Ana Botella, la misma que decidió viajar a un Spa de lujo en Portugal
cuando tenía sobre la mesa los cadáveres de las jóvenes fallecidas en el
Madrid Arena,
ha recibido una nueva derrota política, esta vez por parte de los
sindicatos y trabajadores de los servicios de limpieza de la capital.
Creo que el conflicto en este sector no está cerrado definitivamente,
pero esta primera batalla la han ganado los trabajadores. La alcaldesa
nombrada a dedo trató de chantajear a los huelguistas amenazándolos con
contratar a trabajadores públicos para realizar los servicios de
limpieza, pero su estrategia fracasó puesto que su intención era que los
trabajadores claudicaran ante las grandes empresas concesionarias y
volvieran a sus trabajos con menores sueldos, menos derechos y menos
trabajadores.
A raíz de este nuevo esperpento político la alcaldesa burguesa afirmó
que ante este tipo de "conductas chantajistas" era necesario "aprobar una ley de huelga",
es decir, que era necesario legislar para limitar o directamente
impedir el derecho a huelga de los trabajadores. Dada su ideología
neoliberal, clasista, reaccionaria, heredera directa del fascismo
franquista, esta propuesta parece lógica, pero desde luego no es nada
original o nueva. Por ejemplo, el presidente de Comunidad de Madrid
también nombrado a dedo, Ignacio González,
ya propuso lo mismo hace casi un año cuando pidió que se regulara "el
uso abusivo que se hace del derecho a la huelga", tras las
movilizaciones de los trabajadores del Metro, de la Sanidad Pública o
de Telemadrid. Esta propuesta de "regular", es decir, recortar el
derecho a la huelga también fue defendido por Rosa Díez,
la líder del partido neo-falangista UPyD, la "marca blanca" del PP y
recambio natural de la derecha españolista que se presenta ante los
ciudadanos como un partido "progresista".
En primer lugar hay que decirles a estos recortadores de derechos, que el derecho a la huelga ya está regulado
en España desde hace décadas. Este derecho se encuentra reconocido en
la Constitución Española (artículo 28.2), así como en el Real
Decreto-Ley 17/1977 de Relaciones de Trabajo. Por lo tanto lo que
pretenden no es "regularlo", sino endurecer la legislación hasta el
punto de que sea imposible o inútil ejercer este derecho fundamental. De
hecho el gobierno del PP ya está endureciendo las leyes
para limitar los derechos a la manifestación, a la huelga, y a la
protesta ciudadana. Los ministros de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y
de Justicia, Jorge Fernández Díaz, a través de las reformas en el Código Penal y de la llamada Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana,
están convirtiendo en delito lo que hasta ahora eran derechos.
Están
tratando de conseguir por la vía legal, que no legítima, que los
ciudadanos más activos y comprometidos se queden en casa o vayan
directamente a la cárcel. Esto es literal. Parar un desahucio puede ser
castigado con hasta tres años de cárcel. Una "sentada" pacífica en un
espacio público puede castigarse también con hasta tres años de
cárcel. Manifestarse ante una institución pública o hacer un "escrache" a
un cargo público también será considerado como un delito. ¿Todavía
quieren "regular" más? Ni delante de instituciones públicas, ni en
plazas públicas, ni entorpecer el tránsito en las calles... ¿dónde
ejercemos el derecho a la manifestación entonces, en un
"manifestódromo", como propuso hace años Álvarez del Manzano? ¿qué
sentido tiene manifestarse en un lugar donde no molestas y eres
invisible? ¿no es esto de facto la abolición del derecho a
manifestación, a la concentración, a la protesta, a la huelga? ¿qué
espacios, qué salida nos dejan?
Las huelgas son un derecho fundamental amparado por el Derecho Internacional,
y una herramienta imprescindible de la clase obrera y trabajadora para
defenderse frente a las clases dominantes que les oprimen. Las huelgas
deben ser y son por su naturaleza molestas, ruidosas, deben perturbar la
normalidad diaria de la sociedad, deben repercutir negativamente en la
economía del país, deben tensar las relaciones entre las fuerzas
enfrentadas, deben remover conciencias, deben tener repercusión nacional
e internacional, deben generar presión sobre los gobernantes. Si esto
no es así no será una huelga. ¿Cómo se creen que se consiguieron en su día todos los derechos que ahora estamos perdiendo?
El establishment político, empresarial y mediático quieren huelgas
silenciosas, ordenadas, breves, previsibles, que no causen molestias, y
dirigidas por el gobierno.
Huelgas como "dios manda". Quieren sindicatos
mansos, pactistas, dependientes económicamente del gobierno de turno y
de los Bancos. Y trabajadores sumisos, que se mueran de miedo ante la
posibilidad de perder su empleo o de ir a la cárcel por manifestarse.
Además de otras fórmulas de lucha más actuales y que también son
necesarias, me temo que para defender los derechos que estamos perdiendo
no queda más remedio que volver a utilizar los mismos métodos y
herramientas que en su día permitieron que conquistáramos esos derechos.
Incluidas las huelgas generales, sectoriales, indefinidas... o la
ocupación de empresas, de tierras... que hagan daño al bolsillo de los
capitalistas y perjudiquen la imagen del gobierno dentro y fuera de
casa.
Para ello se necesita coraje, consciencia, y unidad de las clases
trabajadoras y populares. ¿Están los grandes sindicatos por la labor?
¿y la clase trabajadora? ¿y el resto de ciudadanos? Algunos dicen que
las huelgas ya no son eficaces, que son inútiles. Yo creo que no hay
huelga más inútil que aquella que no se hace.
Ya lo dijo el Che Guevara:
La única batalla que se pierde es la que se abandona.
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