Ocurrencias de un pedante: "ESO DE ESTAR EN CONDICIONES DE INTERVENIR ES UN CONCEPTO ANFIBOLÓGICO" (sobre todo cuando se viene del bar)
Cobra cada mes: 12.356'42 euros, de los cuales 2.813'87 euros son la asignación base, 1.431'31 euros es una asignación para gastos de representación (trajes, regalos, tarjetas de visita, invitaciones para comer en restaurants de lujo, etc), 6.278'88 euros en concepto de portavoz y 1.832'36 euros para gastos de alojamiento en Madrid, pues él reside fuera de Madrid. A estas suculentas asignaciones de dinero hay que sumar las dotaciones gratuitas de ordenador portátil, línea de Internet gratis en su domicilio, teléfono móvil, iPad, publicaciones, libros y revistas, servicio de agencia de viajes y pasajes de tren y avión,todo gratis a costa del presupuesto del Congreso de Diputados.
Se trata de Emilio Olabarría, típico parásito tripero de la casta corrupta política española, que lleva viviendo del cuento de diputado muchos años. Un politicastro mediocre, de origen vasco, que trata de adornar su incompetencia con multitud de gansadas pedantes, introducidas en el discurso sin la menor coherencia, simplemente para dárselas de excelso orador. Un tipo bastante cómico y ridículo, máxima expresión de la pedantería absurda y presuntuosa. La mayoría de diputados y el personal del Parlamento español no le soportan.
Le vemos desvariando, incluso sin ser capaz de acabar algunas frases, tras regresar cocido del bar del Congreso de Diputados, donde todos estos gorrones comen y beben a cargo de los impuestos que roban a los españoles.
Cobra cada mes: 12.356'42 euros, de los cuales 2.813'87 euros son la asignación base, 1.431'31 euros es una asignación para gastos de representación (trajes, regalos, tarjetas de visita, invitaciones para comer en restaurants de lujo, etc), 6.278'88 euros en concepto de portavoz y 1.832'36 euros para gastos de alojamiento en Madrid, pues él reside fuera de Madrid. A estas suculentas asignaciones de dinero hay que sumar las dotaciones gratuitas de ordenador portátil, línea de Internet gratis en su domicilio, teléfono móvil, iPad, publicaciones, libros y revistas, servicio de agencia de viajes y pasajes de tren y avión,todo gratis a costa del presupuesto del Congreso de Diputados.
Se trata de Emilio Olabarría, típico parásito tripero de la casta corrupta política española, que lleva viviendo del cuento de diputado muchos años. Un politicastro mediocre, de origen vasco, que trata de adornar su incompetencia con multitud de gansadas pedantes, introducidas en el discurso sin la menor coherencia, simplemente para dárselas de excelso orador. Un tipo bastante cómico y ridículo, máxima expresión de la pedantería absurda y presuntuosa. La mayoría de diputados y el personal del Parlamento español no le soportan.
Le vemos desvariando, incluso sin ser capaz de acabar algunas frases, tras regresar cocido del bar del Congreso de Diputados, donde todos estos gorrones comen y beben a cargo de los impuestos que roban a los españoles.
Un Estado avanzado no puede convivir con esta situación de puntos negros todavía sin identificar
En estas páginas, Olabarría afirma que los accidentes de tráfico no son un problema circunstancial sino estructural. También comenta que, entre otras iniciativas, se van a poner en marcha proyectos para atajar los accidentes in itinere, y espera que a mitad de la legislatura se esté en condiciones de presentar un proyecto de ley de seguridad vial y no de sanciones e infracciones y represión. En todos los ámbitos, y en el del Congreso no podía ser menos, se sabe que la siniestralidad en España es un problema grave que hay que afrontar de cara. Por ello, existe una Comisión específica que se encarga de analizar y tramitar los múltiples factores que inciden en la seguridad vial. Su presidente, Emilio Olabarría, nos concedió esta entrevista para responder a cuestiones que desde CEA consideramos cruciales.
AUTOCEA: ¿Cómo está siendo su experiencia como presidente de la Comisión de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico?
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Emilio Olabarría: La novedad es que soy presidente, porque ya fui portavoz en la anterior legislatura. Es una Comisión de última generación en el Congreso que parte del supuesto de que la seguridad vial es un fenómeno y un problema desde la perspectiva de la siniestralidad. Problema que hay que afrontar desde la sede parlamentaria mediante la creación de una Comisión específica en la que sean objeto de análisis y tratamiento los múltiples factores que inciden en la seguridad vial.
Es una presidencia que funciona casi en un régimen cooperativo... no ejerzo como presidente, más bien como coordinador de las iniciativas de los grupos. Y con la paradoja de que, en una legislatura tan convulsa como ésta, prácticamente la totalidad de las iniciativas no se aprueban sólo por unanimidad, sino por asentimiento. Estoy muy satisfecho por el funcionamiento de esta Comisión. En ella los portavoces de todos los grupos demuestran un alto sentido de la responsabilidad ante un problema tan importante como el de la seguridad en nuestras carreteras.
AUTOCEA: Dada la trascendencia que los accidentes de tráfico tienen en la sociedad, ¿no cree que la Comisión debería ser de carácter permanente, y no una eventual que se extingue terminado un trabajo concreto?
