« En el día de hoy, el PP se dispone a abolir la democracia en Hegoalde.

El PP baraja abrir el voto a quien haya residido en la CAV o Nafarroa “un determinado tiempo”
La alteración del censo electoral incluirá a todos los que se han ido de Euskadi, aunque no fuera por ETA

« En el día de hoy, el PP se dispone a abolir la democracia en Hegoalde.

Como es muy complejo determinar quién abandonó la CAV o Nafarroa por la presión de ETA, los expertos académicos a los que el Gobierno español ha encargado elaborar un informe sobre el voto exiliado apuestan por que tengan derecho a sufragio “todos los electores que, habiendo residido durante un determinado tiempo en el País Vasco o Navarra, se hayan trasladado a cualquier otro lugar del territorio nacional con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma”.

En virtud de esta propuesta inicial, los antiguos habitantes de Hegoalde dispondrían de entre tres y seis meses desde que entrara en vigor la reforma de la Ley Electoral para solicitar “por una sola vez”, y de manera irrevocable, su cambio “ante la Oficina del Censo Electoral” para ejercer el derecho al voto en Euskadi. Lo harían, según la ponencia del profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense Fabio Pasqua, “mediante un formulario tipo que pudiera facilitárseles”. Gracias al mismo, serían “incluidos en la sección del Censo correspondiente en su último domicilio acreditado en la CAV o Navarra, con la correspondiente baja en la sección censal de su domicilio actual y con validez para todos los procesos electorales”.

El informe Pasqua, de 22 páginas y que recibió “felicitaciones casi unánimes del grupo de 20 expertos convocados” por Interior a la jornada a puerta cerrada Residencia y Derecho de Sufragio. Análisis del caso vasco, se hace eco de la principal dificultad de este debate desde que fue impulsado por el presidente del PP en la CAV, Antonio Basagoiti: cómo determinar y demostrar quién abandonó estos territorios por presión o amenaza de ETA.

“Todos los electores” Ante esta traba, Pasqua recomendó en la jornada celebrada en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que deben ser “todos los electores que hayan estado avecindados en el País Vasco o Navarra y posteriormente se hayan desplazado a otra parte del territorio nacional”, ya que sobre la mesa está “la dificultad de probar las razones que llevaron al abandono del domicilio en el País Vasco, así como por imperativos constitucionales derivados del derecho a no responder sobre la propia ideología, religión o creencias”.

Esta propuesta de reforma realizada por el profesor titular de Derecho Administrativo de la Complutense y letrado de las Cortes Generales deberá volver al Ministerio del Interior dirigido por Jorge Fernández Díaz. Éste será el responsable de tramitarla como considere oportuno -lo más probable es que sea por el trámite de urgencia-. La iniciativa está planteada ad hoc para Euskadi y ya prevé “la reacción política que pueda suscitarse”.

Y es que el informe Pasqua advierte de que, dado el perfil ideológico que predomina en la diáspora vasca que se vería afectada por esta modificación, sería presumible que surja oposición a una reforma de tal calado, incluso con recursos ante el Tribunal Constitucional, ya que, según reconocen varias fuentes parlamentarias consultadas por este diario, se vulneraría el principio de igualdad electoral. Ello se debe a que no se podrían acoger a estos cambios, por ejemplo, aquellos gallegos que residan en Madrid o vallisoletanos que se hayan trasladado a Barcelona.

Aun así, la ponencia no obvia la justificación que pretende darle el PP a estas modificaciones y reconoce que “aunque son muchas las ciudades españolas donde se han cometido atentados”, ha sido en la CAV y Nafarroa donde “el ambiente y la presión social han podido ser tan intensos como para impulsar la marcha de ciudadanos por razones políticas”.

Una de las claves a definir, según recoge Europa Press, es establecer “una fecha límite de salida del País Vasco o Navarra”. Ante esto, se contempla como “razonable” que se puedan acoger todos aquellos que abandonaron estos territorios antes de la declaración de cese definitivo de la violencia que hizo ETA el 20 de octubre de 2011, aunque el ponente se cubre las espaldas al afirmar que esta fecha “supondría tal vez dar excesiva validez a los comunicados de un grupo terrorista, por lo que bien pudiera escogerse otro momento más neutral”.

Tras insistir en que es una reforma con encaje legal en la Constitución española y en los Estatutos de la CAV y Nafarroa, el impulsor de la ponencia admite que existen “importantes diferencias a tenor de los distintos procesos electorales”. La “complejidad adicional” se presentaría únicamente en los comicios autonómicos, también regulados por los respectivos estatutos. Aun así, el ponente afirma que la Ley Electoral dota de suficientes competencias para regular los cambios “con carácter vinculante para los legisladores autonómicos”.

Sin cifras Por su parte, el Gobierno español “tiene plena voluntad de sacar adelante” la iniciativa sobre el voto exiliado “si los expertos concluyen que es viable en términos jurídico-constitucionales”. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, encargó ayer de manera oficial y solemne al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) -dependiente de La Moncloa- que elabore un informe sobre la posibilidad de incrementar el censo electoral de Euskadi.

El objetivo que trasladó a los profesores universitarios y expertos es que el ordenamiento jurídico “repare la injusticia que supone para muchos ciudadanos no poder participar en las elecciones que se celebran en el País Vasco por haberse visto obligados a trasladar su residencia debido a la acción terrorista de ETA”.

Fernández Díaz, que pronunció el discurso de apertura de la jornada Residencia y Derecho de Sufragio. Análisis del caso vasco, no entró en cifras de cuántos serían los que podrían acogerse a tan sustantivo cambio de la Ley Electoral. Y así lo trasladó a los expertos al señalar que el encargo que hizo ayer en nombre de Mariano Rajoy no estaba “condicionado por ningún elemento cuantitativo, sino por una exigencia cualitativa”.

El titular español del Interior se quedó en la fórmula de “muchos ciudadanos” y evitó concretar un número de posibles beneficiarios como el de 309.000 que aireó el líder de los populares vascos, Antonio Basagoiti, porque, según reconocen fuentes de la formación, puede “distorsionar el debate”. Interior pretende, según su máximo responsable, “reparar” y dar “respuesta a intolerables situaciones de mutilación de derechos”, aunque jurídicamente sea harto complicado.