Interior pone la formación policial en manos de una universidad católica

Fernández Díaz conversa con el obispo de Ávila, Jesús García Burillo

La formación de los nuevos inspectores de policía la impartirán a partir de ahora docentes de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) en lugar de catedráticos de la Universidad de Salamanca (USAL), como sucedía desde hace 28 años. La Dirección General de Policía (DGP) ha firmado un contrato de colaboración entre la escuela de policías de Ávila y esa entidad privada y religiosa.


“Es la oferta más barata”, justifican.


Nadie parece querer hacerse responsable de una decisión que ha generado ampollas en el ámbito educativo porque lo que está en juego no es una mera cuestión económica -supuestamente la Universidad de Ávila rebaja de 200.000 a 100.000 euros el presupuesto-, sino el modelo de formación policial español y, en consecuencia, los valores que defenderán en el desempeño de sus funciones los futuros agentes.


La Mesa de Contratación que analiza las ofertas presentadas a concurso por las universidades para colaborar en la educación de los inspectores de policía de la academia de Ávila le dio la misma puntuación a las tres concursantes en los aspectos técnicos.


 No le dio más valor al hecho de que la universidad de Salamanca lleve casi 30 años de colaboración con la academia, que tenga por ello un Centro de Ciencias de la Seguridad, con un Grado de Criminología y un laboratorio de criminalística incluido, o la relación recíproca fraguada en este tiempo con una veintena de profesores-policías de la academia que ya imparten clases en la USAL.


“Nunca serán lo mismo el aborto, la eutanasia o la llamada Ley mordaza explicados por un catedrático de una universidad pública que por uno de una católica y privada, en la que manda el obispo”, señala uno de los profesores de Derecho Penal de la USAL que hasta ahora daba clases en la academia de policías.


El Ministerio del Interior, pese a las buenas relaciones que mantiene su titular en funciones, Jorge Fernández Díaz, con el prelado Jesús García Burguillo, se desmarca del acuerdo y habla de “decisión delegada” en la Dirección General de la Policía (DGP).


Y esta se remite a la “resolución de una mesa de contratación” responsable de dirimir si las universidades que se presentan al concurso cumplen con los requisitos. “Tienen las mismas condiciones técnicas, pero ante un máximo de 100 euros la hora, Salamanca ofreció 98, Sevilla 95 y Ávila 80”. El obispo, por su parte, dice: “Lo más oportuno es que se dirija a la Escuela de Policía”. Y en la UCAV se niegan a hacer declaraciones.


Pero la decisión de la mesa de contratación no entra a valorar el carácter laico de la educación en una universidad pública frente a una católica. Tampoco el hecho de que se privatice ese servicio. Ni que se cambie un funcionamiento histórico y común a todas las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, cuyos acuerdos de colaboración en los planes de estudio están ligados a las universidades públicas de referencia (el ejército y la Guardia Civil con la UNED, por ejemplo).


Tampoco parece tener en cuenta este contrato el hecho de romper una relación de 28 años con una de las universidades más prestigiosas de España. La guerra está abierta. La primera batalla se librará en los tribunales. El decano de la Facultad de Derecho de la USAL, Ricardo Rivero, prepara un recurso “por falta de solvencia técnica”. Desde la DGP dicen que lo estudiarán “con rigor”.


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