Comienzan a declarar los acusados de los tartazos a Barcina

Comienzan a declarar los acusados de los tartazos a Barcina

La Fiscalía y la acusación particular piden entre cinco y nueve años de cárcel para los cuatro acusados

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La Audiencia Nacional juzga hoy a cuatro acusados de lanzar tres tartas a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, en un acto en Toulouse (Francia) en 2011, hecho por el que cada uno se enfrenta a una petición del fiscal de 5 años de cárcel y 2.700 euros de multa acusados de atentado contra la autoridad.
La acusación particular, que representa a Barcina, solicita por su parte nueve años de prisión para uno de los acusados, por su condición de autoridad municipal (es teniente de alcalde de Arruazu) y seis años de prisión para los otros tres.
Los hechos ocurrieron el 27 de octubre de 2011, cuando Barcina participaba en el XXIX Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), del que había sido nombrada presidenta por un periodo de dos años.
Esta acción fue reivindicada por el movimiento de desobediencia civil contra la construcción del Tren de Alta Velocidad (TAV) en Navarra Mugitu, que exige la paralización de las obras y el archivo del proceso judicial contra los cuatro acusados, ya que consideran que es un asunto que, en todo caso, debía de haberse juzgado en Toulouse
Según las conclusiones provisionales de la fiscal Blanca Rodríguez, los cuatro acusados estaban presentes en ese acto cuando en un determinado momento se levantaron y se dirigieron hacia el estrado de las autoridades y en ese momento uno de los acusados sacó de una carpeta "una tarta que portaba oculta, abalanzándose de forma sorpresiva y de manera enérgica" contra Barcina, "golpeándola de forma contundente en el rostro con dicha tarta".


Mientras "permanecía aturdida", otros dos acusados se acercaron por detrás a la presidenta, "que estaba privada de toda visión como consecuencia del impacto de la tarta en los ojos", y le "estamparon" en la cabeza las tartas que llevaban ocultas.


El cuarto acusado irrumpió en la mesa de la ponencia, "apoyando a los procesados atacantes", indica la fiscal en su escrito de acusación.


El abogado de los cuatro acusados, Gonzalo Boyé, trató en su día que la Audiencia Nacional se inhibiera de juzgar estos hechos, alegando que la competencia correspondía a los tribunales franceses por haber sucedido los hechos en Toulouse.


El abogado también alegó cosa juzgada, ya que en Francia se les abrió a los acusados una investigación por dos faltas: una de violencia voluntaria y otra de daños, castigadas ambas con multa, aunque finalmente fue archivada.

A este respecto, la sección primera de la Sala de lo Penal, a la que corresponde enjuiciar esta agresión, acordó finalmente que la Audiencia Nacional era competente para juzgar a los acusados porque "no existe ningún riesgo de que se estén sancionando doblemente los mismo hechos", ya que cuando Francia archivó el caso no se pronunció sobre si eran delictivos sino que argumentó que ya se seguía un procedimiento en España.