El accidente en moto de Cristina Cifuentes sólo
me ha producido frío e indiferencia. Cuando en 1998 murió Antonio Herrero,
periodista de la COPE, que se caracterizaba por su agresivo conservadurismo, su
catolicismo histérico y su tendencia a insultar sin tregua a los
“rojoseparatistas” que conspiraban contra la unidad y las tradiciones de la
España eterna, Eduardo Haro Tecglen se atrevió a escribir algo semejante en su
columna, desatando la furia de la derecha y la reprobación del PSOE, que ya
había vendido su alma al neoliberalismo bajo el funesto liderazgo de Felipe
González, también conocido como Mr. X. El ABC, que había bautizado a Eduardo
Haro Tecglen como la “momia estalinista”, aprovechó la ocasión para difamarle un
poco más.
Sin embargo, Haro Tecglen se limitó a ser tan sincero como las miles
de personas que ahora vuelcan su ira contra Cristina Cifuentes en las redes
sociales, manifestando su alegría por su infortunio. Siempre he detestado los
linchamientos, pero en este caso creo que sería más justo hablar de legítima
indignación popular. La delegada del Gobierno en Madrid ha criminalizado las
protestas sociales, aplicando una durísima política represiva, que ha incluido
brutales cargas policiales, multas de dudosa legalidad y acusaciones de
terrorismo contra la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Los ataques
que ahora recibe pueden parecer inhumanos, pero lo verdaderamente inhumano es
apalear a los ciudadanos por exigir el fin de la precariedad, el empobrecimiento
y la exclusión social.
Cristina Cifuentes ha empleado la intimidación y
el cinismo con todos los colectivos que protestan contra las medidas del
gobierno de Rajoy. Durante la manifestación de los mineros, la Unidad de
Intervención Policial actuó como las Fuerzas del Orden Público de la dictadura
franquista, disparando pelotas de goma contra manifestantes y transeúntes. El 11
de julio de 2012 Consolación Baudín Lastra, una ciudadana de 54 años, recibió un
pelotazo en el costado por aplaudir a los mineros en huelga. El pelotazo no le
produjo un hematoma, sino un neumotórax y la fractura de varias vértebras.
Necesitó una traqueotomía y 40 días de ventilación mecánica. El juez archivó la
denuncia de Consolación, alegando que era imposible identificar al agente que
disparó. Según varios diarios, la filosofía de Cristina Cifuentes se concentra
en una frase, que suele repetir en privado: “Cuando digo: ‘si sacas la pistola
es para disparar’, quiero decir que no amagues si no vas a dar”.
Cuando alguien
le ha recordado su responsabilidad en los incidentes del 25-S, donde los
antidisturbios cercaron a los manifestantes y los persiguieron hasta el interior
de la Estación de Metro de Atocha, golpeando indiscriminadamente a todo el que
se cruzaba en su camino, incluyendo viajeros y periodistas, la delegada del
Gobierno se ha limitado a sonreír y ha repetido uno de sus mantras preferidos:
“Ya, ya. La Policía y la Guardia Civil son los malos y no los buenos”. Por los
testimonios de los detenidos e interrogados en la Comisaría de Policía del
Distrito Fontarron- Moratalaz (Madrid), conocida como “el Guantánamo de
Moratalaz”, los agentes de la ley no son precisamente los buenos de la
película.
Entre los muros de esta infausta comisaría, se
han cometido toda clase de abusos y malos tratos. Los 28 detenidos tras el
desalojo del la Puerta del Sol la primera noche del aniversario del 15-M
denunciaron que se les obligó a permanecer en un patio esposados y cara a la
pared durante horas, soportando insultos, vejaciones y golpes. Algunos agentes
les llamaron “rojos de mierda” y les amenazaron con hacerlos desaparecer. Es
decir, repitieron las amenazas del 15 de mayo de 2011, cuando 19 detenidos
sufrieron malos tratos físicos y psíquicos.
La revista Rolling Stone
recogió algunos de los testimonios: <,
Mientras nos arrastraban escaleras arriba
dijeron: “Podríamos tirarlos por la ventana, que son unos rojos de
mierda”>>.
