CASO NÓOS
Castro les da cinco días para que se pronuncien y decidir así si cita a la hija
del rey por fraude fiscal y blanqueo. El juez ya imputó a la infanta en abril,
pero su citación quedó en suspenso después de que la Fiscalía se opusiera.
La decisión sobre la imputación de la infanta está cada vez
más cerca. El juez instructor del caso Nóos, José Castro, se ha dirigido
hoy a las partes personadas en el proceso para preguntarles si creen
que debe citar a la infanta Cristina para que declare como imputada por los supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
En la providencia dictada hoy, el juez da cinco días de plazo y pide a las partes que "hagan las alegaciones que estimen pertinentes en relación con una hipotética citación de doña Cristina de Borbón para que comparezca a prestar declaración en calidad de imputada por supuestos delitos contra la Hacienda Pública y/o de blanqueo".
Tras ese plazo, que concluye a mediados de la próxima semana, el juez analizará las alegaciones que planteen las partes personadas y decidirá finalmente, previsiblemente a finales de diciembre o en los primeros días de enero, si cita a declarar a la infanta como imputada o archiva la parte de esta causa relacionada con la hija del rey.
El juez ha dictado esta resolución tras haber recibido el pasado 5 de diciembre los informes de la Agencia Tributaria que estaban pendientes, últimas diligencias que había ordenado antes de pronunciarse sobre una eventual nueva imputación y que ha trasladado hoy a la Fiscalía Anticorrupción y demás partes personadas.
Castro ha dado traslado en las últimas semanas de varios informes de la Agencia Tributaria y la Policía sobre el papel de la hija menor del Rey en la empresa Aizoon, de la que era copropietaria con su marido, Iñaki Urdangarin, y que supuestamente formaba parte del entramado societario utilizado para justificar fondos fruto de presuntos desvíos de dinero público al Instituto Nóos.
El juez ya imputó y llamó a declarar a la infanta el pasado mes de abril, pero su citación quedó entonces en suspenso después de que la Fiscalía Anticorrupción se opusiera en un recurso a la decisión de Castro y de que la Audiencia de Palma la dejara sin efecto en un auto dictado en mayo.
El juez ya imputó a la infanta en abril, pero su citación quedó entonces en suspenso después de que la Fiscalía se opusiera en un recurso
En ese auto, la Audiencia apuntaba nuevas líneas de investigación y, desde entonces, Castro ha ordenado numerosas diligencias sobre las declaraciones de impuestos de la infanta, así como sobre los gastos de la empresa Aizoon, de la que es propietaria al 50 % junto a Urdangarin.
El pasado 14 de noviembre el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ya entregó al magistrado un escrito en el que se oponía a la imputación de la infanta por entender que la investigación no ha aportado ningún indicio consistente de que doña Cristina participó de los delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de dinero que se le atribuyen a Urdangarin.
"Las meras conjeturas o sospechas no constituyen elementos válidos de imputación", señaló Horrach en dicho escrito en el que añadió que las especulaciones sobre un supuesto trato de favor hacia la hija del Rey son equiparables "al humo que vendían Iñaki Urdangarin y (su exsocio) Diego Torres a los organismos públicos, presuntamente".
El fiscal considera que el hecho de ser socia al 50 % de Aizoon no implica que la duquesa de Palma supiera que su marido empleaba la empresa para defraudar al fisco.
Sobre el blanqueo, Horrach aseguró que para imputárselo a doña Cristina se requeriría de algún indicio de que conocía el origen delictivo de algunos de los fondos de Aizoon, algo que ha descartado ya en dos ocasiones la propia Audiencia de Palma.
En la providencia dictada hoy, el juez da cinco días de plazo y pide a las partes que "hagan las alegaciones que estimen pertinentes en relación con una hipotética citación de doña Cristina de Borbón para que comparezca a prestar declaración en calidad de imputada por supuestos delitos contra la Hacienda Pública y/o de blanqueo".
Tras ese plazo, que concluye a mediados de la próxima semana, el juez analizará las alegaciones que planteen las partes personadas y decidirá finalmente, previsiblemente a finales de diciembre o en los primeros días de enero, si cita a declarar a la infanta como imputada o archiva la parte de esta causa relacionada con la hija del rey.
