un
guardia civil les dijo que no era necesario ya que los heridos habían
sido evacuados (lo cual, evidentemente, no era así).
En las conclusiones finales los abogados defensores reconocieron por fin
que había existido un delito de homicidio, cuando previamente afirmaban
que no había existido delito, pero alegaron "cumplimiento del deber" de
los tres enjuiciados y "obediencia debida" en los casos del teniente y
del guardia. El fiscal, sospechosamente coordinado con los defensores,
no cambió sus alegaciones y siguió manteniendo en todo momento que se
trataba de un homicidio.
Al teniente coronel Castillo
Quero, que en ningún momento ha mostrado sombra de arrepentimiento, se
le sentenció a una pena de 24 años de prisión. Al teniente Gómez Torres a
15 años de prisión, y al guardia Fernández Llamas a 12 años de prisión.
Todas las penas citadas implicaban además la baja en el cuerpo de la
Guardia Civil.
En todos los casos los acusados
salieron de la cárcel con bastante antelación al final de sus penas por
un teórico buen comportamiento (Castillo Quero logró el tercer grado a
los tres años). Además cumplieron en unas condiciones que para sí
quisieran muchos de los internos que siguen penando por las cárceles de
España. Durante parte de la pena residieron en centros militares en
lugar de hacerlo en cárceles ordinarias y, tal y como se denunció años
después, recibieron un 'salario' procedente de los fondos reservados del
Ministerio del Interior.
Con posterioridad a la sentencia, tal como mostró el diario El País
en su edición del día 15 de octubre de 1985, la esposa del exteniente
coronel Castillo Quero solicitó para su marido un indulto por "sus
largos servicios a la patria".
El 22 de abril de 2015, El Diario de Almería dio cuenta
de cómo la formación política Amaiur había formulado varias preguntas
relacionadas con el Caso Almería en el Congreso de los Diputados.
Quería
saber si los agentes de la Guardia Civil condenados por asesinar a los
tres jóvenes cobraron esas ayudas de fondos reservados, las cantidades y
si, finalmente, el Gobierno contemplaba considerar a los fallecidos
como víctimas del terrorismo, tal y como reclaman las familias. Jon
Iñarritu, diputado de Amaiur, recibió la siguiente respuesta a sus
numerosas preguntas: "El Gobierno carece de información que pueda
aportar a una respuesta parlamentaria, dada la antigüedad de los hechos
referidos en la pregunta".
Unas conclusiones que se extienden en el tiempo
Tanto las familias de los jóvenes fallecidos como su abogado, numerosos
periodistas y políticos que siguieron el caso, tienen hasta el día de
hoy, 35 años después, otra versión de los hechos que se sigue
manteniendo en la oscuridad por parte de las sucesivas autoridades
gubernativas y de la Guardia Civil.
Caben pocas dudas
respecto a que a Juan Mañas, a Luis Cobo y a Luis Montero los mataron
miembros de la Guardia Civil en un estado de confusión rayano en la
demencia o la obsesión. Pudiendo realizarse las comprobaciones de
identidad oportunas no se hicieron, pese a que la Guardia Civil tenía
medios para ello, tal y como se comprobó en el juicio. Las pistolas que
dijeron haber encontrado en el coche, con toda probabilidad fueron
colocadas allí para justificar la inculpación como militantes de ETA.
Es muy probable que a uno de ellos o a todos se les
trasladara a una antigua fortaleza cerca de la costa y se les torturara
intentando arrancarles una confesión. También es posible que alguno de
ellos o todos fallecieran bajo tortura y que el Ford Fiesta en el convoy
de traslado solamente transportara en la parte de atrás personas
muertas o… sus restos. Si fuera así, estaríamos ante un concepto aún más
perverso de la "ley de fugas".
Es posible que se
prendiera el coche utilizando la propia gasolina del depósito y también
la del bidón que se encontró en los alrededores, con el objeto de
ocultar las lesiones producidas con antelación.
Este
10 de mayo se cumplen 35 años de los hechos que se relatan. Las familias
continúan en completo desacuerdo con el desenlace.
Por ello, siguen
pidiendo que se aclaren las circunstancias reales de la muerte de sus
familiares y que recaiga la ley con justicia en los causantes. Los
guardias civiles eran once y solamente fueron juzgados tres. El resto,
además de participar en la acción, cometieron el delito de ocultación de
pruebas.
Las familias siguen solicitando dignidad
para los jóvenes asesinados y que se les considere víctimas del
terrorismo. En ningún momento ha sido aceptada esta cuestión, alegando
que solamente pueden ser consideradas así las víctimas de ETA. Hoy en
día son consideradas de ese modo también las víctimas de otros grupos
terroristas y se reclama que el "concepto" se amplíe a las víctimas del
terrorismo de Estado.
El año pasado, en la plaza de
Pechina, localidad de nacimiento de Juan Mañas, se le levantó una placa
en homenaje y en recuerdo de los hechos acaecidos. En Cantabria, tierra
de nacimiento o de adopción de todos ellos, jamás se ha realizado un
acto de homenaje oficial ante sus asesinatos.
http://www.eldiario.es/norte/cantabria/sociedad/Caso-Almeria-verguenzas-Transicion_0_513049551.html
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