El 9 de enero de 2017, la Asamblea
Nacional venezolana desconoció al Presidente de la República, Nicolás
Maduro. Votaron a favor de ese golpe de estado constitucional todos los
diputados de la oposición salvo los tres diputados del partido de Henry
Falcón, quienes entendieron la gravedad de esa decisión. Venezuela es un
sistema político presidencialista desde 1811, influido por el
constitucionalismo norteamericano.
Al Presidente le vota directamente el
pueblo -a diferencia de un sistema presidencialista como el español,
donde al Presidente le vota el Parlamento- y le corresponde al
Presidente, que es el Jefe del Estado, la dirección del país. Cuando la
Asamblea decidió desconocer el poder legítimo del Presidente se estaba
poniendo al margen de la Constitución. La prensa internacional no dijo
nada.
La gran discusión entre el Presidente
Maduro y la Asamblea tiene que ver con las actas de tres diputados de
Amazonas. Se ha demostrado que compraron votos entre otras muchas
irregularidades, lo que obligaría a repetir la elección en esos tres
casos. La Asamblea se declaró en rebeldía y decidió echar un pulso a la
Presidencia de la República.
A imitación del constitucionalismo europeo,
cuando hay un conflicto constitucional entre poderes el Tribunal
Supremo puede asumir competencias del Parlamento en los casos en que
fuera necesario. Hasta un fantoche como Donald Trump ha tenido que
asumir las decisiones recientes del Tribunal Supremo norteamericano. Con
su tradicional irresponsabilidad, la derecha española llama a
desobedecer el estado de derecho en Venezuela y la decisión del Tribunal
Supremo.
No me extraña de Esperanza Aguirre o Pablo Casado: el PP,
especialmente en Madrid, ha financiado sus campañas electorales con
dinero negro. Es decir, el PP lleva varías legislaturas usando maneras
propias de golpistas. E históricamente, al menos desde 1936, tienen oído
musical para esa partitura.
Quienes digan desde España que los
venezolanos deben desoír las decisiones de su Tribunal Supremo son unos
irresponsables que tiren piedras no solamente sobre el tejado
venezolano, sino también sobre el nuestro.
Por si fuera poco, esa Asamblea dominada
por la oposición proclamó que el Presidente había abandonado su cargo
(algo absurdo y evidentemente falso) y propuso convocar elecciones
presidenciales en el plazo de un mes. Ese intento de golpe de estado
desde el Parlamento no recibió ni una sola crítica de los que ahora
dicen que hay un golpe de estado en Venezuela. Entre ellos, el máximo
responsable de la OEA que ayer mismo se reunía en la Ciudad de México
con ex presidentes latinoamericanos procesados por lesionar los derechos
humanos, y el Departamento de Estado de los EEUU.
Qué curioso que justo
después haya salido la petición de Almagro de enjuiciar a Venezuela
desde la OEA. El papel de Almagro como Secretario General de la OEA
está haciendo mucho daño a la tan necesaria institucionalidad
internacional (Pepe Mujica ya se distanció de él de manera definitiva y
dejó ver a quién se había vendido).
Almagro lleva varios meses
mintiendo. Por ejemplo, ha dicho en dos ocasiones recientes que a
Venezuela se la ha aplicado la Carta Democrática de la organización
(que, tras muchos trámites -ni siquiera iniciados-, podría llevar a su
expulsión como ya ocurrió con Cuba pero nunca ha ocurrido con los
Estados Unidos, pese a haber promovido golpes de Estado como el de
Pinochet contra Allende).
Pero era mentira, como demuestra que hoy mismo
ha pedido a la OEA que aplique la Carta Democrática. Ergo miente. Todo
el rato. Él sabrá por qué, pero en su Uruguay natal dicen que se ha
vendido por un puñado de dólares a los que siempre han querido que
América Latina sea el patrio trasero norteamericano. Washington siempre
busca a un criollo para hacer la tarea del traidor. Almagro no vive en
Montevideo.
El Tribunal Supremo de Venezuela ha
usado un artículo de la Ley de Hidrocarburos -la principal riqueza del
país- que establece que los convenios internacionales y las asociaciones
con grupos extranjeros deben ser aprobados por la Asamblea. Pero la
Asamblea está en situación jurídica de desacato, de manera que no puede
-ni quiere- firmar ningún acuerdo, lo que pone en riesgo financiero a
Venezuela.
