Bruselas impide que preparen sus presupuestos al retrasar hasta
noviembre la aprobación de los techos de gasto y Hacienda agrava el
panorama al ocultar qué cantidades recibirán de los impuestos
¿Para qué sirve la mezcla de cal y arena? Para pocas
cosas. Uno de los pocos usos que se le conocen consiste en servir de
letrina para animales domésticos como los gatos. Absorbe sus malos
olores pero causa irritación al animal si este se tumba a menudo sobre
ella.
Bruselas ha optado, ante la evolución del déficit, por aplicar
arena encalada, o cal enarenada, a su mascota española: le ha perdonado
la multa que le correspondía por saltarse sus límites y le ha puesto
unos nuevos, aunque con un calendario que, en la práctica y unido a la
indolencia del Gobierno en funciones, va a impedir que las
administraciones españolas dispongan en fecha y forma de los
presupuestos para el año que viene: no pueden elaborarlos sin conocer
los techos de gasto.
Estos los establecen las Cortes tras proponérselos el
Gobierno por indicación de Europa. Sin embargo, el papel que pone en
marcha la maquinaria no saldrá de Bruselas hasta entrado noviembre,
cuando --cosas de la burocracia y los palacios-- las cámaras autonómicas
y la mayoría de los ayuntamientos carezcan de margen de maniobra para
aprobar sus cuentas en lo que quede de año.
Es decir, que aunque, en una decisión de claro tinte político,
haya eludido imponer nuevos recortes al conjunto del Estado, Bruselas
está bloqueando de hecho la gestión de las 17 comunidades autónomas y
las más de 8.000 diputaciones, comarcas y ayuntamientos en los que está
estructurada la Administración local española. Los dueños de la casa
andan más cómodos tras haber hallado la fórmula para evitar los efluvios
malolientes. Aunque saben que el gato va a acabar sufriendo una
irritación, también intuyen que, por irritado que esté, el minino no
araña.
Bruselas está bloqueando de hecho la gestión de las 17 comunidades y las más de 8.000 diputaciones
El 27 de julio, la Comisión Europea, tras constatar
que España incumplía por segunda vez sus objetivos para embridar el
déficit, tal y como ya ocurrió en el periodo 2009-2012 tras haber
superado por primera vez el 3% del PIB, imponía, tras perdonar una multa
que los expertos estimaban en unos 2.000 millones de euros, unos nuevos
topes. Con un amplio margen de maniobra para este año, en el que el
límite sube del 2,8% al 4,6% el PIB para acercarse a la implacable
realidad, aunque con una previsión de recorte drástico para los dos
siguientes ejercicios: debe bajar al 3,1% en 2017 y al 2,2% en 2018.
Los
recortes del gasto público supondrán unos 8.000 millones de euros,
calculan los burócratas comunitarios.
Una decisión fundamental que no termina de serlo
Por chocante que resulte, esa decisión de los sabios
europeos es inaplicable en España. De hecho, todavía no es formalmente
una decisión. Para serlo requiere que el informe en el que la Comisión
establece las nuevas condiciones sea ratificado por el Ecofin, el órgano
de gobierno comunitario que agrupa a los ministros de Economía y de
Hacienda de los 27.
Los recortes del gasto público supondrán unos 8.000 millones de euros, calculan los burócratas comunitarios
Ninguno de sus miembros va a oponerse al criterio de
los comisarios, básicamente porque el artículo 7 del Tratado de
Estabilidad, Coordinación y Gobernanza les obliga, desde 2012, a votar a
favor.
Pero, en cualquier caso, eso no ocurrirá antes del 8 o el 16 de noviembre,
fechas para las que tienen señaladas sus próximas reuniones. Los
próximos viernes y sábado (2 y 3 de septiembre) mantendrán un encuentro
informal, lo mismo que harán una semana más tarde los presidentes de
Gobierno, mientras que el 10 de octubre y el 7 de noviembre se celebra
una reunión del Eurogrupo. Pero ninguno de esos foros está habilitado
para avalar las tesis de la CE. En el mejor de los casos, Europa no
podrá comunicar a España antes de la primera quincena de noviembre los
nuevos límites del déficit.
¿Y quién recibirá la carta? Para entonces habrá
finalizado la cuenta atrás que comenzará este viernes con la previsible
no investidura de Rajoy, por lo que, salvo que alguien haya sido
investido presidente antes del 30 de octubre, le llegará a un ejecutivo
en funciones y con unas Cortes disueltas cuya Diputación Permanente
carece de potestad para tramitar la ley orgánica que, desde la modificación del artículo 135 de la Constitución,
se requiere para fijar “el déficit estructural máximo permitido al
Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto
interior bruto”.
La reforma constitucional exprés de 2011, ejecutada de
común acuerdo por el PSOE de Zapatero y el PP de Rajoy, sigue haciendo
prisioneros por sus evidentes contraindicaciones para la estructura que,
en principio, iba a sanear.
Si el país no está en precampaña y cuenta con un
ejecutivo plenipotenciario, será este el que deberá remitirla y negociar
los apoyos que necesite --176 de los 350 diputados-- para aprobarla y
para su posterior ratificación en el Senado. Solo después de disponer de
ese texto legal puede el Ministerio de Hacienda distribuir el techo de
cada Administración, en una decisión que se oficializa en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera.
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