“No estamos para barrer la mierda de los políticos”
Tragsa, empresa a la que
alcaldesa de Madrid encargará los servicios mínimos de limpieza si la
huelga no finaliza mañana por la tarde, recuerda que al ser 100% pública
actúa con carácter de obligatoriedad y que “si se lo ordenan debe dar
respuesta a la demanda de la Administración”. No obstante, los
trabajadores de esta empresa han mostrado su repulsa a la “artimaña” de
la alcadesa para boicotear la huelga y recuerdan que se encuentran
inmersos en un proceso de despido colectivo. Javier Canales, secretario
general de CCOO en Tragsa, lo tiene claro: “La alcaldesa se está
columpiando, Tragsa no está para limpiar la mierda de los políticos”.
Según han explicado fuentes de la
empresa, Tragsa “está al servicio de las administraciones en situación
de normalidad, como se hace diariamente, o en una situación de
emergencia, siempre que esté declarada por la administración”.
En este sentido y en relación con
el anuncio de la alcaldesa Ana Botella, han precisado que en este
momento “se trata de una hipótesis”, pero que la disposición 25 del Real
Decreto 3/2011 de 14 de noviembre recoge “como trabajar”, y lo que una
empresa de estas características tiene que hacer “por una encomienda de
carácter obligatorio en actuaciones de emergencia”.
Por su parte, el comité
intercentros de Tragsa ha manifestado ya en un comunicado firmado por
UGT, CCOO y CGT que no está dispuesto a participar en las “artimañas” de
la alcaldesa de Madrid, han rechazado “rotundamente” la intención de
Botella y han manifestado el “total” apoyo a las “justas”
reivindicaciones de los barrenderos y jardineros de la ciudad.
El comité intercentros considera
que no se cumplen los requisitos marcados por la ley en este tipo de
situaciones, pues sería necesario que se declarara una situación de
emergencia sanitaria, y añade “que en este caso no se cumple, según
reconoce la propia alcaldesa, pues para que fuese declarada suele
transcurrir unas tres Semanas, como ha sucedido en otras ocasiones”.
Así mismo, recuerdan que los
trabajadores de Tragsa están inmersos en un expediente de despido
colectivo que plantea enviar al desempleo a 836 trabajadores, el 23 por
ciento de la plantilla fija de esta empresa pública, por lo que no
podrían prestar este servicio.


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