Las mujeres sólo podrán interrumpir su embarazo en caso de malformación fetal si dos médicos así lo permiten, según lo aprobado hoy en el Consejo de Ministros
A tiempos posfranquistas. A esa época ha devuelto el Gobierno a las mujeres después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este viernes la reforma de la ley del aborto anunciada hace casi dos años por el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
En el anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada (así se llamará la nueva norma) se permite la interrupción voluntaria del embarazo sólo en dos casos: cuando la mujer haya sido violada, y cuando esté en riesgo su salud física o psicológica. El supuesto de malformación fetal queda relegado a las anomalías que sean incompatibles con la vida y sólo si esa "presión insoportable" -como la definió Gallardón- es inasumible psíquicamente por la madre.
Esta cuestión habrá de ser constatada, además, por un especialista que diagnostique la enfermedad del feto y otro que analice psicológicamente los daños que puede sufrir la embarazada.
Así, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, vigente desde 2010, quedará reducida a cenizas bajo la excusa esgrimida por el ministro de proteger al no nacido. Gallardón cumplió su promesa electoral y en el anteproyecto que ahora comienza su trámite parlamentario tras recibir el visto bueno del Ejecutivo restringe la práctica incluso más que la antigua normativa de 1985.
La nueva ley impone, además, otras restricciones con respecto a la actual ley del aborto, que permite libremente la práctica hasta las 14 semanas de gestación. Ahora,en caso de violación, la mujer sólo podrá interrumpir su embarazo en las primeras 12 semanas y sólo si ha presentado denuncia previa. En el otro supuesto permitido, las afectadas tendrán 22 semanas para abortar. Si la anomalía fetal fuera descubierta en un plazo posterior, tendrá que someterse a un parto inducido.
Hasta ahora, la ley permitía el aborto en caso de malformación fetal (aunque el feto no fuera inviable) hasta las 22 semanas. Pero Gallardón volvió a justificar sus medidas haciendo una defensa de las personas discapacitadas. "Ninguna anomalía es en sí misma desmerecedora de los derechos de protección", esgrimió. "No hay embriones de primera y de segunda", agregó.
Por otro lado, en cualquiera de los supuestos la mujer deberá someterse al proceso de "consentimiento informado, libre y válidamente emitido". Ello incluye la participación de los titulares de la patria potestad en la decisión de las menores de edad, así como un período de reflexión mínimo de 7 días (hasta ahora era de tres) tras haber sido informada sobre "sus derechos, ayudas, opciones asistenciales, información clínica -también ofrecida verbalmente por los facultativos- y alternativas al aborto", enumeró el ministro. No obstante, no se incluirá la muestra de ecografías -como en su día solicitó UPN- en la batería de medidas disuasorias.
Gallardón insistió, pese a todo, en que esta reforma "protege a la mujer" y es "más constitucional que la de 2010", puesto que se basa, dijo, en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional de 1985. "Lo hacemos para regular un acontecimiento dramático, en defensa de los Derechos Humanos, porque es obligación del Estado defender toda vida", argumentó.
También volvió a felicitarse "porque es la primera vez en la historia que no se penaliza a la mujer para abortar". En caso de violación de la ley, quien haya interrumpido su embarazo fuera de los supuestos y plazos establecidos no será penada ni multada, mientras que el profesional sanitario que lo practique será penalizado "en los mismos términos que en la ley actual".
Pero antes de eso, el Ejecutivo tuvo que superar los conflictos internos que había suscitado la reforma del aborto y que le llevó a retrasarla durante más de año y medio . Gallardón reconoció hoy que se trataba de un "asunto complejo y sensible" digno de ser tratado durante "un largo período de reflexión", pero también afirmó haber cumplido sus plazos: la reforma se ha aprobado en la primera mitad de la legislatura.
También negó discrepancias al respecto entre los miembros del Gobierno: "No ha habido ni una sola divergencia con esta propuesta", sentenció. La vicepresidenta, en cambio, no se mostró tan rotunda cuando fue cuestionada sobre su opinión al respecto. "Estoy tan cómoda ahora como lo estaba con la ley de 1985", se limitó a responder Sáenz de Santamaría.
