LIBERTAD PARA LOS JÓVENES DE SEGI DETENIDOS EN DONOSTI

LIBERTAD PARA LOS JÓVENES DE SEGI DETENIDOS EN DONOSTI

El 9 de abril de 2013 el Tribunal Supremo español ratificó la sentencia de seis años de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional a ocho jóvenes vascos por pertenecer a la organización juvenil Segi. Los condenados son Imanol Vicente, Nahikari Otaegi, Ekaitz Ezkerra, Aitor Olaizola, Adur Fernández, Oier Lorente, Mikel Arretxe y Egoi Alberdi. El Tribunal Supremo absuelve a otros siete enjuiciados por entender que sólo existía una “mera adscripción y no “una militancia activa”.

 

 

Las detenciones se produjeron en 2007 y en la mayoría de los casos se denunciaron torturas durante el período de incomunicación. En Donosti, un millar de jóvenes habían acampado en el centro de la ciudad para evitar las detenciones. Sin embargo, un amplio despliegue de la Ertzaintza (20 furgonetas, 200 agentes de la Brigada Móvil o antidisturbios) rodeó el Aske Gunea (espacio libre, en euskara) y advirtieron a los concentrados que podían marcharse libremente, si no querían incurrir en responsabilidades penales o administrativas.

 

 

 Nadie se movió. Los agentes emplearon dos horas en arrastrar a ochocientas personas, que sólo emplearon la resistencia pacífica. Dos de los jóvenes buscados –Imanol Vicente y Naikari Otaegi- no se hallaban en el lugar, pero se ha detenido al resto y a otras dos personas por atentado contra la autoridad, un cargo que implica una condena automática, pues el agente que denuncia se beneficia de la presunción de veracidad establecida por ley. Los seis jóvenes detenidos han ingresado en la prisión de Martutene.

El muro popular levantado en Aske Gunea había frustrado dos veces la detención. Aunque los concentrados no han utilizado la violencia en ningún caso, han sufrido porrazos y puñetazos, aprovechando que los periodistas habían sido expulsados de la zona. Esta nueva agresión contra el pueblo vasco refleja que el Estado español no muestra ningún interés por avanzar en el proceso de paz iniciado por la izquierda abertzale. La independencia del poder judicial español ha sido cuestionada muchas veces.

 

 En 2010, medio millar de jueces españoles firmaron un manifiesto que denunciaba la “contaminación política” de la justicia, agravada desde 1985, cuando el PSOE resolvió que la democracia se defendía en las cloacas, rescatando los viejos métodos del franquismo.

 

 

La “guerra sucia” nunca se había interrumpido, pero Felipe González y, algo más tarde, el juez Baltasar Garzón en connivencia con Aznar, decidieron que la mejor estrategia contra el independentismo vasco era la tortura, la ilegalización de los partidos y el cierre de periódicos, sin descartar los asesinatos extrajudiciales, como el de José Luis Geresta Mujika el 20 de marzo de 1999.

 

 

 El militar José Antonio Sáenz de Santamaría, implicado en la trama de los GAL, declaró a La Razón en 2001 que la versión sobre el supuesto suicidio de Geresta era falsa, pues se había tratado de un episodio más de la guerra sucia. Es decir, una ejecución a sangre fría. No se puede condenar la violencia de ETA, sin condenar la violencia previa del Estado español.

 

 

 Desde el bombardeo de Gernika, Euskal Herria es un pueblo hostigado y maltratado, al que se niegan sus derechos nacionales. El propio José María Aznar habló de “Movimiento de Liberación Nacional Vasco”. Si no existiera un conflicto político, histórico y ético, no habrían acudido a la Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián de 2011 figuras como Kofi Annan, Bertie Ahern, Gro Harlem Brundtland, Gerry Adams y Brian Curry. Creo que el ingreso en prisión de seis de los ocho jóvenes condenados no contribuye a la causa de la paz.

 

 

 Hay víctimas a los dos lados, si bien no hay que olvidar que la violencia comenzó en 1936 y se plasmó como un genocidio humano y cultural. Creo que es esencial respetar el dolor de todas las víctimas, pero el diálogo no prosperará mientras se mantenga la legislación antiterrorista, la dispersión penitenciaria y la “doctrina Parot”. El Estado español sigue apostando por la represión y se equivoca una vez más. Se dijo que sin violencia todo era posible, pero en Euskal Herria se criminaliza cualquier gesto de protesta, alegando que es terrorismo.

