El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha admitido a trámite la querella presentada por Izquierda Unida (IU) por la supuesta contabilidad B del PP

El juez Bermúdez admite la querella de IU sobre los 'papeles' de Bárcenas

 

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha admitido a trámite la querella presentada por Izquierda Unida (IU) por la supuesta contabilidad B del PP y ha citado a declarar entre el 25 y el 27 de marzo a los 15 "querellados", entre los que se encuentran el extesorero del PP Luis Bárcenas, exdirigentes de esta formación como Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo, y empresarios de la construcción.

En un auto dictado este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 acuerda la apertura de una investigación por estos hechos y ordena a los querellados que "en el improrrogable plazo de siete días aporten copia o relación de los ingresos de los que hayan sido beneficiarios entre 2002 y 2009 por administraciones gobernadas por el Partido Popular".

La querella, elaborada conjuntamente con la Asociación Justicia y Sociedad, la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción y la Federación de los Verdes, se dirige contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y los que fueran responsables de organización, finanzas y asesoría legal del PP y exministros Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Federico Trillo, por supuestas comisiones irregulares al PP entre los años 2003 y 2008. De los querellados, Bárcenas, Crespo y García Pozuelo están ya imputados en la investigación sobre la trama 'Gürtel'.

Además, se dirige contra el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, que presuntamente donó a los populares más un millón de euros; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvy, donante de 858.000 euros; Juan Manuel Villar Mir, ex presidente de OHL, que pagó más de medio millón de euros, y Luis de Rivero, ex presidente Sacyr Vallehermoso, donante de medio millón euros, entre otros empresarios.

A todos ellos los querellantes atribuyen los delitos de alteración de precios de concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales y  asociación ilícita.