Torturas de marca nacional en Irak

Vergara, en El Diario

Un preso indefenso en una celda. Cinco personas entran para patearle sin piedad. No hay preguntas. Sólo es un paliza. Los hombres son representantes de un Estado que ha invadido un país extranjero enarbolando la bandera de la libertad. Llevan uniforme y se rigen por normas en las que abundan los conceptos de patria, honor y dignidad.


Sólo son unos cobardes.
Los soldados españoles en Diwaniya se comportaron como lo hicieron antes soldados norteamericanos, británicos o alemanes en circunstancias mucho mejor conocidas por nosotros. La diferencia es que no teníamos pruebas irrefutables, es decir, imágenes, de las consecuencias de la invasión de un país y de su efecto en nuestras tropas. Sólo contábamos con la propaganda oficial y algunos testimonios periodísticos.


Por estos últimos, me refiero a artículos y reportajes, no a la posición editorial de los medios de comunicación, que nunca cuestionaron la actuación de los militares.


La verdad oficial en esta y otras misiones internacionales del Ejército español ha sido que los militares estaban preservando la paz en esos conflictos. Todo eso resultaba especialmente difícil de creer en Irak y era más aceptado en otros casos, como en los Balcanes.


Aquí habría que recordar la diferente terminología en inglés de estas misiones: ‘peacemakers’ frente a ‘peacekeepers’. En el segundo caso, en la labor que se suele asignar a los cascos azules de la ONU, la paz es más que nada un inestable cese de hostilidades que se puede quebrar en cualquier momento. En el primero, la única paz es la que aparece en los mentirosos comunicados oficiales. Es una situación de guerra en la que las fuerzas extranjeras toman partido por uno de los bandos enfrentados e intentar así poner fin a una guerra.


Es más fácil mirar para otro lado cuando los militares norteamericanos y europeos se limitan a imponer el orden y promover negociaciones políticas de final incierto. En el caso de Irak y Afganistán, la propaganda tiene que afinar el tiro. No tanto si eres el Gobierno español. Ahí puedes aplicar el cerrojazo informativo. Durante años, los dos últimos gobiernos han hecho todo lo posible para impedir el trabajo de los pocos periodistas españoles que han pasado de forma regular por Afganistán. Se trataba de negar hasta extremos ridículos que estuviéramos implicados en una guerra. Presentar al Ejército como una fuerza de intenciones exclusivamente humanitarias (una ONG con armas por convertir la propaganda en parodia) resultó una táctica efectiva, en la medida de que nunca fue cuestionada a fondo por los principales medios de comunicación.


Cuando las fuerzas españolas sufrían una emboscada, una típica acción de guerra, los medios la presentaban como un atentado terrorista. Eso permitía desdeñar cualquier enfoque crítico. No había más que apelar a la unidad de los demócratas y todo estaba solucionado.


Esta fachada resultaba más difícil de sostener en Irak, aunque sólo fuera porque la aventura militar contaba de entrada con el rechazo de la mayor parte de la opinión pública. Pero fue igualmente rentable al Gobierno, al menos a corto plazo. El cerrojazo informativo funcionaba. Los costes y el peligro hicieron que la cobertura de la actuación de las tropas españolas quedara reducida en su mayor parte a visitas guiadas, y no muchas.


Cuando vinieron mal dadas, el silencio funcionó. Creo recordar que el ataque a las tropas españolas en la provincia de Nayaf por milicianos de Al Sáder sólo fue descrito en detalle por un reportaje de Interviú publicado tiempo después. Algunos hechos, como la ayuda fundamental que les prestaron los agentes de Blackwater sólo fueron conocidos gracias a artículos de medios norteamericanos sobre la empresa de seguridad privada y la actividad de los mercenarios extranjeros.


Las imágenes difundidas por El País no están acompañadas de datos precisos sobre estos hechos. No sabemos quiénes son los agredidos ni por qué fueron detenidos ni qué ocurrió después con ellos. Llama la atención que en ningún momento del artículo se utilice la palabra ‘tortura’, y sí la expresión menos grave ‘malos tratos’. Se trata de un intento por reducir en la medida de lo posible el impacto de las imágenes, lo que permitirá venderlo como un hecho aislado, quizá una venganza.


El hecho de que en esas imágenes no se escuchen las preguntas propias de un interrogatorio no descarta en absoluto que estas escenas formaran parte del tratamiento habitual que sufrieran los detenidos por las tropas españolas.


Hay además un evidente intento del autor del artículo de exculpar al Ejército como institución porque los hechos no deben “empañar la imagen de las Fuerzas Armadas y ni siquiera salpicar a los más de 5.000 militares españoles que cumplieron con su deber en Irak”. En ese contexto, no es raro que no se hayan atrevido a hablar de torturas.

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Si hay un caso en que estas sospechas tienen mayores visos de ser ciertas es en el de la investigación del ataque en que murieron siete agentes del CNI en noviembre de 2003. Este asombroso ejemplo de incompetencia (todos y cada uno de los integrantes de los servicios de inteligencia españoles en Irak viajaron en los mismos coches por algunas de las zonas más peligrosas de Irak) nunca fue resuelto, lo que no es tan extraño en una zona de guerra. Sí provocó la detención de un traductor iraquí que había trabajado para militares y periodistas españoles.


El periodista Gervasio Sánchez ha reaccionado con furia a la publicación de la información por El País. Acusa al periódico de haber ignorado el caso del traductor, Flayeh al Mayali, quien pasó meses detenido, acusado de haber vendido a los espías españoles, hasta que fue puesto en libertad sin cargos. Sánchez informó en 2004, también en El País, de las dudas sobre la culpabilidad de Al Mayali.


Hoy ha recordado en Twitter que durante años denunció que el iraquí era inocente, sufrió abusos durante el interrogatorio y que nadie, ni el periódico, ni el Ministerio de Defensa, investigó los hechos. Según él, se le utilizó como chivo expiatorio para encubrir los errores del CNI, que mantuvo en Irak a varios agentes que ya trabajaban allí desde los tiempos de Sadam Hussein y que por tanto eran conocidos por la inteligencia iraquí y probablemente por algunos grupos de la insurgencia.


Los periodistas valen lo que pueden probar. No sabemos si El País tenía razones, más allá del propio testimonio de Gervasio Sánchez, para cuestionar la situación de Al Mayali. Investigar el asunto sobre el terreno era prácticamente imposible. Quizá el periódico no pudo ir más allá que lo contado en el artículo escrito por Sánchez en abril de 2004.


Los dos gobiernos, con Trillo y Bono de ministros de Defensa, se atuvieron a la versión oficial, basada en pruebas circunstanciales que no hubieran tenido ningún valor ante un tribunal. Se aplicó el silencio de costumbre con el que mantener la ficción de que las tropas españolas en una misión de guerra se comportan como voluntarios de una organización humanitaria.


Artículo de Íñigo Sáenz de Ugarte, en El Diario