«A los ciudadanos ya no les queda ninguna duda: La financiación del PP era una orgía de dinero negro»

Los enemigos del país deben ser rostros de todos conocidos...

 Si se los encuentra proceda en consecuencia!

ENRIQUE SANTIAGO. ABOGADO. DIRIGENTE DE IU. EJERCE LA ACUSACIÓN POPULAR EN EL CASO BÁRCENAS.

Enrique Santiago, en un momento de la entrevista que concedió a este periódico el pasado lunes ANTONIO AMORÓS

De paso unos días en la provincia de Alicante, Enrique Santiago analiza el avance de la instrucción judicial

Enrique Santiago (Madrid, 1964) es el abogado que, en nombre de Izquierda Unida y de otras asociaciones, ejerce la acusación particular en el llamado caso Bárcenas. Actualmente ocupa la secretaría de Refundación y Movimientos Sociales de la coalición, cargo que comparte con su actividad jurídica.

¿Cuáles son los motivos que han llevado a Izquierda Unida, junto a otras entidades, a presentar una querella criminal para ejercer la acusación en el caso Bárcenas?

Cuando a finales de enero se conoce el contenido de los llamados papeles de Bárcenas, a nuestro juicio, lo que esa documentación explica son las políticas de infraestructuras y de absoluto derroche desplegadas en España en el contexto de la burbuja financiera y también inmobiliaria. Elementos que, además, están en el origen de la crisis económica. Derroches presupuestarios que se habrían hecho, según esos papeles, para mayor enriquecimiento de las grandes empresas constructoras. Eso aclara, desde nuestro punto de vista, los motivos de que en España haya seis aeropuertos en los que no ha despegado o aterrizado ningún avión, estaciones de AVE en las que no suben ni bajan pasajeros o autopistas de peaje que el Gobierno, poco después de construírlas, tiene que rescatar con dinero público al no circular vehículos. Nuestra acción legal va dirigida a evidenciar este tipo de políticas: la compra de Consejos de Ministros por parte de constructores y grandes empresas que se han beneficiado usurpando recursos públicos.

¿O sea que, para ustedes, la supuesta financiación ilegal del PP que se desprende de los papeles de Bárcenas sería la «compra» de decisiones políticas sobre las grandes adjudicaciones del Gobierno?

Para nosotros lo más grave no es que dirigentes del PP con asiento en el Consejo de Ministros hayan estado cobrando sobresueldos o comisiones ilegales, sino que el PP, desde nuestro punto de vista, se ha venido financiando en los últimos 25 años, desde tiempos de Naseiro y según esos papeles, a través de un sistema de cohechos relacionados con prevaricaciones que les permitía disponer constantemente de dinero de las grandes empresas de infraestructuras. Y, probablemente, como hemos sabido por otras tramas de financiación como la Gürtel, se habrían comprado también consejos de gobierno autonómicos y de municipios.

¿Y no teme que al final el sumario de Bárcenas acabe anulado, igual que en su día el caso Naseiro?

Buscar la nulidad es la única estrategia de defensa del PP. Es uno de los elementos de negociación que, de hecho, le ofrecieron a Bárcenas cuando un enviado del PP le visita en la prisión de Soto del Real. A cambio de que no hable le garantizan la anulación del procedimiento entre septiembre y octubre de este año además de ofrecerle otra serie de prebendas: medio millón de euros en efectivo, garantía absoluta de que su mujer no entrará en la cárcel e, incluso, la cabeza del actual Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. No hay que perder de vista que la nulidad que el PP consiguió con el caso Naseiro permitió que el mismo sistema de financiación que puso en marcha durante su etapa como tesorero se haya mantenido, al menos, hasta marzo de 2010, fecha en la que, formalmente que no de hecho, Bárcenas dejó de realizar sus funciones de tesorero del PP, como así lo reconoce en sus declaraciones. El sistema es el mismo desde los 80. Tanto es así que el primer apunte contable que aparece en los papeles de Bárcenas es una entrega de dinero de Naseiro. Y todo, en su conjunto, es el caso de la supuesta financiación ilegal del PP.

¿Intenta implicar Luis Bárcenas a Rajoy y a Dolores de Cospedal?

