La guerra del petróleo canario

Posted on marzo 6, 2012 by tinejo

Cuando el Partido Popular alcanzó la Moncloa a finales de noviembre de 2011, uno de los pocos barones territoriales que alcanzó cartera fue el Presidente de los conservadores canarios, José Manuel Soria (sí, ese señor que, como pueden recordar, mantiene un inquietante parecido con José María Aznar pues, salvo en la considerable desproporción de centímetros verticales, hasta en el mantenimiento y supresión radical de mostacho conserva el ansía de clonación con el ex Presidente). Nada más y nada menos que la estratégica cartera de Industria, Comercio y…. Turismo, lo que alimentó la creencia que más que una confianza gestora se trataba de una venganza para con el insurrecto gobierno autonómico canario, sostenido a pachas por la aséptica formación Coalición Canaria (CC-PNC) y el Partido Socialista de Canarias (PSC-PSOE). De este modo, el frágil pacto de gobernanza en el archipiélago se vería más bombardeada, si cabe, por un líder de la primera fuerza en escaños en el Parlamento canario que, además, se convertía en la máxima autoridad en cuanto a la gestión de la primera (y única, a nivel macroeconómico) industria regional.

Soria, curtido en las máximas responsabilidades políticas en las Islas (Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, Vicepresidente del Gobierno y responsable de Economía y Hacienda en la anterior legislatura, etc.), tiene como mayores logros públicos estar implicado en un turbio asunto de trato de favor al empresario nórdico Bjorn Lyng (Caso Salmón) a cambio de viajes y agasajos que, al más puro estilo Camps, quedó archivado casi como si el popular fuera víctima de una trama entre periodistas y gentes de mal vivir para incriminarle (música de El Equipo A) por un delito que no había cometido; y haberse empeñado en hacer ondear (véase derecha) en la Plaza de Santa Catalina (Las Palmas) una bandera insular que ríase usted de las miserias textiles rojigualdas de Plaza Colón. Bandera que, debido al viento que azota esa zona marítima de la capital grancanaria, cuesta un ojo de la cara, así como personal permanente, su patriótico mantenimiento.

Nada más tomar posesión del cargo, Soria hizo un veloz paripé visitando, en primer lugar, su tierra de origen para tratar (y restregar su poderío por la frente de su antiguo socio de gobierno y Presidente de la Comunidad Autónoma, Paulino Rivero) urgentes asuntos de índole turístico como la rehabilitación de la planta hotelera, tasas aeroportuarias, etc., pero, a la velocidad del rayo, demostró que sentía más querencia por el primero de sus concentrados títulos ministeriales que por el tercero grabado a fuego y oro en su cartera. De este modo, y sin previo aviso, se descolgó con un inusitado interés por un asunto que únicamente circulaba en forma de intrascendente rumorología por la actualidad canaria: la posible existencia de bolsas de petróleo al este del archipiélago, concretamente en los fondos marinos frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Tanto fue así que afirmó, sin anestesia informativa, que en las profundidades canarias existía crudo abundante y de gran calidad. ¿Cómo podía saber algo así el Ministro, si lo más cerca del agua que se le suponía era pescando piezas a contracorriente, en nórdicos riachuelos?. La opinión pública, tan desmemoriada, había olvidado que, en 2004, la compañía ahora muy privada Repsol obtuvo permisos para realizar estudios geológicos y geofísicos con el objeto de valorar la existencia de bolsas de petróleo en la zona indicada, durante seis años. Como fuere que los estudios a realizar en el lecho marino no fueron acompañados de preceptivas medidas medioambientales tendentes a conservar la seguridad del ecosistema, diversas instituciones públicas de Lanzarote, gobernadas por el PSOE, consiguieron paralizar el proceso, lo que no evitó que la compañía presidida por Antonio Brufau detectará la más que probable existencia de unas reservas equivalentes a mil millones de barriles, lo que traducido a capital especulativo de hoy supondría unos ingresos de más de cien mil millones de dólares, sin contar con la posible existencia de bolsas de gas.

Paralizado el proyecto durante la etapa de gobierno socialdemócrata en el Ejecutivo central, ¿Qué mejor momento para sacarlo del cajón de los jugosos recuerdos que con el regreso de los siempre leales populares y poniendo al frente a uno del terruño a devastar? No hay que olvidar dos elementos que se quedan rezagados frente a la codicia petrolera que supondría sacar a flote esa cantidad de crudo en un momento de fragilidad en su distribución, dependencia de Estados que no están por la labor de bailar al ritmo occidental, y escasez de reservas: Petróleo y turismo no son buenos compañeros de viaje, así como nadie puede asegurar que las prospecciones sean realizadas exclusivamente en aguas territoriales españolas, que no haya que pinchar en hueso Alauí. Para tal fin, Mariano Rajoy ya se encargó de enmascarar en la tradicional visita de cortesía al vecino marroquí como primera parada de su labor diplomática esta trascendental cuestión. Ahora toca encajar el puzzle de intereses que desembocarán, de una u otra manera, en plataformas permanentes frente a paradisíacas costas que quedarán, ipso facto, despobladas de turistas.