El juez ha dictado esta resolución tras haber recibido el pasado 5 de diciembre los informes de la Agencia Tributaria que estaban pendientes, últimas diligencias que había ordenado antes de pronunciarse sobre una eventual nueva imputación y que ha trasladado hoy a la Fiscalía Anticorrupción y demás partes personadas.
Castro ha dado traslado en las últimas semanas de varios informes de la Agencia Tributaria y la Policía sobre el papel de la hija menor del Rey en la empresa Aizoon, de la que era copropietaria con su marido, Iñaki Urdangarin, y que supuestamente formaba parte del entramado societario utilizado para justificar fondos fruto de presuntos desvíos de dinero público al Instituto Nóos.
El juez ya imputó y llamó a declarar a la infanta el pasado mes de abril, pero su citación quedó entonces en suspenso después de que la Fiscalía Anticorrupción se opusiera en un recurso a la decisión de Castro y de que la Audiencia de Palma la dejara sin efecto en un auto dictado en mayo.
El juez ya imputó a la infanta en abril, pero su citación quedó entonces en suspenso después de que la Fiscalía se opusiera en un recurso
En ese auto, la Audiencia apuntaba nuevas líneas de investigación y, desde entonces, Castro ha ordenado numerosas diligencias sobre las declaraciones de impuestos de la infanta, así como sobre los gastos de la empresa Aizoon, de la que es propietaria al 50 % junto a Urdangarin.
El pasado 14 de noviembre el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ya entregó al magistrado un escrito en el que se oponía a la imputación de la infanta por entender que la investigación no ha aportado ningún indicio consistente de que doña Cristina participó de los delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de dinero que se le atribuyen a Urdangarin.
"Las meras conjeturas o sospechas no constituyen elementos válidos de imputación", señaló Horrach en dicho escrito en el que añadió que las especulaciones sobre un supuesto trato de favor hacia la hija del Rey son equiparables "al humo que vendían Iñaki Urdangarin y (su exsocio) Diego Torres a los organismos públicos, presuntamente".
El fiscal considera que el hecho de ser socia al 50 % de Aizoon no implica que la duquesa de Palma supiera que su marido empleaba la empresa para defraudar al fisco.
Sobre el blanqueo, Horrach aseguró que para imputárselo a doña Cristina se requeriría de algún indicio de que conocía el origen delictivo de algunos de los fondos de Aizoon, algo que ha descartado ya en dos ocasiones la propia Audiencia de Palma.
La Agencia Tributaria (AEAT) ha elevado a un total de 698.824
euros el importe total que los duques de Palma destinaron desde su
sociedad Aizoon a la reforma del 'palacete' de Pedralbes y a otros
gastos particulares.
La mercantil propiedad de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin se encuentra bajo lupa judicial por haber servido presuntamente para blanquear los fondos que de forma supuestamente ilícita recibió el Instituto Nóos y que el matrimonio habría desembolsado en atenciones de índole privada.
En su último informe, al que ha tenido acceso a Europa Press y que ha dado pie al juez José Castro a otorgar un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre si debe ser imputada la hija del rey Don Juan Carlos, Hacienda estima en 436.703 euros el dinero que los duques cargaron a Aizoon entre 2004 y 2006 por la rehabilitación de su vivienda barcelonesa y en 262.120 los fondos que destinaron a adquisiciones personales de 2004 a 2010.
Después de que el juez haya dado traslado de la nueva documentación a las partes personadas en el caso Nóos,
éstas deberán emitir las alegaciones que estimen pertinentes sobre si
consideran que la infanta debe ser nuevamente citada a declarar como
imputada por un presunto delito contra la Hacienda Pública y otro de
blanqueo de capitales. El magistrado decidirá a finales de año o principios de enero si encausa a la infanta o archiva definitivamente estas investigaciones.
De acuerdo al nuevo informe, el undécimo de los que ha solicitado el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, los gastos abarcan hasta un total de seis años, a lo largo de los cuales desde Aizoon se destinaron ingentes cantidades a compras particulares: 6.462 euros en 2004; 433.372 en 2005 -de los que 414.419 euros se destinaron a la reforma del palacete-; 33.747 en 2006; 48.326 en 2007; 62.977 en 2008; 79.840 en 2009 y 34.097 euros en 2010.
