La principal iniciativa para privatizar la gestión del agua llegó por parte de los servicios de privatización en el marco de las condiciones de ayuda financiera de la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), la llamada Troika.
En el caso de Grecia, los requisitos incluyen la privatización de numerosos organismos públicos, incluida la privatización total de los servicios de agua de Atenas y Tesalónica. En Portugal, la Troika prevé la venta de grandes segmentos del sector público, planteándose la privatización de Águas de Portugal.
La Comisión Europea y el BCE pidieron a Italia que programara la privatización y liberalización del agua, aun cuando el país se pronunciara en referéndum, y por abrumadora mayoría, contra ambas.
En una carta dirigida a Olli Rehn, Vicepresidente de la Comisión Europea y miembro de la Comisión responsable de Asuntos Económicos y Monetarios, por 24 grupos, entre ellos Food & Water Europe, Save Greek Water, Italian Forum of Water Movements y Blue Planet Project, señalan que los planes de privatización se basan en las supuestas virtudes de la gestión privada de los servicios, lo cual no tiene justificación objetiva.
Debido a los problemas en la gestión privada de los servicios municipales de agua, muchos municipios de la Unión Europea están volviendo a una gestión municipal. La carta enviada ayer miércoles es respuesta a otra carta recibida el 26 de septiembre por parte de Rehn, en la que establece las condiciones de privatización de este servicio.
“Esto demuestra cómo la Comisión ha perdido el contacto con la realidad. Sus argumentos ideológicos no se basan en hechos justiciados y se llega al extremo de ignorar la voluntad democrática de los ciudadanos”, dijo Grabiella Zanzanaini, Directora de Asuntos Europeos de Food & Water Europa.
“Le solicitamos que garantice que la Comisión Europea retire estas demandas y se abstenga de cualquier presión adicional para imponer las condiciones de privatización del agua en Grecia, Portugal y cualquier otra país miembro de la UE. Esta presión es inaceptable, antidemocrática y contraria a los tratados de la UE, y debe cesar de forma inmediata”.
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