En esa guerra ganada y perdida (a partes iguales y según el pedestal desde el que se mire), las fichas se han venido moviendo, enmascaradas, desde más posiciones que la que ha mantenido el Presidente de los populares canarios con ansias de jeque atlántico: por mucho que se empeñe el Ejecutivo regional en disfrazarse de convidado mugriento y despistado, el Presidente del archipiélago ha venido luchando en incomprendida soledad (con el desprecio, ahora entendido, de su adlátere Soria por aquellos tiempos) con obtener el reconocimiento internacional a la consideración de aguas archipielágicas al conjunto de aquellas que comprenden el territorio canario como un todo, con el pretexto de poder controlar la navegación marítima entre islas y evitar, de este modo, que vertidos y acciones contaminantes más allá de las 200 millas territoriales quedaran impunes dentro del espacio interinsular. Puede ser, quien sabe, pero un Gobierno que ha venido despreciando la fauna marina hasta el extremo de modificar el catálogo de especies protegidas con tal de desterrar la protección de los sebadales y sus moradores frente al municipio de Granadilla (Tenerife), y obtener vía libre para construir un macropuerto de mercancías de dudoso interés general, no parece el más sensible a la hora de guerrear a pedrada batiente por la limpieza cristalina de sus alejadas aguas entre una isla y otra.

Como fuere que la concesión de nuevos permisos para finalizar los correspondientes estudios y proceder, si resulta rentable, a la explotación del negro maná abisal, parece inevitable, el Gobierno de Canarias se aferra a un nuevo argumento que chapotea entre la demagogia de máxima repugnancia y un contraataque de calculado suicidio. En lugar del tradicional Si no puedes con el enemigo, únete a él, el Ejecutivo regional ha optado por la mejorada versión Si no puedes con el enemigo, fabrica uno nuevo y alíate con él. La Ley 34/1998, del séctor de hidrocarburos, establece las competencias para otorgar autorizaciones en casos como el que nos ocupa en su artículo 3 y, cuando no supera el territorio de una CCAA, está por ver quien decide en última instancia. Asimismo, este análisis hay que enlazarlo con lo dispuesto en el artículo 8, y aquí es donde se aferran Rivero y los suyos para discutir la concesión ad hoc y sin rival de Repsol por parte del Gobierno central. Si bien afrontar los correspondientes estudios, así como la potencial actividad extractiva a profundidades notables no está en manos de cualquier compañía petrolera dada su compleja infraestructura, la administración regional se plantea encontrar un socio tecnológico que le permita la creación de un consorcio mixto, asegurándose un notable porcentaje de los beneficios derivados del negocio petrolero.

En esa estrategia juega un papel fundamental el apoyo de la opinión pública canaria, y para tal fin se ha ideado una estrategia basada en equiparar la posición del Ejecutivo regional con el denominado modelo noruego, por el que pingües porciones de la tarta petrolífera que emana cada día de las plataformas del Mar del Norte nutren las arcas públicas del Estado escandinavo, destinadas por la normativa estatal a sustentar el avanzado modelo social que lo ha colocado a la vanguardia de los países modernos. Lo que no están interesados en recordar es que para implantar un modelo noruego, en primer lugar, hay que ser Noruega, y no es el caso. Un territorio a la cabeza nacional en niveles de desempleo, precariedad en su sistema sanitario y educativo, fragilidad del tejido productivo, adulteración de los instrumentos de equilibrio económico para paliar su lejanía e insularidad (Régimen Económico y Fiscal, Zona Especial Canaria, subvenciones comunitarias, etc) y arraigado clientelismo político, no cambia de la noche a la mañana por la recepción de millones de petrodólares submarinos; al contrario, y con los dolorosos antecedentes que jalonan la historia de Canarias desde su invasión a finales del siglo XV, es fácilmente pronosticable un aumento de aquellas características provenientes del linaje colonizador que, desembocadas (y desbocadas) en una aristocracia política con una hoja de servicios desierta en su apartado de compromiso social, no temblarán en cambiar el gorro de paja por el turbante si la ocasión lo requiere.

 Sólo queda, por desgracia e inevitablemente, sentarse en la arena y confiar en que no nos impregne esa codiciada marea negra.

Fuente***[casaquerida.com]