28/05/2012 8:39:00
MADRID-. Una filtración al diario "El Mundo" puso sobre la mesa el intento del PP de modificar el censo de la Comunidad Autónoma Vasca mediante la inclusión de lo que denominan "exiliados" por la violencia de ETA. La propuesta no es nueva. De hecho, UPN ya registró a principios de enero una Proposición No de Ley con el mismo objetivo. Ahora, la formación que lidera Mariano Rajoy ha renovado su interés por una fórmula que, en última instancia, le permitiría alterar la correlación de fuerzas en Euskal Herria.
Para buscar un encaje legal a esta iniciativa, el Gobierno español tiene ya trabajando a un grupo de expertos del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), un organismo dependiente de Presidencia. Nadie ha logrado aclarar ni siquiera quiénes podrían acogerse a esta ampliación del número de votantes ni qué requisitos deberían cumplimentar. Pese a ello, ciertos sectores del unionismo cifran este colectivo en más de 300.000 personas.
Antonio Basagoiti, líder del PP en la CAV, es quien más empeño ha puesto en una treta que tampoco todo su partido ve con buenos ojos. Por el momento, el hermetismo rodea todo lo relacionado con la comisión que dará forma a la propuesta. No se han hecho públicos los nombres de los expertos que acompañarán a Fabio Pascua Mateo, el constitucionalista encargado de redactar el borrador.
A principios de enero, Carlos Salvador, diputado de UPN registró una proposición en la que se defendía el voto para "aquellas personas que tuvieron que dejar su tierra por la presión, el chantaje o las amenazas de ETA y su entorno". No era la primera ocasión en la que el partido que dirige Yolanda Barcina lanzaba una propuesta de este tipo.
Durante la anterior legislatura ya lo hizo, aunque fue rechazada en el Congreso. Ahora, su iniciativa está en trámite parlamentario. Lo que UPN pretende es que estas personas puedan votar en Hego Euskal Herria manteniendo su residencia actual, que sería confidencial.
Paradójicamente, en el momento en el que Salvador registró su propuesta, fuentes del PP reconocían a GARA las dificultades de llevarla adelante. Según estas fuentes, el partido que dirige Mariano Rajoy no la veía factible ante la imposibilidad de acreditar un censo real de lo que califican como "exiliados" por la violencia de ETA. También por esas fechas, en UPN se asumía que era el PP quien tenía la sartén por el mango, poniendo en duda que la modificación del censo electoral fuese una prioridad para el Gobierno español. Una sospecha confirmada desde el propio grupo parlamentario del PP en el Congreso, desde donde se reconocía la dificultad a la hora de contabilizar.
La apuesta de Basagoiti
Todo cambió cuando Antonio Basagoiti asumió estos planteamientos como propios. Un posicionamiento que, en un primer momento, no contó con la adhesión total del partido, ya que ciertos sectores seguían viendo muchas dificultades legales. No obstante, Basagoiti logró imponerse e incluyó este punto dentro de la ponencia política aprobada por el Congreso de la formación derechista celebrado el pasado mes de febrero.
Poco después, el Gobierno de Rajoy daba el primer paso para readecuar la Ley Electoral al intento de alteración del censo. En marzo, el Ministerio de Interior solicitó la redacción de un informe al CEPC, la entidad dependiente de Presidencia y encargada de realizar análisis políticos y jurídicos.
Está previsto que el 7 de junio se reúna un cónclave de expertos para evaluar el primer borrador. No obstante, no se han ofrecido más detalles sobre quién forma este equipo de quince personas que estará liderado por Fabio Pascua Mateo.
Aunque la elaboración del documento compete a CEPC, en realidad es Interior quien está gestionando todo el proceso. A finales de la semana pasada todavía no se habían confirmado todos los integrantes del equipo, que se conformaría al 50% por expertos propuestos por la institución de estudio y al otro 50% por los constitucionalistas dependientes de la cartera de Jorge Fernández Díaz.
Tampoco ha trascendido el borrador, aunque fuentes del CEPC confirmaron a GARA que la del 7 de junio podría ser solo la primera de una serie de reuniones, debido a la complejidad del tema. Teniendo en cuenta que las elecciones autonómicas en la CAV podrían adelantarse a otoño, el Ejecutivo español tendrá que pisar el acelerador si quiere manipular el censo antes de esos comicios.
Curiosamente, ni siquiera su página web, donde se incluyen todos los eventos programados, ha añadido la cita del 7 de junio. La ponencia tendrá como título "Residencia y derecho de sufragio. Análisis del caso vasco" y será redactada por Fabio Pascua Mateo, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense y con gran experiencia en legislación electoral.
Baile de cifras
El propio ministro español de Interior asumió las dificultades para certificar quién podría sumarse a este nuevo censo, si mantendría su domicilio actual o si también se le permitiría votar en su lugar de residencia, lo que posibilitaría que votasen dos veces. El número de personas calificadas como "exiliados" por la violencia de ETA es también otra de las incógnitas. El PP las ha cifrado en más de 300.000. Una estimación que defiende en público, aunque luego, en privado, destacados miembros de la formación asumen que la tesis no se sostiene. El Foro de Ermua rebaja este censo a los 200.000, mientras que el Gobierno de Lakua cifra en 100.000 el número de habitantes de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba que habrían dejado estos territorios. Desde Zaitu, organización que agrupa a "amenazados por ETA", se llega a rebajar la cifra de quienes podrían acreditar lo que estipularía la ley a tan solo medio centenar.
GARA >
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