La situación es "insostenible" y la prima de riesgo "inabordable". Quien, el pasado viernes, realizaba este diagnóstico acerca del crítico momento que atraviesa el Estado español no era ningún economista crítico, ni un político de la oposición interesado en contribuir al desgaste del Gobierno. El reconocimiento lo hacía el mismísimo ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo. La coyuntura, ciertamente, justificaba la inusual sinceridad del miembro del Gabinete ultraconservador. La semana pasada se cerraba con la economía española al borde del abismo.
Después de que el Eurogrupo diera luz verde al rescate de las entidades financieras ibéricas, y la Generalitat Valencia solicitara el rescate del Fondo de Liquidez Autonómica, la prima de riesgo - el diferencial exigido a la deuda española a diez años con respecto a la alemana - superaba por primera vez en la era del euro los 600 puntos básicos, cerrando el día en 610. Por encima del nivel al que Grecia, Irlanda y Portugal pidieron la intervención a la Unión Europea. Al mismo tiempo, la bolsa se desplomaba casi el 6%, sufriendo el mayor descalabro desde mayo de 2010.
LA INTERVENCIÓN TOTAL DE ESPAÑA PRÁCTICAMENTE INEVITABLE Los devastadores efectos que el nivel de la prima de riesgo tendrá en las cuentas públicas los reconocía el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En el presente año, los fondos destinados a pagar los intereses de la Deuda pública ascienden a 28.913 millones de euros. En 2013, según los datos ofrecidos por Montoro, serán 39.000 millones de un total de 126.792 millones que gastará el Estado. Es decir, que será la partida de Gasto más relevante del Estado. Este tremendo desembolso, con todo, no impedirá que la Deuda - que en el primer trimestre de 2012 aumentó un 13,2% hasta llegar al 72,1% - continúe incrementándose.
Definitivamente, el margen de maniobra del Ejecutivo de Mariano Rajoy parece haberse terminado. Ni el acatamiento más dócil de las políticas de "austeridad" neoliberal impuestas por la Troika ha servido para que los grandes especuladores de los mercados financieros le den un respiro. No hay dinero para España, salvo a unos intereses usurarios inasumibles, por lo que la intervención total del país empieza a dibujarse como una opción cada vez más cercana.
¿CÓMO NOS AFECTARÍA LA INTERVENCIÓN?
Si, como todo parece indicar, el rescate llega a producirse, los leoninos recortes y ajustes aplicados hasta el momento por Rajoy y por su antecesor en el cargo, José Luis Rodríguez Zapatero, parecerán pecata minuta en comparación con las nuevas condiciones que sufrirán los españoles.
El rescate vendría acompañado de las siguientes medidas.
1. Un nuevo aumento del IVA que, según ha "aconsejado" la UE, supondría en este caso suprimir gran parte de los tipos reducidos (8%) y superreducidos (4%) que se aplican a algunos productos de primera necesidad.
2. Otra rebaja de las cotizaciones sociales. Es decir, una disminución del salario diferido de los trabajadores.
3. La reducción del salario de los funcionarios, pero también del número de estos trabajadores. Se estima que se podría imponer el despido de al menos medio millón de empleados públicos.
4. Una reducción significativa del conjunto del sector público y, particularmente, del presupuesto dedicado a las comunidades autónomas.
5. Pensiones y prestaciones por desempleo más bajas.
6. Una mayor precarización en el sector privado, con menores sueldos e indemnizaciones por despido.
7. Aceleración del proceso, ya en curso, de privatización de empresas públicas.
8. Retraso de la edad de jubilación; al menos hasta los 67 años.
9. Copago sanitario en los principales servicios del SNS. Actualmente, los portugueses están obligados a pagar 20 euros por recibir atención en Urgencias, mientras que los griegos deben pagar 3 euros cada vez que acuden al médico.
10. Menos becas en educación.
11. Aumentos de la tarifa eléctrica, imposición de peajes y aumento de otros impuestos especiales.
Estas, y otras medidas, no tendrían más finalidad que garantizar los pagos de la Deuda a los acreedores internacionales. Tras la intervención, sin embargo, la Troika - representante directa de dichos acreedores - pasaría a gobernar directamente el Estado español. Ya sin los intermediarios del PP o el PSOE que hasta el momento habían desempeñado el papel de testaferros de sus intereses.
Para tratar de evitar el rescate del país, el Gobierno de Mariano Rajoy y miembros destacados del PP realizaban este fin de semana un desesperado llamamiento al Banco Central Europeo, Primero era el ministro García-Margallo quien reclamaba su urgente intervención. El sábado, el vicesecretario general del Partido Popular, Esteban González Pons, volvía a solicitar el auxilio con notable dosis de victimismo. "En manos del BCE está cortar el juego de los especuladores con la prima de riesgo española a partir de mañana -lunes-, y si no se acaba el lunes, es porque el Banco Central Europeo no quiere, o dicho de otra manera, porque alguien no quiere que el BCE quiera" - aseguraba Pons.
La contestación del presidente de la entidad europea, Mario Dragui, no pudo ser más rápida y contundente: "El BCE no está para resolver los problemas financieros de los Estados". Y, por si el mensaje no hubiera quedado suficientemente claro, el ministro alemán de Economía, Philipp Rosler, no tardaba en ratificarlo, al rechazar la posibilidad de que el Banco Central Europeo pudiera comprar Deuda española. "El cometido del BCE no es resolver estos asuntos- dijo el miembro del Ejecutivo de Angela Merkel - sino velar por la estabilidad de precios y de la situación monetaria, por lo que no debe haber nuevas compras de deuda soberana".
Por Arturo Inglott - Canarias Semanal


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