Este 6 de diciembre es un buen día no para "celebrar" el Día de la Constitución Española sino para confirmar su defunción. Es un buen día para constatar que en este país ninguno de los gobiernos - ni autonómicos ni estatales - cumplen la Leyes Constitucionales excepto en aquellos casos en los que los beneficiados son los poderosos. La Constitución es utilizada, manipulada, violada, o cambiada unilateralmente para beneficiar a la burguesía, nunca para garantizar los derechos y el bienestar de los trabajadores y las clases populares. Siempre ha sido así, pero en estos momentos la evidencia es clamorosa.
España no es un "Estado social y democrático de Derecho", como dice su artículo primero. Dejemos esto claro. En España la soberanía reside en los Bancos y en el IBEX 35. La democracia ha sido sustituída por la dictadura de los mercados. El Estado de Derecho se ha sustituído por las Leyes del mercado. La Justicia no "es igual para todos" (el Rey miente y lo sabe). Las personas nos hemos convertido en mercancía de usar y tirar al capricho de la burguesía. Nuestros derechos sociales se han convertido en un negocio con el que especular. Por no haber no hay ni Estado. El Estado español no es dueño de nuestros recursos económicos, ni de los recursos naturales, ni de la Banca, ni tiene soberanía monetaria, ni interviene en la planificación de la economía, ni garantiza el Estado del Bienestar. En España el Estado se limita a ser un enorme aparato burocrático de recaudación y represión. Es el encargado de recaudar nuestros impuestos para entregárselos a los Bancos y de utilizar los aparatos represivos del Estado para reprimir a los ciudadanos que protestan ante tanto escarnio y tanto expolio publico. Estas son las reglas del capitalismo.
La Constitución es papel mojado, pura retórica utilizada por quienes cínicamente dicen defenderla. Esto se puede comprobar fácilmente, por ejemplo repasando el Artículo 31.1 que habla de "un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad", en un país que ofrece reducciones, exenciones y bonificaciones fiscales a grandes empresas y grandes fortunas y que no persigue el fraude fiscal que cometen. O el Artículo 35.1 que dice que "todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo", y todo esto en un país que tendrá más de 6 millones de parados en 2013, en un país en donde los salarios no cubren las necesidades básicas de millones las familias, o donde las mujeres sufren discriminación por el único hecho de ser mujeres. O el Artículo 39. 1. que dice que "los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia", ahora que el gobierno aplica las tasas judiciales y desmantela el Estado del Bienestar. O el Artículo 41. que dice que "los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo", cuando se están reduciendo las prestaciones por desempleo, se eliminan las prestaciones a los cuidadores de las personas dependientes, y se rebajan las Pensiones públicas para incentivar los Planes de Pensiones privados. O el Artículo 47: "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada... (...)". Aunque hay uno cuyo incumplimiento resulta, si es que se puede, todavía más escandaloso: Artículo 128.1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. El PSOE y el PP cambiaron el Artículo 135 de la Constitución para hacer todo lo contrario: "Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta". No necesita más comentarios.
En cualquier caso, al margen de estos intolerables incumplimientos, esta Constitución aprobada en 1978 no es "la Constitución que nos hemos dado todos los españoles", como repiten mecánicamente el Jefe del Estado y los gobernantes año tras año, discurso tras discurso, en todos los actos en los que participan. Esa afirmación y otras parecidas no se sostienen. Y para argumentarlo no hace falta analizar nuestra historia más reciente y el contexto social y politico en el que se aprobó la Constitución, sino que basta con mirar los datos: más de 30 millones de ciudadanos no pudimos votar la Constitución de 1978 - que incluía en el "paquete" la vuelta de la monarquía - porque éramos menores de edad o no habíamos nacido todavía. O dicho de otra manera, el 66% de los españoles no ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el modelo de Estado. Esta Constitución - incluida la monarquía - no representa a la mayoría de la sociedad española, por mucho que el establishment español se empeñe en decir lo contrario. Su discurso oficial está tan vacío de contenido como alejado de los problemas de los ciudadanos.
Después de 34 años esta Constitución ha muerto, o mejor dicho ha sido asesinada. Por eso es imprescindible iniciar un proceso constituyente abierto a todos los ciudadanos, de abajo a arriba, que exprese la voluntad real y mayoritaria de la sociedad. La Asamblea Constituyente es un derecho inherente de los Pueblos, y en este momento histórico, es urgente iniciar ese proceso del que nazca una nueva Constitución que represente la soberanía popular y defienda los derechos, las libertades y la dignidad de todos los ciudadanos sin privilegios de clase.