Es por eso que el Tribunal Supremo ha asumido las
competencias estrictas de la Asamblea para la aprobación de esos
contratos, de manera que el país pueda asumir los compromisos necesarios
en un momento económicamente complicado por el hundimiento de los
precios del petróleo (preguntémonos en España qué pasaría si se hundiera
un 80 % el turismo).
El Tribunal Supremo no ha disuelto la
Asamblea ni se han convocado nuevas elecciones para elegir nuevos
diputados. Lo contrario de lo que están diciendo los medios de
comunicación.
Lo único que está haciendo el tribunal supremo es asumir
unas competencias concretas para evitar que Venezuela se paralice
mientras dure el desacato. Si los diputados de la oposición quisieran,
el desacato desaparecería de inmediato -bastaría con que reconocieran
que los tres diputados elegidos en la Amazonía no pueden hacer uso de su
acta debido a las muchas irregularidades probadas-, pero les resulta
mucho más rentable seguir regalando falsas portadas a la prensa
internacional.
La derecha internacional, esa que se regala entre sí
viviendas oficiales y que tiene una trama global de fondos buitres
-donde están los Aznar, Botella, sus hijos, De Guindos, Rato, Aguirre y
toda esa tropa de malos españoles donde también se ha colado algún
“socialista” como Felipe González- quiere tumbar a Venezuela, igual que
han hecho con Dilma Rousseff en Brasil. ¿Quién que no esté vendido a
esos intereses puede decir que asumir de manera temporal unas
competencias esenciales para firmar unos contratos sin los cuales un
país se quedaría entregado a los capitales internacionales es un golpe
de Estado? ¿No son acaso los mismos que ven “normal” desconocer al
Presidente del Gobierno y llamar a nuevas elecciones? Demasiados
hipócritas.
Venezuela necesita mucho diálogo. El
choque entre instituciones es malo para el país. Esa debiera ser la
tarea de España: ayudar al diálogo. En todo el continente
latinoamericano. En México -desde donde escribo- han asesinado este
último mes a tres periodistas (¿Nos imaginamos lo que pasaría si
hubieran asesinado a tres periodistas en Caracas?) y hay al menos 30.000
desaparecidos. El día a día de México es la aparición de fosas con
cadáveres, la trata, el asesinato de mujeres, la desaparición de líderes
sociales, la creciente pobreza y desigualdad junto a una impunidad del
Estado estremecedora.
Aún lloran en México a los 43 estudiantes de
Ayotzinapa y el Presidente Peña Nieto se ríe de las víctimas no
reconociendo las lagunas que apuntan al ejército, a la policía y a
políticos vinculados al narco en la desaparición de las muchachas y
muchachos. Parece que el PP y sectores del PSOE quieren ver a Venezuela
convertida en México. Para seguir la trama de los negocios.
Hay mercenarios que desearían abocar a
Venezuela a una guerra civil. Creen que así podrían volver a recuperar
el paraíso que tenían cuando controlaban el petróleo contra los
venezolanos y venezolanas.
Se equivocan, porque el pueblo venezolano no
va a permitir que eso ocurra. Apuntar en esa dirección es querer llevar a
Venezuela a un escenario terrible como los que ha creado la OTAN y las
potencias occidentales en Oriente Medio. Ojalá el Estado de derecho que
forma parte de los logros civilizatorios de Europa pueda funcionar
también en Venezuela. Esa es la principal tarea en la que podríamos
colaborar los españoles en ese país: ayudar a reforzar el Estado de
derecho. Aunque el PP de la Gürtel y la Púnica ¿qué va a enseñar?
Fue el diario El país el que celebró el
golpe de estado contra Chávez en 2002 y fue el Presidente Aznar el que
ordenó a nuestro Embajador a reunirse con el Presidente golpista.
Ayudemos a que no vuelva a ocurrir nada de esto. Para ello, es esencial
que los que no tienen otros intereses que los del dinero, dejen a la
justicia funcionar. Y que nadie sea tan hipócrita para pedir en otros
países lo que no pedimos para el nuestro.
Juan Carlos Monedero | Comiendo Tierra | 31/03/2017
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