Ayer conocíamos la cifra que, de momento, vamos a tener que pagar para "rescatar" a Bankia: 7.500 millones de euros a sumar a los 4.500 millones que ya recibió la entidad en 2010. De momento no tenemos noticia de que se vaya a abrir una comisión de investigación para depurar responsabilidades por el desfalco. Y mucho menos responsabilidades penales por el perjuicio que la irresponsabilidad de estos gestores ha ocasionado a la economía española (a pesar de que el Código Penal recoge esta figura).
También sabemos que José Luis Olivas ha presentado su dimisión como presidente de Bancaja. Tampoco dará explicaciones de nada ni ante nadie. Pero como toda situación es susceptible de empeorar, el sustituto de Olivas al frente de la entidad valenciana será su vicepresidente Antonio Tirado, que está imputado por los supuestos delitos de falsedad contable, administración desleal, y delito societario junto a otros miembros del consejo de administración del Banco de Valencia, entre ellos el propio José Luis Olivas. El hurto, la burla, el escarnio, parece no tener fin. Uno de los culpables del desfalco de Bankia, imputado por otros delitos presenta su dimisión, y lo sustituye otro de los culpables que también está imputado por delitos "bancarios".Y esto ocurre con total normalidad; no se ha producido ningún revuelo político ni mediático. Hace muchos años que hemos asumido con total normalidad lo inaceptable, y ahora nos está pasando factura.
Como todavía no teníamos suficiente, la Fiscalía ha archivado la investigación abierta contra Carlos Dívar por un presunto delito de malversación de caudales públicos. En realidad no se ha querido investigar. La denuncia la presentó el vocal José Manuel Gómez Benítez después de haber detectado hasta veinte viajes del Presidente del Tribunal Supremo y el CGPJ por importe de casi 13.000 euros que habría cargado a las arcas públicas. Las diligencias se han archivado porque las normas del Consejo General del Poder Judicial no obligan a detallar las actividades que se van a realizar para justificar los desplazamientos. O dicho de otra manera, que la élites judiciales se pueden gastar el dinero público, el de todos nosotros, sin dar eplicaciones a nadie de en qué se lo gastan. Ya no hay ninguna institución en el país que no esté bajo sospecha.
Pero no siempre es tan benevolente la Justicia. Que se lo pregunten a los mineros para los que la Fiscalía de Asturias pide nueve meses de cárcel y una multa de 2.700 euros por cortar el tráfico durante las huelgas mineras de 2010. Cometieron el delito de defender su puesto de trabajo y el futuro de sus hijos. Unas huelgas mineras que están a punto de repetirse de nuevo debido a la retirada de las Ayudas a la Minería por parte del gobierno Rajoy. Auguro que los Juzgados van a tener bastante trabajo.
Termino con un dato que nos enfrenta con la dura realidad de nuestro país y el negro futuro que nos espera de no cambiar radicalmente la dirección que llevamos. Según un informe presentado por UNICEF llamado "Infancia en España", casi 2,2 millones de niños viven por debajo del umbral de la pobreza en España. Son 205.000 menores más que hace dos años. Unicef-España alerta que por primera vez los menores se convierten en el colectivo más pobre en el país y en el más afectado por la crisis económica. De los 27 países que forman la Unión Europea sólo nos superan Rumanía y Bulgaria. Esta es la realidad de España. Estos son los resultados de las "políticas de auteridad", de los recortes del gasto público, de los recortes de servicios sociales, del abandono de las políticas de infancia, de los planes contra la pobreza, de la Sanidad, la Educación, de la privatización del Estado del Bienestar, etc..,etc. Esta es la realidad que no quiere ver el gobierno, ni la Patronal, ni la Banca, ni los medios de "desinformación". Estos 2,2 millones de niños, o los 11,5 millones de personas en riesgo de pobreza, las familias desahuciadas, o el incremento de los suicidios, son invisibles para los ojos de las élites políticas que imponen sin la más mínima compasión sus medidas de recortes sociales a la ciudadanía, siguiendo las órdenes de los poderes económicos y financieros que pretenden que el sufrimiento de los más desfavorecidos se traduzca en un incremento de sus beneficios. ¡Valientes miserables!.