Podría prolongar los testimonios hasta el hastío, pero al menos
quiero mencionar que los policías escatimaron la asistencia médica a un enfermo
del corazón, se negaron a facilitar recursos higiénicos a una detenida con la
menstruación, alteraron los ciclos de sueño para incrementar los sentimientos de
pánico y desorientación y no permitieron realizar llamadas telefónicas. Todos
los detenidos fueron acusados de desórdenes públicos, resistencia y atentado
contra la autoridad.
En esas fechas, la delegada del Gobierno era la socialista
María Dolores Carrión Martín, que se mostró implacable con los indignados y
extremadamente solícita con los peregrinos que alababan a Benedicto XVI, con
gritos histéricos. Conviene no olvidarlo, especialmente cuando algunos
planteamos que votar cada cuatro años no significa vivir en una democracia.
Las cosas no han cambiado en la Comisaría de
Moratalaz, donde se hallan acantonados 800 agentes de la Unidad de Intervención
Policial, los denominados Pumas y Camel, nombres que evocan a los escuadrones de
la muerte de las dictaduras latinoamericanas de los años setenta y ochenta,
aficionados a autodenominarse con apodos semejantes. El inspector jefe Javier
Nogueroles está al mando. Después de las cargas del 25-S, se le concedió la
máxima distinción policial, lo cual significó un incremento salarial del 10%.
Muchos interpretaron la condecoración como un gesto de agradecimiento de la
clase política, que contempló el asedio del Congreso como una amenaza personal.
No cabe extrañarse de que los recortes hayan afectado a todas las partidas,
salvo a la dedicada a material antidisturbios, que se ha multiplicado por 19,
pasando de 173.670 euros a 3’25 millones en 2013. María Dolores de Cospedal,
presidenta de Castilla-La Mancha, comparó el 25-S con el golpe de Estado del
23-F. Es una comparación estrafalaria, pero muy congruente con su línea
política, que ha incluido la retirada de oxígeno a enfermos domiciliarios, según
informan vecinos de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Los brutales recortes en
la Ley de Dependencia, aplicados con la misma insensibilidad en las comunidades
gobernadas por el PSOE, el PP, el PNV o CIU, han empujado a muchos ciudadanos a
la desesperación más negra.
El pasado 3 de junio un hombre de 36 años, L.C.M.G.,
se quemó a lo bonzo ante la sede de la Delegación Provincial de Salud y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Málaga. En 2008, la Junta había
reconocido a su madre el derecho a beneficiarse del Programa Individual de
Atención (PIA), pero la mujer falleció en 2011 sin recibir ninguna prestación.
L.C.M.G presenta quemaduras de segundo grado en el 63% de su cuerpo, pero sólo
es unas iniciales y ni Rubalcaba ni otros líderes políticos manifestarán
públicamente su consternación. Sólo es otra víctima más de la crisis y la
noticia se hundirá enseguida en el olvido. Por el contrario, Cristina Cifuentes
se halla ingresada en la UCI del Hospital de la Paz, con todos los medios de
comunicación pendientes de su estado.
Un centenar de trabajadores del hospital
han pedido que sea atendida en un centro privado. Su indignación es
comprensible, pues la Comunidad de Madrid continúa con el proceso de
privatización de la sanidad pública, pese a que el Tribunal Superior de Justicia
había paralizado el proceso por un defecto de forma.
La Comunidad de Madrid
había reducido en un 90% el aval requerido para los posibles adjudicatarios, que
ha pasado de 200 a 28 millones de euros. Mientras se regalan prebendas y
descuentos, la viceconsejera de Sanidad, Patricia Flores, se pregunta: “¿Tiene
sentido que un enfermo crónico viva gratis del sistema?” No sé si Cristina
Cifuentes se recuperará y volverá a la política, con el sueño de ser la nueva
alcaldesa de Madrid, sucediendo a la insulsa y devota Ana Botella. Al parecer,
ha experimentado una ligera mejoría.
Pase lo que pase, algo muy grave sucede en
un país cuando millones de ciudadanos celebran que un político bordee la muerte
por culpa de un accidente de tráfico. Si se gobierna contra el pueblo, no se
puede esperar compasión ni afecto.
España se merece otros políticos y una
verdadera democracia, con libertad, solidaridad, igualdad y justicia para
todos.
RAFAEL NARBONA
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