Manifestación feminista en La Laguna (Tenerife), en favor del aborto libre. (Foto de Archivo) DESIREE MARTÍN
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Los ajustes económicos del Gobierno de Mariano Rajoy perjudican "de forma desproporcionada" los derechos de los españoles, especialmente, los de los grupos más desfavorecidos: "los pobres, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los desempleados, las personas mayores, los gitanos, los migrantes y los solicitantes de asilo".
Así lo ha manifestado, en su último informe, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de la ONU, que ante la denuncia de una veintena de ONG, muestra su "preocupación" por los efectos que "las medidas de austeridad adoptadas por el Estado" están teniendo en los derechos humanos de la población, incluido el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
En consecuencia, el CESCR, que tiene como objetivo supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte de los Estados (PIDESC), solicita al Gobierno que tome "las medidas apropiadas para proteger el contenido esencial (del pacto) en cualquier circunstancia".
La Reforma Laboral y las medidas de ahorro en Sanidad y Educación, así como los recortes en Igualdad, Violencia de Género y Ayuda al Desarrollo son las cuestiones principales en las que las Naciones Unidas han puesto su punto de mira.
En lo que respecta al aborto, el informe señala "las dificultades encontradas por las mujeres, en función de su lugar de residencia, para acceder al aborto de conformidad con la Ley Orgánica 2/2010 del 3 de marzo de 2010". A ello se une, además, el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de recuperar la ley anterior y las últimas noticias sobre la posible exclusión del aborto voluntario de la cartera básica de servicios sanitarios.
"Que la objeción de conciencia no constituya un obstáculo para las mujeres", solicita la ONU
Por todo ello, el Comité insta al Ejecutivo del PP a "adoptar un procedimiento básico común a todas las comunidades para garantizar un acceso equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo para asegurar que el ejercicio de la objeción de conciencia no constituya un obstáculo para las mujeres que quieran poner fin a un embarazo". "Y prestando una atención especial a la situación de las adolescentes y mujeres migrantes", añade el Comité.
Las personas (in)migrantes son también protagonistas de las recomendaciones de la ONU. Ellas, unidas a la población gitana, las personas con discapacidad, son objeto "discriminación" en diversas áreas. En este sentido, el CESCR solicita que se apruebe, de una vez por todas, la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que no llegó a salir adelante en la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.
En este sentido, el comité insta a la ministra de Sanidad, Ana Mato, a "asegurar el principio de universalidad de las prestaciones sanitarias, las reformas adoptadas no limiten el acceso de las personas que residen en el Estado parte (España) a los servicios de salud, cualquiera sea su situación legal".
Por otro lado, el informe hece referencia a la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y solicita "dar pleno efecto a las nuevas regulaciones para mejorar las condiciones de vida" dentro de dichas instalaciones. Además, el Comité critica el tijeretazo del Gobierno de Rajoy en las partidas de los Presupuestos Generales del Estado en Cooperación y Ayuda al Desarrollo y le empuja a elevar dicha cifra "a un nivel no menor al 0,7% de la Renta Nacional Bruta".
En Educación, el Comité considera las medidas del ministro José Ignacio Wert "regresivas" porque ponen en riesgo "el acceso de las personas y grupos desfavorecidos a la educación universitaria". Además, se muestra preocupado por las altas tasas de abandono escolar temprano. Por todo ello, pide al Gobierno "asegurar una inversión económica y presupuestaria sostenida y suficiente en educación, que sirva para garantizar la calidad y las condiciones de igualdad para todos los niños y niñas".
Por último, el constante aumento del paro -sobre todo, el juvenil-, del número de desahucios y de población en riesgo de exclusión y pobreza -especialmente entre los menores de edad - son otras de las preocupaciones de la ONU.
En consecuencia, el CESCR recomienda a España "proteger los derechos laborales de los trabajadores", "facultar la dación de la vivienda en pago y aumentar la oferta de vivienda social" y adoptar un programa nacional de lucha integral contra la pobreza "que incluya medidas específicas y estrategias para mitigar los efectos de la crisis".