Es increíble que un sistema de financiación que ha movido esas cantidades de dinero y que ha posibilitado la puesta en marcha de planes de infraestructuras como los que ahora conocemos lo haya llevado adelante sólo Bárcenas. No se lo cree la Policía ni tampoco, por lo que estamos viendo, el juez que instruye el sumario. Para mantener un sistema de esas dimensiones hace falta gente con mucha más influencia en la administración pública que el tesorero del PP. Pretender atribuir en exclusiva a Luis Bárcenas este entramado es tomarnos a todos por retrasados mentales. En sede judicial, ese argumento tan pobre no está calando. Es obvio que es una pirámide como cualquier asociación criminal. Es una asociación ilícita, que es uno de los delitos que figura en la querella y que al PP le ha puesto muy nervioso. No decimos, ojo, que el PP sea una asociación ilícita sino en el partido la había en los términos que recoge el Código Penal. Estaban el tesorero y el gerente. Por supuesto. Pero también todos aquellos que tomaban decisiones de índole económica y que conectaban al PP con resoluciones de las administraciones públicas. ¿Cuál es nuestra tarea ahora? Sacar a relucir a los miembros de esa asociación ilícita.

¿Cómo interpreta ese cambio de versión del PP: de negar por completo la veracidad de los papeles a echarle toda la culpa a Bárcenas?

Cuando el PP asumió que comienza a ser sencillo acreditar la comisión de estos delitos ha de cambiar esa estrategia. Y, desde ese momento, pasan a eludir responsabilidades y a poner la «operación ventilador» en marcha: echar las culpas a todos los que han ejercido de tesoreros como Álvaro Lapuerta, Álvarez Cascos que lo fue tres años y el propio Luis Bárcenas. Y esa formulación de implicar a los tesoreros alude de forma directa a gente con nombres y apellidos.

¿La declaración de De Cospedal, Arenas y Cascos, solicitada por ustedes, ha dado este verano un salto cualitativo a la instrucción?

Por supuesto. ¿Por qué las solicitamos? A fecha de hoy, el PP no había dado explicación alguna sobre el sistema de control de sus donaciones. Y esa responsabilidad correspondía a los secretarios generales. El juez entendió que el criterio era acertado y, contra la Fiscalía, aprobó esa declaración como testigos. Y se comprobó lo que veníamos argumentado: no había ningún mecanismo en el PP para controlar las donaciones de acuerdo a la ley. ¿Por qué? Es obvio. Si hubiera existido, no habrían podido mantener este sistema de financiación irregular en el PP. Esas tres declaraciones confirman la absoluta veracidad de los papeles de Bárcenas, algo que ninguno de ellos, salvo De Cospedal, negó ante el juez. Se limitaron a rechazar que hubieran cobrado las cantidades anotadas.

¿Y ahora pedirán la declaración judicial de Mariano Rajoy?

Tenemos presentado un escrito solicitando más diligencias. Vamos a ampliar la querella por un delito más; nuevas empresas, algunas de ellas vinculadas a esta Comunidad; y respecto a todos los que han sido tesoreros. Si el señor Rajoy fuera sólo el líder del PP, desde luego, ya habríamos solicitado su declaración como testigo y aunque sólo fuera para aclarar cómo se pactaron esas condiciones de salida de Bárcenas de la tesorería. De Cospedal, de hecho, ya ha ratificado que fue el que lo negoció. Ocurre, es cierto, que Rajoy, tiene una protección política y jurídica. Y siendo presidente del Gobierno, antes de citarlo, vamos a acreditar por otras vías la veracidad de las acusaciones que distintos testigos e imputados le formulan. Una vez que las verifiquemos, en ese punto y en su caso, tocaría.

¿Hacía dónde se mueve esa conexión valenciana del caso Bárcenas que acaba de citar?

En los papeles de Bárcenas aparecen diferentes empresas de la Comunidad, muchas de ellas vinculadas a la familia de Juan Cotino, presidente de las Cortes. Nuestro criterio es que deben estar imputadas todas las personas que se citan en los documentos realizando pagos. Hasta ahora, habíamos empezado por las empresas más grandes. Pero, llegado este punto y habiendo verificado los papeles, es una obligación procesal ampliar la querella a todas las empresas que aparecen en la documentación, entre ellas las de esta Comunidad.

¿La gravedad de este escenario de corrupción está calando lo suficiente entre la ciudadanía?

