Todo lo dicho en campaña ya no vale de nada. La victoria del PP en las elecciones del 26J, parece que la definitiva si atendemos a las promesas de pactos por evitar unos terceros comicios consecutivos, conlleva una subida inmediata de la luz. Y con carácter retroactivo. La tercera refacturación sobre consumos de energía pasados que firma Rajoy en cuatro años.
A
pesar de estar en funciones, el Gobierno acaba arrancar su maquinaria y
ha enviado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC) una propuesta de Real Decreto que obliga a refacturar la luz de
manera retroactiva. La medida, que pretende incrementar al alza las
facturas emitidas desde abril de 2014, afectará especialmente a los consumidores acogidos al Previo Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa más común entre los usuarios domésticos. En total los afectados son más de 12 millones de hogares.
La propuesta lleva guardada en el cajón mucho tiempo. De hecho, ha visto pasar por delante las elecciones europeas, las autonómicas y municipales de 2015, las generales del 20D, y las del pasado domingo.
Y ahora, cuando parece que la repetición de elecciones parece
descartada, el Gobierno la ha recolocado entre sus prioridades.
La
medida implica subir la factura una media del 0,2% a partir de ahora en
concepto de atrasos. No va a ser un desembolso demasiado excesivo -entre los 2 y 4 euros por recibo-, pero se aplica a periodos en los que el usuario consumió en base a una tarifa menor.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético denuncia “la irresponsabilidad política de haber esperado hasta el último momento, con criterios claramente electoralistas,
para establecer una metodología como la que exigía la sentencia del
Supremo”. Critica además que la propuesta de Industria “dista mucho de
eliminar la permanente incertidumbre que se cierne sobre el recibo de la
luz”.
Y los usuarios deben agradecerle a la CNMC que haya rebajado las pretensiones del Ministerio de Industria que, en un principio, planteó incrementar la factura hasta un 7%. El Gobierno ha aceptado, en principio, la corrección, pero para evitar líos ha decidido tramitarlo por la vía del Real Decreto.
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