Con este panorama es imposible no rebelarse, y esa rebelión popular llegará tarde o temprano. Son ya demasiadas las humillaciones que las clases populares estamos recibiendo.
Hay más de 200 mil niños más en el umbral de la pobreza en España
La Directora Ejecutiva de UNICEF España; Paloma Escudero, presenta los datos del segundo informe sobre la Infancia en España.
.- En España, casi 2.200.000 niños viven por debajo del umbral de la pobreza , siendo el colectivo más afectado por la crisis económica, según recoge un informe elaborado por UNICEF España que ha sido presentado hoy. La pobreza infantil, estabilizada durante años en torno al 24% de la población menor de edad, ha superado el 26%, un porcentaje que está casi cinco puntos por encima de la media nacional en 2011 y que nunca se había alcanzado para esta franja de edad desde que existe la Encuesta de Condiciones de Vida (2004).
UNICEF calcula que la pobreza afecta ya en España a 2,2 millones de niños
Casi 2,2 millones de niños viven por debajo del umbral de la pobreza en España (menos del 60 por ciento de la mediana de los ingresos anuales por hogar)...
Agencias
En cuanto a persistencia e intensidad de la pobreza, la pobreza crónica ha aumentado en un 53 por ciento en tres años (aquellos que llevan tres de los cuatro últimos años bajo el umbral de la pobreza). Otro dato destacable es que en 2010 el 13,7 por ciento de los niños vivía en hogares con un nivel de pobreza alta (familia con dos niños menores de 14 años con ingresos inferiores a 10.983 euros anuales), siendo la cifra más elevada de todos los países de la Unión Europea de los 15, y sólo por debajo de Rumanía y Bulgaria en la Europa de los 27.
Por otro lado, el número de familias con bajos ingresos que reciben ayuda de la Seguridad Social por cada hijo a cargo se sitúa en más de un millón en 2011, lo que ha supuesto un crecimiento de casi 100.000 en los últimos dos años. Estos datos han producido, según Unicef, que haya un cambio en las costumbres de consumo, afectando en un primer momento a actividades de ocio pero que se ha extendido también a la educación de los niños, la participación en actividades extraescolares y finalmente a gastos relacionados con la alimentación.
La directora ejecutiva de Unicef España, Paloma Escudero, ha señalado que es "imprescindible mirar más allá del corto plazo y analizar detenidamente el posible impacto presente y futuro de las decisiones que se tomen en cada momento".
"Los costes de no actuar ahora no sólo afectan a los niños y las familias más vulnerables sino que comprometen el crecimiento y el bienestar de toda la sociedad a medio y largo plazo", ha subrayado Escudero.
RECUPERAR EL ROSTRO HUMANO
Por ello, la organización propone recuperar el rostro humano del impacto que la crisis económica esta suponiendo en la infancia, cuando son los últimos responsables de esta coyuntura y los que menor capacidad tienen para enfrentarse a sus consecuencias.
Así, en el factor psicológico de la situación económica el texto presentado por Unicef destaca que los niños perciben y en ocasiones sufren el incremento de estress de los adultos, que se incrementa el nivel de tensión en las relaciones intrafamiliares y que se modifican las expectativas de futuro de padres e hijos, lo que provoca que cambien los roles de los adultos y muchos de los niños se sientan culpables de la situación creada.
Para Unicef estas cifras hacen "necesario" proteger los derechos de los niños y defiende que el coste de oportunidad social y económico de no intervenir a medio y largo plazo es "muy alto". De este modo, señala que es "urgente e importante" apostar por la infancia y pide que las políticas de la infancia vuelvan a la agenda política porque la apuesta por este colectivo es "estratégica y conservadora".
En este sentido, Escudero ha pedido a los mandatarios "tomar de ejemplo" el trabajo con otros colectivos como la tercera edad o las víctimas de violencia de género para mejorar los derechos de la infancia. "Se ha comprobado que con políticas adecuadas la situación de estos colectivos ha mejorado cuando se han incluido en la agenda política", ha explicado.
Así, entre las propuestas de Unicef para realizar estas políticas se encuentra la protección de las inversiones destinadas a la infancia; situar a los niños y sus familias en el núcleo de las decisiones políticas; mejorar la coordinación, la eficacia y la coherencia en la gestión de la salud, la educación, la protección de la infancia y la lucha contra la pobreza, así como elaborar un Plan Nacional contra la Pobreza Infantil.
