La privatización de los análisis clínicos en Madrid ha podido provocar la muerte de pacientes

Así lo han denunciado durante años los médicos que trabajan con el Laboratorio Central del Hospital Infanta Sofía de Madrid. "Ha habido retrasos injustificados que han podido provocar la muerte de los pacientes porque la demora de los resultados nos ha podido llevar a fallar en el diagnóstico". La Comunidad de Madrid debería haber multado con 90.000 euros a las empresas que gestionan el laboratorio, pero no lo ha hecho.

En el año 2009, el entonces consejero de Sanidad, Juan José Güemes privatizó los análisis clínicos de seis nuevos hospitales. Desde ese año los médicos empezaron a sufrir problemas puntuales, retrasos en los resultados, pruebas que no se correspondían con las que habían solicitado e inclusos algunos análisis que tuvieron que repetirse porque después de meses de espera las pruebas ya no eran útiles, según figura en los partes de incidencias enviadas por los médicos a los máximos responsables en estos últimos cuatro años.

Pese a conocer estas irregularidades, la Consejería de Sanidad no ha sancionado a las empresas privadas que gestionan este servicio, Laboratorio Balagué y BR Salud, aunque la Comunidad de Madrid está obligada a ello, según indica el pliego de condiciones de la adjudicación de ese servicio.

Las pruebas poco frecuentes se enviaban a Barcelona, lo que retrasaba sus resultados. Pero incluso análisis rutinarios, que tenían que tardar una semana, no llegaron en meses. Los médicos denuncian que ha habido pruebas que "no se correspondían con las que se pidieron, muestras que se han degradado y ya no eran útiles, y  ha habido otras que directamente ni se han llegado a realizar.

Uno de los casos más graves, se da en mayo del año pasado. Los médicos se enteraron de que el Laboratorio Balagué se había quedado sin reactivos, un elemento indispensable para realizar los análisis. Eso provocó que varias pruebas tuvieron que repetirse porque las muestras para extraer 'líquido encefaloraquideo' ya no eran útiles después de tantos meses de espera.

En junio de 2012 se abrió otro parte porque una paciente con leucemia, no tenía los resultados después de seis semanas, pese a que debería tenerlos. Su médico advirtió a la dirección del Laboratorio Central que ese retraso "pudo conllevar la muerte de la paciente porque la demora pudo llevarles a fallar en su diagnóstico y tratamiento".

Según el pliego de condiciones, la Comunidad de Madrid debería haber sancionado a las dos empresas privadas que gestionan este laboratorio público por no haber respetado los plazos de entrega de los análisis. Eso supone una falta grave, sancionada con hasta 90.000 euros de multa. Pero la Consejería de Sanidad alega que "no están al tanto de esos casos".

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