Emilio Olabarría: Es un error de concepción, ya que se constituyó como si se fuera a afrontar un problema circunstancial y es estructural. Pero se le va a dar el carácter de permanente y nos gustaría dar un paso más allá y convertirla en legislativa. De hecho, se han impulsado reformas normativas importantes, algunas de las cuales han afectado al Código Penal, pero paradójicamente no han podido ser tramitadas por la Comisión en la que están los expertos en seguridad vial.
El gran valor de esta Comisión es que sabe sintetizar –de forma adecuada y desde una visión más lejana de la fenomenología de la seguridad del tráfico– los distintos aspectos que confluyen en la seguridad vial, en su concepto más extenso. Hace tiempo se convirtieron en delitos penales conductas aberrantes en la conducción. Y no estoy de acuerdo, porque sigo pensando que uno de los valores sociológicos del Derecho Penal debe ser el principio de mínima intervención.
El Código Penal no está para resolver toda suerte de problemas. Soy un beligerante opositor de la legislación expres, que ante cualquier alarma social se incorpore inmediatamente al Código Penal.
Por ejemplo, la conducción en estado de embriaguez o bajo la influencia de determinadas sustancias tiene una consideración penal, pero que no se puede desprender de su consideración sanitaria. En los excesos de velocidad, el carácter complejo son las carreteras y la tecnología de los vehículos, que permiten conducir a altísimas velocidades, sin que nadie haya hecho todavía una invocación a la industria del automóvil para que corrija ella también. Se la podría considerar, extremando mucho la tipología del delito, el carácter de casi colaborador necesario en la comisión de la infracción, en tanto que proporciona lo que el Derecho Penal denomina medios necesarios.
Son muchos los factores concurrentes cuando se define un delito, fácil de redactar pero difícil identificar la compleja fenomenología subyacente... y eso no lo puede hacer bien una Comisión de Justicia. Somos los miembros de la Comisión de Seguridad Vial los que podemos apreciar estos complejos fenómenos y podríamos llegar a la conclusión contraria a la que dio el cuerpo de legisladores en su día, que no es necesario recurrir sistemáticamente al derecho punitivo. Lo que se está haciendo ahora desafortunadamente, y que es una patología social.
El derecho punitivo es una especie de última gracia del legislador y de la Administración y no puede convertirse en la forma natural de enfrentarse a un fenómeno que tiene otros componentes. AUTOCEA: ¿Qué iniciativas va a llevar a cabo la Comisión durante la presente legislatura para prevenir y reducir los accidentes de tráfico?
Emilio Olabarría: Estamos trabajando en varios ámbitos. Hay uno sugerido por la Administración y muy razonable, los accidentes de tráfico para acudir o volver del trabajo, los llamados “in itinere” o “en misión”. Hemos comprobado que el 40% del total de los accidentes de tráfico están vinculados al entorno del trabajo y que los planes de prevención, a pesar de que existe una ley reciente de prevención de riesgos laborales, realmente no están funcionando bien.
Otro tema es la correcta identificación de los puntos negros. Los hay de carácter infraestructural, vías deficientes, que son fáciles de identificar y, en teoría, están identificados, ya que la reiteración de accidentes obliga a adoptar medidas. Hay puntos negros personales o subjetivos.
En ellos influyen determinados colectivos de conductores y días. La estadística de siniestralidad se dispara, por ejemplo, en las proximidades de las discotecas cuando los jóvenes acuden a ellas los fines de semana.
Hay también puntos negros vinculados a la propia estructura del automóvil. Circulan vehículos obsoletos, sobre todo en seguridad activa o pasiva. En definitiva, queremos primero identificarlos y luego incorporarlos al ordenamiento jurídico o instar a las administraciones para que los corrijan. Un Estado, pretendidamente avanzado, no puede sencillamente convivir con esta situación de puntos negros todavía sin identificar.
AUTOCEA: ¿Ve al Gobierno comprometido con las acciones que la Comisión busca llevar a cabo en materia de seguridad vial durante esta legislatura?
Emilio Olabarría: Pocas invocaciones hemos hecho, más bien es el Ejecutivo el que nos ha sugerido analizar el problema de la siniestralidad vinculada al trabajo. No queremos recurrir de nuevo al derecho punitivo y sí trabajar muy en serio en los puntos negros, para que luego la Administración acometa la reforma normativa o las acciones administrativas pertinentes.
En un plazo breve de tiempo estaríamos en condiciones de presentar una propuesta de reforma normativa de la ley de prevención de riesgos laborales.
En cambio, en materia de puntos negros, todo es más complejo. Habría que buscar la complicidad de Administración, industria automovilística y de los ministerios.
Esperemos que a mitad de la legislatura estemos en condiciones de presentar un proyecto de ley de seguridad vial y no de sanciones e infracciones y represión. El desplazamiento es, seguro, la actividad más universal en la vida de los ciudadanos en cualquier estado moderno. No hay nadie que no tenga que trasladarse de un punto geográfico a otro, y una actividad como ésta no puede estar huérfana de una legislación que la regule. No debe haber una multiplicidad de normas sectoriales con leyes de tráfico que son contradictorias.
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