 

Pedir el derecho de determinación no es un delito, sino un reto que debe resolverse en las urnas, con observadores internacionales que verifiquen la transparencia de la consulta.

 

 

Creo que una República de Pueblos Soberanos e Independientes y libremente asociados es una perspectiva mucho más esperanzadora que la actual Monarquía española, donde una clase política corrupta y desalmada desahucia a las familias, apalea a los trabajadores, tolera la pobreza infantil, recorta las pensiones, privatiza encubiertamente la sanidad y la educación, humilla a los trabajadores o los envía al paro, sin mostrar ninguna inquietud por las víctimas de la revolución neoliberal.

Rafael Narbona

 

 

 

 

Imanol Vicente, Nahikari Otaegi, Ekaitz Ezkerra, Aitor Olaizola, Adur Fernández, Oier Lorente, Mikel Arretxe y Egoi Alberdi han demostrado que sin violencia muchas cosas son posibles. Los jóvenes condenados por pertenecer a Segi decidieron resistir pacíficamente a una condena injusta. Tal y como hacían antes de ser detenidos, torturados y encarcelados, su labor ha sido pública, política. Y humana, ...muy humana, cabe añadir.

La Ertzaintza dejó claro el sábado de madrugada en Donostia que sin violencia no se pueden hacer cumplir leyes injustas. Ellos, al menos, no saben hacerlo. Tampoco el PNV, inventor del mantra de «sin violencia todo es posible», que llegada la hora ha demostrado que ese lema se refería al resto, no a ellos mismos.

Por el contrario, Imanol Vicente, Nahikari Otaegi, Ekaitz Ezkerra, Aitor Olaizola, Adur Fernández, Oier Lorente, Mikel Arretxe y Egoi Alberdi han demostrado que sin violencia muchas cosas son posibles. Los jóvenes condenados por pertenecer a Segi decidieron resistir pacíficamente a una condena injusta. Tal y como hacían antes de ser detenidos, torturados y encarcelados, su labor ha sido pública, política. Y humana, muy humana, cabe añadir. Con su compromiso, con su propuesta táctica y estratégica y con la solidaridad de las miles de personas que durante estos días les han arropado, han vuelto a demostrar que su lucha es política y que el Estado no los condena por los medios utilizados (que tal y como describe la sentencia del Supremo son reuniones, movilizaciones, tenencia de libros y documentos...), sino por los objetivos que persiguen: la independencia y el socialismo.

 

 

 Unos objetivos tan legítimos como cualquier otro que sea democrático, tan legítimos como la violencia que en abstracto corresponde al Estado (también le corresponderá al nuestro cuando lo logremos), que sin embargo en este caso concreto utiliza para intentar que esos objetivos democráticos no se puedan lograr. Esto está cada vez más claro para más gente en este país, lo cual ya es un avance sustancial en este camino.

Una cosa es reivindicar la necesidad de sacar a los presos políticos cuanto antes y otra pensar que en este país no vaya a haber presos políticos en adelante. Los habrá, en la medida en que se articule una estrategia eficaz hacia la independencia que el Estado responderá con mayor represión. Lo uno no quita lo otro. Algunos pensaron que la nueva estrategia era una rendición, que no se asumían las consecuencias de la lucha. Pues no, tal y como demuestra que algunos de los promotores de ese cambio estén en prisión hoy en día.

A ellos y a todos sus compañeros dispersados por decenas de cárceles en los estados español y francés se le suman desde hoy estos jóvenes. No se ha podido evitar que los encarcelen. Pero sí se ha logrado que su encarcelamiento adquiera el pleno sentido político que tiene su lucha, la lucha por el derecho a ser pueblo, a decidir nuestro futuro libremente. Se ha demostrado igualmente que con violencia la Policía puede detener y entregar a las autoridades españolas a jóvenes que no han cometido otro delito que hacer política, pero no puede acallar una demanda de justicia, democracia y libertad cada vez más atronadora.

 

 

 Y se ha logrado además dar un paso de gigante para que a través de ese muro ciudadano, cada vez más alto, cada día más inexpugnable, en este país quede en evidencia quiénes buscan la libertad y quiénes la quieren ahogar, y también quiénes ejercen de brazo ejecutor en esa innoble labor.