A los ciudadanos ya no les queda ninguna duda de que el PP ha nadado en un mar de corrupción y que su financiación ha sido una auténtica orgía de dinero negro con el ingreso constante de fondos procedentes de operaciones supuestamente ilícitas. « ¿Qué hacían ustedes y cómo recaudaban dinero cuando no quedaba dinero en la caja «b»? », le preguntaron las acusaciones y el propio juez a Bárcenas. Y su respuesta fue: «Nunca faltaba. No teníamos ese problema». Constantemente recibían visitas, ofrecimientos, ofertas... que luego, como dijo Álvaro Lapuerta, obligaban a hacer llamadas a los ministerios para, con las habituales frases de cualquier organización mafiosa, decir: «No sé de que te van a hablar. No tengo ningún interés en eso. Sólo quiero que recibas a este señor que nos ha tratado muy generosamente». Es de una película de «El Padrino».

¿En esta Comunidad con casos como Gürtel, Brugal, Cooperación, Nóos... sin embargo el PP sigue gobernando con mayoría absoluta?

Los ciudadanos de la Comunidad Valenciana deberían reflexionar muy seriamente y poner a los gobernantes en su sitio. Si no lo hacen pues, evidentemente, los dirigentes del PP considerarán que tienen un cheque en blanco y continuarán esquilmando los recursos públicos. Quizás los dos lugares en los que se han puesto de manifiesto las más grandes operaciones de financiación irregular del PP son Galicia y la Comunidad Valenciana. Y luego Madrid. Pero lo de esta Comunidad es que sale a relucir en los papeles de Bárcenas y ocupa un lugar destacadísimo en la red Gürtel que, no perdamos de vista, es parte del sistema de financiación irregular del PP a los aparatos autonómicos. El modelo que se refleja los papeles de Bárcenas financiaba, por su parte, a la dirección estatal del PP. Esta Comunidad, desde luego, está a la cabeza de España en corrupción política.

El «modus operandi» que cita usted con los papeles de Bárcenas y el de Gürtel son casi iguales...

No es muy original. Existían dos modelos: uno para la definición de grandes planes de infraestructuras y otro, probablemente no con ministros sino con cargos de rango menor, para decidir sobre contratos. ¿Gürtel? Era lo mismo. Definir contratos y planes de infraestructuras en planos más reducidos: autonomías y municipios.

¿Por qué sitúan los sobresueldos en un segundo plano de la querella?

Es el menor de los delitos que se ha cometido. Evidentemente, es una chorizada y una falta de ética apabullante que miembros del Consejo de Ministros puedan haber estado cobrando dinero procedente de comisiones ilegales. Pero tenemos un Código Penal en el que los delitos de «cuello blanco» de corte económico son tratados con guante blanco. En España tiene más pena atracar la caja registradora de una gasolinera que cobrar una comisión millonaria por conseguir la adjudicación de una línea de AVE en un sitio que no hace falta. El meollo es, insisto, que sistemáticamente a ministros del PP, parece ser, que el tesorero les repartía sobres procedentes de pagos efectuados por empresarios a cambio no sólo de adjudicaciones sino, lo que es más grave, de la definición de las políticas de infraestructuras. En el PP, como declaró un empresario y ratificaron Cascos y Bárcenas, existía una comisión de infraestructuras, sin reflejo en los Estatutos, que reunía al tesorero, al gerente, a constructores y a otros miembros del PP. Esa comisión definía las grandes obras de infraestructuras que se incluían en los programas electorales para ser ejecutadas si ganaban las elecciones. Y ahí se acordaban, entendemos, esas grandes obras, en muchos casos innecesarias, a cambio de esas comisiones. Luego eso se concretaba a través del dinero que, supuestamente el tesorero repartía, en cada momento, a los componentes del PP que se sentaban en el Consejo de Ministros.

¿Hay recibís de los sobresueldos?

Bárcenas siempre ha dejado claro que no. Sí existen recibís de pagos que se realizaban a otros dirigentes del PP. Es cierto que en la inmensa mayoría de los casos no porque se trata de dinero negro. Pero el rastro del dinero se sigue en los bancos.

La cúpula del PP se queja de que ustedes le estarían dando veracidad con esta querella a un presunto delincuente como Luis Bárcenas...

