La culpa no estaba fuera de casa

Los dirigentes del PP creen hoy que Rita Barberá era “inocente” y “honrada”, una “gran política y gran persona”, una “gran española”, que había sido “linchada”, que había sido “víctima de una cacería”, que había sido “acosada sin prueba alguna”… 

Habría sido más creíble y coherente si todas estas palabras en apoyo a la senadora Barberá las hubiesen dicho hace unos días, antes de forzar su baja como militante, antes de mandarla al grupo mixto, antes de repudiarla en las cortes valencianas y votar una petición unánime con todos los demás partidos para que dejase su escaño. Antes del infarto que se la llevó.


La muerte no hace a nadie ni mejor ni peor. Lamento el fallecimiento de Rita Barberá, como el de cualquier persona. Pero morir de un infarto no te convierte en un mártir ni te da la razón.


Entre todas las exageradas reacciones tras su muerte destacan dos. La primera, la del ministro de Justicia, Rafael Catalá: “Cada uno tendrá sobre su conciencia las barbaridades que ha dicho sobre Barberá sin prueba alguna”. ¿Sin prueba alguna? ¿Acaso el ministro de Justicia cuestiona las investigaciones judiciales de la Guardia Civil, el Tribunal Supremo y la Fiscalía Anticorrupción? Fueron ellos, no la prensa ni la oposición, quienes decidieron su imputación, acusada de blanqueo junto con el resto de su equipo.


Aun más intolerable resulta la acusación de Celia Villalobos a los medios de comunicación: “La habéis condenado a muerte”. Según la diputada, experta en autopsias, fue la prensa quien provocó su infarto. Más tarde ha matizado para ampliar la acusación y señalar a dos verdugos más: los tuiteros y los partidos políticos (todos, así en general). “Rita estaba muy dolida y destrozada y con razón, si yo lo estaba con el Candy Crush que era una tontería cómo no lo iba a estar ella por lo de los 1.000 euros”.


“Lo de los 1.000 euros”, que dice Villalobos, explica en parte este sentimiento de culpa que ahora acosa al PP, y que ha movido a muchos de sus dirigentes del repudio a la beatificación. Comparado con las mil y una tramas corruptas del PP de Valencia, “lo de los 1.000 euros” suena a absoluta nimiedad. También parece poco si se mide con la caja B del partido nacional: Bárcenas apuntó en sus papeles 2,22 millones de euros en negro a lo largo de varios años y de aquella solo pringó el apuntador.


Nunca han sido 1.000 euros como tampoco fueron tres trajes: estaba acusada de participar en el pitufeo de 50.000 euros entre 50 pitufos, que no es igual. Pero comparado con todo lo visto en ese partido, se decía Barberá, ¿por qué era ella quien tenía que pagar?


La culpa de quienes ven en Barberá una cabeza de turco es la que hoy lleva a tantos dirigentes a una curiosa forma penitencia, donde somos los demás quienes tenemos que pagar. Su argumento esconde dos falacias más. Que siempre es inaceptable la financiación ilegal, sea poco o sea mucho la cantidad defraudada. Y la más importante: que la responsabilidad política no es sinónimo de la responsabilidad penal. Incluso si Rita Barberá no hubiese sido imputada en la Taula, no debería haber sido nombrada senadora. Por todo lo demás.


Rita Barberá hacía mucho tiempo que tenía que haber sido apartada de la política por sus propios compañeros, por responsabilidad política. Por sus despilfarros con el dinero público: sus gastos faraónicos en comilonas y hoteles de cinco estrellas con el dinero de los demás. Por no ver absolutamente nada cuando todos sus compañeros de partido estaban emponzoñado en la corrupción.


Por su gestión arbitraria de las instituciones de todos. O por su relación con la trama Nóos y el dinero que dilapidó en los eventos que facturaba Iñaki Urdangarin; un juicio del que solo se libró por ser aforada.


Quienes ahora culpan a la prensa, a la justicia o a la oposición de un “linchamiento” contra Barberá, ¿qué proponen exactamente? ¿Que los medios no informen sobre los casos de corrupción? ¿Que la justicia no investigue cuando ve indicios razonables? ¿Que la oposición esté calladita y no denuncie estos abusos en los medios y en los tribunales?



Ignacio Escolar