La Defensora del Pueblo de España es también marquesa de Salvatierra. ¿La aristocracia defendiendo al Pueblo? Nada más lejos de la realidad. Soledad Becerril no es la defensora del Pueblo, sino la defensora del PP. Al menos así se ha comportado al salir en defensa del privatizador de la Sanidad Pública madrileña Juan José Güemes. Dice la marquesa, durante una entrevista en la radio, que las críticas vertidas sobre el exconsejero de Sanidad convierten a España en un "Estado perseguidor", al no permitirle que realice su labor profesional donde más le convenga. La Defensora del PP ignora de forma deliberada el hecho de que la empresa que ha contratado a Güemes, la multinacional suiza Unilabs, fue la gran beneficiada de la privatización de los servicios públicos sanitarios que el propio Güemes ejecutó.
Este hecho, que para mi es corrupción pura y dura aunque el código penal no lo recoja como tal (La privatización de lo público es sinónimo de corrupción), es una anécdota sin importancia para la señora marquesa, que al igual que hizo su correligionaria Esperanza Aguirre con Carromero, no dudó en salir en defensa de otro de sus cachorros neoliberales (que es yerno, por cierto, del cacique con más suerte del mundo, Carlos Fabra).
Esta no es la labor de una verdadera Defensora del Pueblo. Le hubiera bastado con decir, una vez preguntada por este asunto, que el fichaje de Güemes se ajusta a la Ley y, por lo tanto, más allá de eso la Defensora del Pueblo no tiene nada más que decir. Hubiera sido así de fácil. Pero las declaraciones de Soledad Becerril, la indignación que mostró por cómo ha sido tratado el privatizador Güemes, una indignación que también mostró públicamente Ignacio González, denota un sentimiento más profundo y más grave. Este comportamiento evidencia que la derecha neoliberal, entre la que incluyo por supuesto a los dirigentes económicos del PSOE, considera que la propiedad colectiva del país es de su propiedad.
Estos sectores neoliberales consideran que ellos, las élites que dominan el país, son los propietarios de los servicios y los derechos que pertenecen a todos los ciudadanos, y se sienten con todo el derecho a utilizarlos en su propio beneficio. Estas élites políticas al servicio de la oligarquía, se sienten legitimadas para explotar los recursos naturales, económicos y humanos del país como si se tratara de una propiedad privada de la que ellos son dueños. Cuando privatizan la Sanidad pública, por ejemplo, lo hacen porque consideran que los Hospitales públicos, los ambulatorios, las camas, las ambulancias, incluso los médicos y los enfermos, les pertenecen, son suyos y hacen con ellos lo que les da la gana, y ninguno de nosotros tenemos derecho a decirles qué es lo que tienen que hacer con algo que les pertenece. El Estado y sus recursos son una propiedad privada, y sus dueños, la burguesía empresarial y financiera, son quienes mandan en ella.
Sólo desde esta mentalidad neoliberal, sólo desde esta irracional, egoista y criminal lógica capitalista, se puede entender que estos saqueadores públicos se muestren tan ofendidos cuando los ciudadanos les pedimos explicaciones o cuando salimos a la calle a protestar contra el expolio. De hecho ya lo decía el fascista Manuel Fraga, la calle también es suya.
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