Por otro lado, aunque Gallardón se jactó de haber elaborado su contrarreforma tras "haber escuchado todas las voces de los expertos", las organizaciones feministas, que se han puesto la tirita antes de la herida convocando manifestaciones incluso antes de conocer los términos exactos de la reforma, protestarán esta tarde en varias ciudades españolas contra lo que consideran un ataque al derecho fundamental de la mujer a decidir sobre su cuerpo y su maternidad. En Madrid, la concentración tendrá lugar a las 19.00h frente al Ministerio de Justicia.
En el anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada (así se llamará la nueva norma) se permite la interrupción voluntaria del embarazo sólo en dos casos: cuando la mujer haya sido violada, y cuando esté en riesgo su salud física o psicológica. El supuesto de malformación fetal queda relegado a las anomalías que sean incompatibles con la vida y sólo si esa "presión insoportable" -como la definió Gallardón- es inasumible psíquicamente por la madre.
Esta cuestión habrá de ser constatada, además, por un especialista que diagnostique la enfermedad del feto y otro que analice psicológicamente los daños que puede sufrir la embarazada.
Así, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, vigente desde 2010, quedará reducida a cenizas bajo la excusa esgrimida por el ministro de proteger al no nacido. Gallardón cumplió su promesa electoral y en el anteproyecto que ahora comienza su trámite parlamentario tras recibir el visto bueno del Ejecutivo restringe la práctica incluso más que la antigua normativa de 1985.
La nueva ley impone, además, otras restricciones con respecto a la actual ley del aborto, que permite libremente la práctica hasta las 14 semanas de gestación. Ahora,en caso de violación, la mujer sólo podrá interrumpir su embarazo en las primeras 12 semanas y sólo si ha presentado denuncia previa. En el otro supuesto permitido, las afectadas tendrán 22 semanas para abortar. Si la anomalía fetal fuera descubierta en un plazo posterior, tendrá que someterse a un parto inducido.
Hasta ahora, la ley permitía el aborto en caso de malformación fetal (aunque el feto no fuera inviable) hasta las 22 semanas. Pero Gallardón volvió a justificar sus medidas haciendo una defensa de las personas discapacitadas. "Ninguna anomalía es en sí misma desmerecedora de los derechos de protección", esgrimió. "No hay embriones de primera y de segunda", agregó.
Por otro lado, en cualquiera de los supuestos la mujer deberá someterse al proceso de "consentimiento informado, libre y válidamente emitido". Ello incluye la participación de los titulares de la patria potestad en la decisión de las menores de edad, así como un período de reflexión mínimo de 7 días (hasta ahora era de tres) tras haber sido informada sobre "sus derechos, ayudas, opciones asistenciales, información clínica -también ofrecida verbalmente por los facultativos- y alternativas al aborto", enumeró el ministro. No obstante, no se incluirá la muestra de ecografías -como en su día solicitó UPN- en la batería de medidas disuasorias.
Gallardón insistió, pese a todo, en que esta reforma "protege a la mujer" y es "más constitucional que la de 2010", puesto que se basa, dijo, en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional de 1985. "Lo hacemos para regular un acontecimiento dramático, en defensa de los Derechos Humanos, porque es obligación del Estado defender toda vida", argumentó.
También volvió a felicitarse "porque es la primera vez en la historia que no se penaliza a la mujer para abortar". En caso de violación de la ley, quien haya interrumpido su embarazo fuera de los supuestos y plazos establecidos no será penada ni multada, mientras que el profesional sanitario que lo practique será penalizado "en los mismos términos que en la ley actual".
¿Desacuerdo en el PP?
Con este anteproyecto al que hoy ha dado luz verde el Consejo de Ministros, el PP ha cumplido, como recordó hoy el propio presidente del Gobierno, una de sus promesas electorales. "Eso era algo que iba en nuestro programa electoral y hemos hecho una regulación en la misma línea de la ley del 85 que rigió en España durante 20 años y que fue aprobada bajo los gobiernos de Felipe González", anunció Rajoy desde Bruselas, poco antes de la rueda de prensa de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría con Gallardón y la titular de Empleo, Fátima Báñez.Pero antes de eso, el Ejecutivo tuvo que superar los conflictos internos que había suscitado la reforma del aborto y que le llevó a retrasarla durante más de año y medio . Gallardón reconoció hoy que se trataba de un "asunto complejo y sensible" digno de ser tratado durante "un largo período de reflexión", pero también afirmó haber cumplido sus plazos: la reforma se ha aprobado en la primera mitad de la legislatura.