Esta cifra supone 205.000 menores más que hace dos años, según el informe 'Infancia en España 2012-2013' presentado este lunes por Unicef España, que alerta de que por primera vez los menores se convierten en el colectivo más pobre en el país y en el más afectado por la crisis económica.
En este sentido, subraya que la pobreza infantil, estabilizada durante años en torno al 24 por ciento de la población menor de edad, ha superado el 26 por ciento, un porcentaje que está casi cinco puntos por encima de la media nacional en 2011 y que nunca se había alcanzado para esta franja de edad desde que existe la Encuesta de Condiciones de Vida (2004). Además, destaca que el número de hogares con niños con todos sus miembros adultos sin trabajo ha crecido un 120 por ciento entre 2007 y 2010, casi dos veces más que el total de hogares.En cuanto a persistencia e intensidad de la pobreza, la pobreza crónica ha aumentado en un 53 por ciento en tres años (aquellos que llevan tres de los cuatro últimos años bajo el umbral de la pobreza). Otro dato destacable es que en 2010 el 13,7 por ciento de los niños vivía en hogares con un nivel de pobreza alta (familia con dos niños menores de 14 años con ingresos inferiores a 10.983 euros anuales), siendo la cifra más elevada de todos los países de la Unión Europea de los 15, y sólo por debajo de Rumanía y Bulgaria en la Europa de los 27.
Por otro lado, el número de familias con bajos ingresos que reciben ayuda de la Seguridad Social por cada hijo a cargo se sitúa en más de un millón en 2011, lo que ha supuesto un crecimiento de casi 100.000 en los últimos dos años. Estos datos han producido, según Unicef, que haya un cambio en las costumbres de consumo, afectando en un primer momento a actividades de ocio pero que se ha extendido también a la educación de los niños, la participación en actividades extraescolares y finalmente a gastos relacionados con la alimentación.
La directora ejecutiva de Unicef España, Paloma Escudero, ha señalado que es "imprescindible mirar más allá del corto plazo y analizar detenidamente el posible impacto presente y futuro de las decisiones que se tomen en cada momento".
"Los costes de no actuar ahora no sólo afectan a los niños y las familias más vulnerables sino que comprometen el crecimiento y el bienestar de toda la sociedad a medio y largo plazo", ha subrayado Escudero.
RECUPERAR EL ROSTRO HUMANO
Por ello, la organización propone recuperar el rostro humano del impacto que la crisis económica esta suponiendo en la infancia, cuando son los últimos responsables de esta coyuntura y los que menor capacidad tienen para enfrentarse a sus consecuencias.
Así, en el factor psicológico de la situación económica el texto presentado por Unicef destaca que los niños perciben y en ocasiones sufren el incremento de estress de los adultos, que se incrementa el nivel de tensión en las relaciones intrafamiliares y que se modifican las expectativas de futuro de padres e hijos, lo que provoca que cambien los roles de los adultos y muchos de los niños se sientan culpables de la situación creada.
Para Unicef estas cifras hacen "necesario" proteger los derechos de los niños y defiende que el coste de oportunidad social y económico de no intervenir a medio y largo plazo es "muy alto". De este modo, señala que es "urgente e importante" apostar por la infancia y pide que las políticas de la infancia vuelvan a la agenda política porque la apuesta por este colectivo es "estratégica y conservadora".
En este sentido, Escudero ha pedido a los mandatarios "tomar de ejemplo" el trabajo con otros colectivos como la tercera edad o las víctimas de violencia de género para mejorar los derechos de la infancia. "Se ha comprobado que con políticas adecuadas la situación de estos colectivos ha mejorado cuando se han incluido en la agenda política", ha explicado.
Así, entre las propuestas de Unicef para realizar estas políticas se encuentra la protección de las inversiones destinadas a la infancia; situar a los niños y sus familias en el núcleo de las decisiones políticas; mejorar la coordinación, la eficacia y la coherencia en la gestión de la salud, la educación, la protección de la infancia y la lucha contra la pobreza, así como elaborar un Plan Nacional contra la Pobreza Infantil.
Publicado en Derechos Humanos
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