Así lo ha manifestado, en su último informe, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de la ONU, que ante la denuncia de una veintena de ONG, muestra su "preocupación" por los efectos que "las medidas de austeridad adoptadas por el Estado" están teniendo en los derechos humanos de la población, incluido el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
En consecuencia, el CESCR, que tiene como objetivo supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte de los Estados (PIDESC), solicita al Gobierno que tome "las medidas apropiadas para proteger el contenido esencial (del pacto) en cualquier circunstancia".
La Reforma Laboral y las medidas de ahorro en Sanidad y Educación, así como los recortes en Igualdad, Violencia de Género y Ayuda al Desarrollo son las cuestiones principales en las que las Naciones Unidas han puesto su punto de mira.
El informe constata que sigue existiendo la brecha salarial y el techo de cristal
Así, aunque el Comité "expresa su satisfacción" por la aplicación de las leyes de Igualdad y Violencia de Género, así como los planes contra la trata de personas con fines de explotación sexual, también muestra su preocupación por la "persistencia de altos niveles de violencia de género" y la permanencia "de ciertos estereotipos que siguen impidiendo que las mujeres disfruten, en igualdad de condiciones que los hombres, del derecho al trabajo".En lo que respecta al aborto, el informe señala "las dificultades encontradas por las mujeres, en función de su lugar de residencia, para acceder al aborto de conformidad con la Ley Orgánica 2/2010 del 3 de marzo de 2010". A ello se une, además, el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de recuperar la ley anterior y las últimas noticias sobre la posible exclusión del aborto voluntario de la cartera básica de servicios sanitarios.
"Que la objeción de conciencia no constituya un obstáculo para las mujeres", solicita la ONU
Por todo ello, el Comité insta al Ejecutivo del PP a "adoptar un procedimiento básico común a todas las comunidades para garantizar un acceso equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo para asegurar que el ejercicio de la objeción de conciencia no constituya un obstáculo para las mujeres que quieran poner fin a un embarazo". "Y prestando una atención especial a la situación de las adolescentes y mujeres migrantes", añade el Comité.
Las personas (in)migrantes son también protagonistas de las recomendaciones de la ONU. Ellas, unidas a la población gitana, las personas con discapacidad, son objeto "discriminación" en diversas áreas. En este sentido, el CESCR solicita que se apruebe, de una vez por todas, la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que no llegó a salir adelante en la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.
En este sentido, el comité insta a la ministra de Sanidad, Ana Mato, a "asegurar el principio de universalidad de las prestaciones sanitarias, las reformas adoptadas no limiten el acceso de las personas que residen en el Estado parte (España) a los servicios de salud, cualquiera sea su situación legal".
Por otro lado, el informe hece referencia a la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y solicita "dar pleno efecto a las nuevas regulaciones para mejorar las condiciones de vida" dentro de dichas instalaciones. Además, el Comité critica el tijeretazo del Gobierno de Rajoy en las partidas de los Presupuestos Generales del Estado en Cooperación y Ayuda al Desarrollo y le empuja a elevar dicha cifra "a un nivel no menor al 0,7% de la Renta Nacional Bruta".
En Educación, el Comité considera las medidas del ministro José Ignacio Wert "regresivas" porque ponen en riesgo "el acceso de las personas y grupos desfavorecidos a la educación universitaria". Además, se muestra preocupado por las altas tasas de abandono escolar temprano. Por todo ello, pide al Gobierno "asegurar una inversión económica y presupuestaria sostenida y suficiente en educación, que sirva para garantizar la calidad y las condiciones de igualdad para todos los niños y niñas".
Por último, el constante aumento del paro -sobre todo, el juvenil-, del número de desahucios y de población en riesgo de exclusión y pobreza -especialmente entre los menores de edad - son otras de las preocupaciones de la ONU.
En consecuencia, el CESCR recomienda a España "proteger los derechos laborales de los trabajadores", "facultar la dación de la vivienda en pago y aumentar la oferta de vivienda social" y adoptar un programa nacional de lucha integral contra la pobreza "que incluya medidas específicas y estrategias para mitigar los efectos de la crisis".
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