También negó discrepancias al respecto entre los miembros del Gobierno: "No ha habido ni una sola divergencia con esta propuesta", sentenció. La vicepresidenta, en cambio, no se mostró tan rotunda cuando fue cuestionada sobre su opinión al respecto. "Estoy tan cómoda ahora como lo estaba con la ley de 1985", se limitó a responder Sáenz de Santamaría.
Por otro lado, aunque Gallardón se jactó de haber elaborado su contrarreforma tras "haber escuchado todas las voces de los expertos", las organizaciones feministas, que se han puesto la tirita antes de la herida convocando manifestaciones incluso antes de conocer los términos exactos de la reforma, protestarán esta tarde en varias ciudades españolas contra lo que consideran un ataque al derecho fundamental de la mujer a decidir sobre su cuerpo y su maternidad. En Madrid, la concentración tendrá lugar a las 19.00h frente al Ministerio de Justicia.
La respuesta en la calle a la reforma del aborto: "Sacad los rosarios de nuestros ovarios"
Cientos de personas protestan frente al Ministerio de Justicia para rechazar el anteproyecto de ley aprobado en el Consejo de MinistrosAlberto Ruiz-Gallardón, impulsor de la nueva norma, ha sido el principal objeto de las críticasLa nueva ley propuesta por el
Alberto Ruiz-Gallardón, impulsor de la nueva norma, ha sido el principal objetivo de las críticas
La nueva ley propuesta por el Gobierno elimina los plazos para abortar libremente y limita la decisión de la mujer a los casos de violación
La respuesta en la calle a la reforma del aborto: "Sacad los rosarios de nuestros ovarios"
Cientos de personas protestan frente al Ministerio de Justicia para rechazar el anteproyecto de ley aprobado en el Consejo de MinistrosAlberto Ruiz-Gallardón, impulsor de la nueva norma, ha sido el principal objetivo de las críticas
La nueva ley propuesta por el Gobierno elimina los plazos para abortar libremente y limita la decisión de la mujer a los casos de violación
La reacción en la calle contra la reforma de la ley del aborto impulsada por el Gobierno ha sido inmediata. Cientos de personas han rechazado el anteproyecto de ' Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la embarazada' frente al ministerio de Justicia, impulsor de la nueva norma de la mano de su titular Alberto Ruiz Gallardón.
El ministro ha sido blanco de la mayoría de consignas que se han podido
escuchar en la concentración celebrada en la calle San Bernardo de
Madrid, tales como "Gallardón, dimisión". El rechazo a la nueva
legislación propuesta por el Ejecutivo, que elimina los plazos para
abortar libremente y reduce la decisión de la mujer a los casos de
violación se ha escenificado en gritos como "Sacad los rosarios de
nuestros ovarios" o "Hay que acabar con la Conferencia Episcopal".
Las referencias a los obispos también han estado muy presentes, ya que
"está detrás de la reforma", como aseguraban algunos de los
manifestantes. Además, han acusado al órgano religioso de ser "machista"
y de ejercer el "terrorismo patriarcal".
Entre
varias pancartas con lemas como "Nosotras parimos, nosotras decidimos" o
"Somos mujeres, no criminales", los asistentes han pedido "aborto libre
y gratuito" y su despenalización. La protesta se ha desarrollado ante
la atenta mirada de la policía, que ha desplegado seis furgones
policiales y al menos a una decena de agentes de las fuerzas de
seguridad.
Imagen de la protesta frente al Ministerio de Justicia
Partidos como IU o Equo y organizaciones feministas han
estado representadas en la protesta, en la que se ha pedido la dimisión
del Gobierno en bloque por "fascista". Además, se ha acusado al ministro
Gallardón y a Mariano Rajoy de "perseguir y criminalizar" a las
mujeres.
Tras concentrarse en la calle San Bernardo,
los manifestantes han recorrido el centro de Madrid en una manifestación
espontánea que ha cortado, entre otras calles, la Gran Vía. La marcha
ha transcurrido sin incidentes hasta su llegada a la plaza de Jacinto
Benavente, donde se han producido cargas policiales tras la quema de un
muñeco de tela.
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