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viernes, 1 de marzo de 2013

Dirigente del PP defiende el trabajo infantil y sugiere quitar a los comunistas la tutela de sus hijos


Jesús Gómez

Es una barbaridad que los niños no puedan trabajar hasta los 16 años, porque el trabajo es la mejor escuela para la vida y a las familias les vendrían muy bien esos ingresos. Lo dice Jesús Gómez, alcalde de Leganés del PP, que plantea también desposeer a los padres comunistas de la tutela de sus hijos porque son una secta.



"Ya de por sí es una barbaridad que la edad mínima laboral sea los 16 años. En esto, como en tantas otras cosas, el Estado debería abstenerse de fijar límites. El trabajo es una de las mejores escuelas que puede haber, y no existe mejor forma de prepararse para la vida activa", escribía Gómez en un artículo publicado en la revista 'La ilustración liberal', de Federico Jiménez Losantos.

En su escrito añade que "existen profesiones que requieren una iniciación muy temprana (la música es un buen ejemplo), y también existen familias que necesitan de la aportación económica que el trabajo de los hijos pueda proporcionar. Por otra parte, nada impide el trabajar y al mismo tiempo, formarse, ya sea con cursos a distancia, clases nocturnas, lecturas escogidas, etc".

Gómez también escribe sobre el despotismo del Estado y de la secta comunista. "Si concedemos al Estado la suprema capacidad de decidir los límites de la libertad religiosa, lo que es una secta, y lo que constituye una educación integral, habremos entronizado el despotismo. Por el mismo expediente, habría que desposeer a los padres comunistas de la tutela de sus hijos, por pertenecer a la secta más criminal que la Historia jamás haya visto y por inculcar a sus hijos una representación teórica de la realidad absolutamente falsa que les provocará en el futuro serios problemas de adaptación social y un agudo sentimiento de infelicidad; y acto seguido enviar a estos niños (y a los padres también) sin pérdida de tiempo a un campo de reeducación".

El dirigente popular también defiende la discriminación al afirmar que "debería estar fuera de toda duda el derecho de padres y alumnos a no convivir ni compartir experiencias con personas cuyo trato estimen perjudicial para ellos o sus hijos, independientemente del juicio moral que tal actitud nos merezca, o de si está objetivamente justificada o no".


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