España no es un "Estado social y democrático de Derecho", como dice su artículo primero. Dejemos esto claro. En España la soberanía reside en los Bancos y en el IBEX 35. La democracia ha sido sustituída por la dictadura de los mercados. El Estado de Derecho se ha sustituído por las Leyes del mercado. La Justicia no "es igual para todos" (el Rey miente y lo sabe). Las personas nos hemos convertido en mercancía de usar y tirar al capricho de la burguesía. Nuestros derechos sociales se han convertido en un negocio con el que especular. Por no haber no hay ni Estado. El Estado español no es dueño de nuestros recursos económicos, ni de los recursos naturales, ni de la Banca, ni tiene soberanía monetaria, ni interviene en la planificación de la economía, ni garantiza el Estado del Bienestar. En España el Estado se limita a ser un enorme aparato burocrático de recaudación y represión. Es el encargado de recaudar nuestros impuestos para entregárselos a los Bancos y de utilizar los aparatos represivos del Estado para reprimir a los ciudadanos que protestan ante tanto escarnio y tanto expolio publico. Estas son las reglas del capitalismo.
La Constitución es papel mojado, pura retórica utilizada por quienes cínicamente dicen defenderla. Esto se puede comprobar fácilmente, por ejemplo repasando el Artículo 31.1 que habla de "un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad", en un país que ofrece reducciones, exenciones y bonificaciones fiscales a grandes empresas y grandes fortunas y que no persigue el fraude fiscal que cometen. O el Artículo 35.1 que dice que "todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo", y todo esto en un país que tendrá más de 6 millones de parados en 2013, en un país en donde los salarios no cubren las necesidades básicas de millones las familias, o donde las mujeres sufren discriminación por el único hecho de ser mujeres. O el Artículo 39. 1. que dice que "los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia", ahora que el gobierno aplica las tasas judiciales y desmantela el Estado del Bienestar. O el Artículo 41. que dice que "los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo", cuando se están reduciendo las prestaciones por desempleo, se eliminan las prestaciones a los cuidadores de las personas dependientes, y se rebajan las Pensiones públicas para incentivar los Planes de Pensiones privados. O el Artículo 47: "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada... (...)". Aunque hay uno cuyo incumplimiento resulta, si es que se puede, todavía más escandaloso: Artículo 128.1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. El PSOE y el PP cambiaron el Artículo 135 de la Constitución para hacer todo lo contrario: "Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta". No necesita más comentarios.
En cualquier caso, al margen de estos intolerables incumplimientos, esta Constitución aprobada en 1978 no es "la Constitución que nos hemos dado todos los españoles", como repiten mecánicamente el Jefe del Estado y los gobernantes año tras año, discurso tras discurso, en todos los actos en los que participan. Esa afirmación y otras parecidas no se sostienen. Y para argumentarlo no hace falta analizar nuestra historia más reciente y el contexto social y politico en el que se aprobó la Constitución, sino que basta con mirar los datos: más de 30 millones de ciudadanos no pudimos votar la Constitución de 1978 - que incluía en el "paquete" la vuelta de la monarquía - porque éramos menores de edad o no habíamos nacido todavía. O dicho de otra manera, el 66% de los españoles no ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el modelo de Estado. Esta Constitución - incluida la monarquía - no representa a la mayoría de la sociedad española, por mucho que el establishment español se empeñe en decir lo contrario. Su discurso oficial está tan vacío de contenido como alejado de los problemas de los ciudadanos.
Después de 34 años esta Constitución ha muerto, o mejor dicho ha sido asesinada. Por eso es imprescindible iniciar un proceso constituyente abierto a todos los ciudadanos, de abajo a arriba, que exprese la voluntad real y mayoritaria de la sociedad. La Asamblea Constituyente es un derecho inherente de los Pueblos, y en este momento histórico, es urgente iniciar ese proceso del que nazca una nueva Constitución que represente la soberanía popular y defienda los derechos, las libertades y la dignidad de todos los ciudadanos sin privilegios de clase.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR TU OPINION-THANKS FOR YOUR OPINION