Luis Bárcenas nunca reconoció la veracidad de estos papeles hasta el pasado 15 de julio. Cuando Bárcenas declara tiene poco margen para negar la evidencia: hasta seis testigos –dirigentes del PP que, además, siguen en el partido– han reconocido, en primera persona, la existencia de esos cobros, como aparecen en esos papeles. Bárcenas lo admite después de estas declaraciones. ¿Y si cobraban en dinero negro de dónde salía? No se consigue por generación espontánea. Eso concede veracidad también a los apuntes de ingresos que aparecen en los papeles. Además, son varios los empresarios –alguno imputado– que han reconocido que venían haciendo pagos supuestamente irregulares al PP. Todavía no los que figuran en la contabilidad de Bárcenas. Es cierto. Pero sí admiten otros que vulnerarían la ley de financiación de partidos políticos.

 Hay numerosos indicios puestos encima de la mesa del juez Ruz por la Unidad contra Delitos Financieros (UDEF) de la Policía. Por ejemplo, han acreditado como los balances oficiales del PP, convertidos en una de las principales pruebas de cargo, recogen esos ingresos en la cuenta bancaria de donaciones. El sistema era sencillo: los empresarios pagaban; el dinero se cogía y se troceaba en cantidades inferiores a los 60.000 euros o 100.000 euros, en función de los topes legales; y se ingresaba pero con tan poca prevención que la suma de los citados ingresos diarios coincide con las cantidades atribuídas a constructoras que figuran en los papeles. Y también está la prueba caligráfica que atribuye sin duda la autoría de la letra de esos papeles a Luis Bárcenas.

¿Unas afirmaciones de tanta gravedad tendrían que provocar la caída de un Gobierno?

Lo que buscamos es la condena de aquellas personas?–empresarios y miembros del PP– que habrían cometido estos gravísimos delitos con un menoscabo histórico en la economía de España.

¿Avala que el juez Ruz sumara a la instrucción del caso Bárcenas la de la trama Gürtel?

Nunca hemos optado por un juez u otro. Han sido otros los que lo han hecho. Eso sí, en aplicación de la jurisprudencia y cuando la conexidad de los delitos no es evidente, entendemos que la existencia de macroprocesos favorece el vicio de la nulidad. Eso es pasado. Una vez decidida la competencia, a nosotros nos da exactamente igual.

¿Tirará Bárcenas de la manta hasta el final?

Bárcenas intentará salvarse como cualquier otro presunto criminal que esté en prisión e imputado en un procedimiento de esta envergadura. Lo que Bárcenas, de alguna forma, ha dado a entender en sus declaraciones es que, a estas alturas, poco pueden hacer. Ese análisis coincide con su estrategia de defensa: intentar demostrar que era una parte del engranaje y que, precisamente, no estaba en la cumbre de la pirámide. Y que, por encima, existían personas que tomaban decisiones hasta llegar a la cima. Según Bárcenas, en la cúspide estaban, en todo momento, los máximos dirigentes del PP. Eran conocedores de todo lo que pasaba: el tesorero les informaba de forma sistemática tanto de los cobros como de los pagos.

¿José María Aznar también?

Luis Bárcenas ha dicho todos.

Bárcenas intentó dejar fuera a Aznar...

Intentó no relacionar las famosas anotaciones de J. M., la persona que con esas iniciales cobró o José María. Bárcenas se negó a vincularlas con Aznar. Desde mi punto de vista, también ha intentado dejar fuera a muchos empresarios. Sólo ha implicado directamente a dos: Luis del Rivero de Sacyr-Vallehermoso; y a José Miguel Villar Mir de OHL. ¿Por qué? Era imprescindible implicar directamente a estos empresarios para poner de manifiesto, en contra de lo que dice el PP, que este sistema seguía funcionando después de su salida. Precisamente, Bárcenas pone de manifiesto que Rivero habría realizado un pago de 200.000 en Castilla-La Mancha y que Villar Mir acudió a entregar a Rajoy una donación de 300.000 euros para la campaña de noviembre de 2011 –el proceso que llevó a La Moncloa al PP– pero, sin embargo, Rajoy habría rechazado coger ese pago en persona y le remitió a Romay Beccaria, entonces tesorero. Eso es lo que declara Bárcenas. Y, desde nuestro punto de vista, todo encaja para que sea cierto

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¿Hay alternativas para atajar esta situación de corrupción generalizada en España?

Que los ciudadanos retiren su apoyo a los responsables de este desfalco de fondos públicos y de este atraco a la economía de todos. Y desde luego una reforma profunda del Código Penal. Es una obligación ética, política y democrática.

pere rostoll