Conflictos mundiales * Blog La cordura emprende la batalla


lunes, 19 de diciembre de 2011

Un chanchullo real

Según el lenguaje jurídico el encubrimiento es el acto realizado por una persona, que sin participar activamente en el delito, auxilia a aquellos que lo cometen o ayudan a los responsables a eludir el proceso judicial. Por lo que la Casa Real debería asumir responsabilidades, puesto que en 2006 conocía las actividades empresariales ilegales de Iñaki Urdangarín, cuando envió a un asesor para auditar los negocios del duque.
 
 
 
 
 
 Así que tras examinar las cuentas del Instituto Nóos y comprobar que la supuesta entidad sin ánimo de lucro se estaba lucrando gracias a una red empresarial que fue tejida a su alrededor, intentaron ocultar el delito, aconsejando al exjugador de balonmano que se desvinculara de la entidad y buscara trabajo en el extranjero.


Por el momento los delitos más graves que se le atribuyen a Iñaki Urdangarín son la recepción de más de tres millones y medio de euros por parte del gobierno balear de Jaume Matas y más de cuatro millones de euros por parte del gobierno valenciano de Francisco Camps. Un dinero público que el Instituto Nóos desviaba a empresas privadas con ánimo de lucro propiedad del duque.

El rey de España tiene inmunidad legal, pero esta inmunidad no alcanza a su familia política, por lo que la Corona debería haber acudido a la justicia cuando conoció las actividades delictivas de Urdangarín y al no haberlo hecho ha cometido un quebrantamiento de la ley por encubrimiento.

En caso de que el país se organizara bajo un sistema republicano sería impensable que el Presidente de la República encubriera las actividades criminales de uno de sus yernos si éste se lucrara de forma ilícita usando el puesto de su suegro sin que hubiera un escándalo que pidiera la dimisión de dicho presidente, del mismo modo que sucedería actualmente con el Presidente del Gobierno. Por el contrario los españoles apenas han indignado por lo hechos que ocurren en la Casa Real en las últimas semanas y para el 44% de los habitantes del país la imagen de la realeza sigue siendo igual de buena que antes del escándalo del duque de Palma, frente a un 13% para los que ha empeorado.
 
 
 
 

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