La Diputación Foral de Gipuzkoa ha anunciado hoy que aprobará una nueva Ayuda de Garantía de Ingresos destinada a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía del Territorio y a cubrir el grave vacío que han provocado los recortes sociales aplicados por el Gobierno Vasco.
Se trata de una prestación social dirigida a garantizar unos ingresos mínimos a aquellas personas a las que el Ejecutivo autonómico ha dejado fuera de la red de protección por no poder acreditar tres años de empadronamiento en la Comunidad Autónoma Vasca.
El diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, acompañado por el diputado de Política Social, Ander Rodríguez, ha presentado esta nueva iniciativa, con la que el Gobierno foral pretende “frenar la extensión de la pobreza en nuestro territorio y paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias que se derivan de la irresponsabilidad del Gobierno Vasco y de su incapacidad para asumir sus propias competencias”.
De este modo, esta cifra irá aumentando progresivamente, por lo que, en tan solo tres años, habrá en Gipuzkoa cerca de 1.800 personas más en situación de pobreza, desprotección y riesgo de exclusión social.
“Saber que cada año 600 personas más caen en la pobreza en Gipuzkoa y no hacer nada para remediarlo no es sólo una irresponsabilidad política, es también una inmoralidad. Por eso nos vemos obligados a destinar parte del presupuesto foral a crear una red de cobertura social propia en Gipuzkoa, una competencia que no es nuestra, pero que demos asumir ante la inacción del Gobierno Vasco. Este Gobierno foral no va a quedarse de brazos cruzados ante el aumento de la pobreza. Gobernamos para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía guipuzcoana, para luchar contra la desigualdad, para procurar un mejor reparto de la renta existente, y lo hacemos con medidas como la reforma fiscal o la aprobación de este nuevo Decreto”, ha afirmado el diputado general.
En concreto, se trata de la Ayuda Económica de Inserción Social (que se venía pagando hasta ahora a quienes, cumpliendo el resto de requisitos de la RGI, no llegaban a un año de empadronamiento) y la Ayuda Económica Individual (una prestación antigua y de baja cuantía que ya fue eliminada en Bizkaia y Araba con la implantación de la RGI en la modalidad de complemento de pensiones).
En su lugar, se aprueba una única prestación, la Ayuda de Garantía de Ingresos, (AGI) que establece las mismas condiciones de acceso para todas las personas: cumplir los requisitos de la RGI, a excepción del periodo mínimo de empadronamiento, que, en este caso, será de seis meses.
De este modo, Rodríguez ha destacado que la Diputación Foral de Gipuzkoa dará cobertura a aquellas personas que necesiten de una ayuda social para vivir en el periodo en el que el Gobierno Vasco las ha excluido del sistema vasco de protección, esto es, entre los seis meses y los tres años de empadronamiento.
El importe de esta prestación variará entre los 600 y los 900 euros al mes, en función del número de miembros de la unidad familiar, lo que supone entre el 80 y el 120% del SMI.
La aplicación de esta nueva medida tendrá un coste muy importante que deberán asumir las arcas forales, dado que el Gobierno Vasco se ha inhibido de su responsabilidad. En concreto, el Departamento de Política Social ha estimado que deberá invertir más de 1,4 millones de euros este año, una cifra que superará los 5 millones en 2013 y los 8,3 en 2014, debido al incremento progresivo de personas que entrarán en el sistema de estas ayudas.
El diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, acompañado por el diputado de Política Social, Ander Rodríguez, ha presentado esta nueva iniciativa, con la que el Gobierno foral pretende “frenar la extensión de la pobreza en nuestro territorio y paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias que se derivan de la irresponsabilidad del Gobierno Vasco y de su incapacidad para asumir sus propias competencias”.
AUMENTA LA POBREZA EN GIPUZKOA
Garitano ha recordado que, el pasado mes de enero, el Gobierno Vasco endureció los requisitos para el acceso a la Renta de Garantía de ingresos con el aumento del tiempo obligatorio de empadronamiento de uno a tres años, lo cual supondrá la exclusión de miles de familias de la red de cobertura social. Según las estimaciones del Departamento de Política Social, tan solo en Gipuzkoa, alrededor de 600 personas se quedarán cada año sin esta prestación económica, que se concede a quienes carecen por completo de ingresos o no alcanzan el nivel suficiente para hacer frente a los gastos asociados a las necesidades básicas.De este modo, esta cifra irá aumentando progresivamente, por lo que, en tan solo tres años, habrá en Gipuzkoa cerca de 1.800 personas más en situación de pobreza, desprotección y riesgo de exclusión social.
