Carta abierta a la ciudadanía
¿Por qué fui a Granada?
14 de noviembre de 2013
54 jornaleros en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía acusados de ocupar la finca Las Turquillas del Ministerio de
Defensa en el término municipal de Osuna.
¿Por qué no se han sentado
en el banquillo los Consejos de Administración de los grandes bancos
por sus trapicheos, movimientos especulativos e ilegalidades varias?
¿Por qué no se ha sentado en el banquillo el gobierno corrupto comprado
con dinero negro a través de sobres que totalizan millones de euros
aportados por empresas que se beneficiaban del BOE?
Estimados ciudadanos, estimadas ciudadanas:
Las Turquillas son una finca de 1200 hectáreas que hoy está adscrita por patrimonio nacional al Ministerio de Defensa. Desde el punto de vista de explotación agropecuaria, de rendimiento agrícola y ganadero está abandonada.
Sólo hay un grupo reducido de caballos y otro grupo de burras. Hemos de destacar que el ayuntamiento de Osuna logró en su día que 300 hectáreas de la finca de las Turquillas se cedieran para uso público y municipal al ayuntamiento de la ciudad. Se trata de una comarca con más de 60% de su población en desempleo, en paro estructural.
Constituye una vergüenza, un escándalo y una
falta de ética y de valores solidarios el promover y fijar un
procedimiento judicial para sentar a 54 jornaleros y jornaleras en el
banquillo de los acusados, con la que está cayendo en nuestro país y en
Europa.
Sánchez Gordillo y Diego Cañamero líderes del SAT y
promotores de esta ocupación este verano de las Turquillas no asisten a
la vista oral del juicio en la Sede del Tribunal Superior de Justicia.
Han entrado una representación pequeña de los acusados para que el
juicio pueda celebrarse pues ellos se han declarado insumisos al
tribunal para denunciar lo que sin duda representa una represión pura y
dura del sindicalismo de clase, del sindicalismo alternativo, del
sindicalismo combativo, etc. Y con este gesto de desobediencia civil
pacífica y al mismo tiempo radical denuncian las dos varas de medir y la
falta de credibilidad de la justicia en España:
Cuando la
Infanta Cristina junto a su marido Urdangarín han amasado una fortuna
con corrupciones y robos de subvenciones, etc, se les saca del proceso
con la ayuda del fiscal que se convierte en el abogado defensor de la
Infanta incumpliendo el mandato del artículo 124 de la Constitución
Española, que establece literalmente: “El Ministerio Fiscal, sin
perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por
misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de
los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la
ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la
independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción
del interés social.”
Cuando los casos de corrupción tan graves
no conlleva que la cúpula del PP y del gobierno estén procesados y solo
entra en prisión Bárcenas.
Cuando 6 de los 7 grandes bancos
españoles poseen filiales en los paraísos fiscales donde lavan dinero
negro y criminal y lo esconden para no pagar hacienda, ningún consejo de
administración de estas entidades se ha sentado en el banquillo.
El escándalo del sector financiero, con sus agujeros, sus saqueos y
sus operaciones especulativas que se han saneado con dinero público de
todos, deberían haber dado cuenta en el banquillo de los acusados de
esta crisis y estafa.
Cuando los jornaleros cobran un subsidio
de miseria 6 grandes terratenientes se embolsan más de 6000€ diarios de
subvenciones europeas, el 80% de las subvenciones las reciben los
grandes propietarios y no son llamados a declarar ante el TSJ.
Los que evaden miles de millones de capital a los paraísos fiscales no son llamados a declarar ante el TSJ.
Los que defraudan y engañan a la hacienda pública no son llamados a declarar ante el TSJ
Los que saquean las pensiones públicas de los españoles no son llamados a declarar ante el TSJ.
Los que han caído en la corrupción más espantosa tampoco son llamados a declarar ante el TSJ.
Por ello, tenía el deber moral y ético de estar allí, no puede abrirse
un proceso judicial contra 54 jornaleros y no participar en el rechazo
de esta maquinaria represiva.
También estuve en Granada para
denunciar el FMI con una directora general que cobra 350.000 euros
anuales libres de impuestos. El presidente de la Comisión Europea José
Manuel Durao Barroso cobra un sueldo bruto que supera los 30.500 euros
mensuales lo que supone anualmente en 14 pagas 427.000 euros anuales. En
el caso del vicepresidente, Antonio Tajan, el salario bruto supera los
27.300 euros mensuales, que anualmente serían unos 382.200 euros, y en
el caso de los comisarios más de 24374 euros mensuales, cobrando
anualmente 341.236 euros. Felipe González ex presidente del gobierno y
José María Aznar unen a sus pensiones vitalicias como presidentes del
gobierno de España más de 130.000 euros anuales por formar parte del los
Consejos de Administración de Gas natural y Endesa respectivamente. La
Troika, tolerantes con las privatizaciones que de la sanidad madrileña,
agresivos con las expropiaciones de las viviendas propiedades de la
banca y de la política pública.
Los tertulianos en
nóminas de las multinacionales y del pensamiento único neoliberal, la
derecha económica y política el aparato judicial heredado del viejo
régimen… todos se han agavillado para dar un escarmiento represivo a
Cañamero y a Gordillo al sindicalismo alternativo en el campo andaluz…
Por eso fui a Granada. Había que estar allí en la manifestación, en la
concentración recorriendo las calles de esta bellísima ciudad. Terminó
la manifestación en el antiguo gobierno civil de Granada hoy sede de la
subdelegación de gobierno. De allí recordaron Gordillo y Cañamero en sus
discursos que se llevaron a García Lorca para fusilarlo.
Así mismo fui a Granada por todas estas razones porque tocan a uno de los nuestros y nos tocan a todos.
Antonio Romero Ruiz
Coordinador de la Red de Municipios por la III República
Presidente de honor del PCA
Ex Parlamentario de IU
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