“Saber que cada año 600 personas más caen en la pobreza en Gipuzkoa y no hacer nada para remediarlo no es sólo una irresponsabilidad política, es también una inmoralidad. Por eso nos vemos obligados a destinar parte del presupuesto foral a crear una red de cobertura social propia en Gipuzkoa, una competencia que no es nuestra, pero que demos asumir ante la inacción del Gobierno Vasco. Este Gobierno foral no va a quedarse de brazos cruzados ante el aumento de la pobreza. Gobernamos para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía guipuzcoana, para luchar contra la desigualdad, para procurar un mejor reparto de la renta existente, y lo hacemos con medidas como la reforma fiscal o la aprobación de este nuevo Decreto”, ha afirmado el diputado general.
EFECTO REBOTE
El diputado general ha lamentado, además, que una de las consecuencias de los recortes es el aumento de la presión que va a provocar en los servicios sociales que presta la Diputación de Gipuzkoa: “El Gobierno Vasco sabe perfectamente que, si no garantiza unos recursos mínimos para sobrevivir a las familias guipuzcoanas, los albergues, los centros de acogida de menores y los pisos de inserción social de nuestro territorio van a ir concentrando cada vez más y más gente, lo que supone un enorme coste para las arcas forales. El Ejecutivo de Patxi López está condenando a cientos de familias a la pobreza y eso va a tener un efecto rebote brutal sobre toda la red de servicios sociales de competencia foral y sobre toda la sociedad guipuzcoana. Por eso, vamos a actuar sobre las causas, y no sobre las consecuencias”.UN NUEVO DECRETO
Ante esta situación, el Departamento de Política Social ha elaborado un decreto que tiene como objeto ordenar el sistema de ayudas vigentes en Gipuzkoa, otorgarle coherencia, dirigiendo los recursos existentes a las personas excluidas por la actual regulación del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social, según ha precisado el diputado del ramo, Ander Rodríguez. Dicho decreto aúna dos ayudas existentes hasta el momento -que no se adecuan a la realidad actual-, y las sustituye por la nueva Ayuda de Garantía de Ingresos.En concreto, se trata de la Ayuda Económica de Inserción Social (que se venía pagando hasta ahora a quienes, cumpliendo el resto de requisitos de la RGI, no llegaban a un año de empadronamiento) y la Ayuda Económica Individual (una prestación antigua y de baja cuantía que ya fue eliminada en Bizkaia y Araba con la implantación de la RGI en la modalidad de complemento de pensiones).
En su lugar, se aprueba una única prestación, la Ayuda de Garantía de Ingresos, (AGI) que establece las mismas condiciones de acceso para todas las personas: cumplir los requisitos de la RGI, a excepción del periodo mínimo de empadronamiento, que, en este caso, será de seis meses.
De este modo, Rodríguez ha destacado que la Diputación Foral de Gipuzkoa dará cobertura a aquellas personas que necesiten de una ayuda social para vivir en el periodo en el que el Gobierno Vasco las ha excluido del sistema vasco de protección, esto es, entre los seis meses y los tres años de empadronamiento.
El importe de esta prestación variará entre los 600 y los 900 euros al mes, en función del número de miembros de la unidad familiar, lo que supone entre el 80 y el 120% del SMI.
| Unidad familiar | Importe de la AGI año 2012 | Respecto al SMI (641,40 € en 14 pagas) |
| 1 persona | 598,64 € | 80% |
| 2 personas | 748,30 € | 100% |
| 3 personas | 860,55 € | 115% |
| 4 o más personas | 897,96 € | 120% |
| Año | Gasto previsto | Nº de personas beneficiarias |
| 2012 | 1.441.062 € | 479 (junio-diciembre) |
| 2013 | 5.013.623 € | 1259 |
| 2014 | 8.319.194 € | 1754 |
PROCESO PARTICIPATIVO
Para llevar a cabo esta importante reforma del sistema de ayudas sociales en nuestro territorio, la Diputación Foral de Gipuzkoa quiere contar con la opinión y la participación de diferentes colectivos sociales y profesionales vinculados al sector. Por ello, la regulación de la AGI y su aplicación se va a someter a la consideración de los consejos asesores de Mayores e Inserción Social, así como representantes políticos/as y técnicos/as de Bienestar Social de todos los Ayuntamientos del Territorio. Las reuniones con estos colectivos tendrán lugar la próxima semana con todo el equipo de dirección del Departamento de Política Social.Publicado en Euskal Herria
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