Dentro de su pormenorizado análisis, la AEAT reserva un apartado a las operaciones llevadas a cabo con las tarjetas bancarias vinculadas a Aizoon, cargos cuyo importe asciende a un total de 109.299 euros. En esta línea, detalla los conceptos que motivaron cargos en la tarjeta titularidad de Aizoon y la infanta, entre los que se encuentran 627 euros abonados en ropa infantil en Bonpoint, 845,3 en ocio infantil en el Centro Europeo de Barcelona, y 352 en L'Escarabat Negre por servicios de hostelería.
En cuanto a las operaciones relativas a la tarjeta titularidad de Urdangarin, éstas se engloban bajo conceptos como 'gastos de peajes y carburante' -1.265 euros-, 'billetes de líneas aéreas y ferrocarril' -58.365 euros-, 'restaurantes y alimentación' -13.816 euros-, 'hoteles' -10.271 euros- y 'otros gastos' como artículos de ropa, complementos de moda, entradas para espectáculos, libros, música, electrónica o floristería -8.312 euros-.
Los duques llegaron a adquirir a la empresa Rosa Cerveto Marta Mas S.L., a través de Aizoon, una estantería de 5.895 euros, un sillón giratorio por 1.552, una mesa de alumnio por 2.665, una alfombra 'little flowers' por 3.450, un 'pouf' de cuero por 968, diez sillas 'masai' de piel por un total de 9.550, dos sofás por 10.143, un mueble-bar por 6.298 y dos cortinas de estilo japonés por 5.580, entre otros numerosos artículos.
Clases de 'coatching' por 6.672 euros, de salsa y merengue por 707, celebraciones de cumpleaños y eventos infantiles por más de 800 euros, así como comidas y cenas en lujosos restaurantes se añaden a la lista de gastos en que incurrieron los Duques con cargo a las cuentas de Aizoon, mientras ésta se nutría de los fondos que las Administraciones balear y valenciana pagaron al Instituto Nóos y cuya mayor parte, según los investigadores, fueron a parar a los bolsillos de Urdangarin y su exsocio Diego Torres.
Las pesquisas van encaminadas a averiguar si la hija del rey era consciente de la procedencia ilícita del dinero que recibía Aizoon, lo que permitiría dilucidar si la infanta incurrió en un delito de blanqueo de capitales, además de esclarecer si defraudó a la Agencia Tributaria, al facturar a Aizoon servicios personales que nada tenían que ver con la actividad de la empresa con el objetivo de reducir su tributación en la declaración del IRPF.
De hecho, la Audiencia Provincial de Baleares ya se pronunció al respecto en el auto por el que dejó abierta la vía a que la infanta fuese imputada por los anteriores ilícitos penales, al sostener que si Aizoon estaba participada al 50 por ciento por la infanta, no era más que una pantalla y se constituyó con una finalidad defraudatoria, no se entiende que sólo se atribuya la defraudación a uno de los socios (a Urdangarin).
Los magistrados van más allá al recalcar que, aunque Urdangarin era el administrador de Aizoon, su mujer tenía el control funcional de la sociedad al ser titular del 50 por ciento del capital social, motivo por el cual debía saber que Aizoon "no era una sociedad de profesionales y que ella y su marido la utilizaban para defraudar".
Del mismo modo, Aizoon facturó servicios "íntima e indisolublemente vinculados a la personalidad del señor Iñaki Urdangarin" por hasta un total de 1,6 millones de euros, a fin de que estos ingresos pudieran ser ocultados en la declaración del IRPF del yerno del rey, tal y como puso de manifiesto Hacienda en un anterior informe.
Hacienda incidía así en el hecho de que Aizoon, y no el propio Urdangarin, fuese contratada por las sociedades receptoras de los servicios que prestaba Urdangarin. Tanto es así que, abundaba, ni en el sumario de la causa ni expediente administrativo alguno figuran testimonios de las actividades de consultoría "pretendidamente desarrolladas por Aizoon".
EUROPA PRESS
La mercantil propiedad de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin se encuentra bajo lupa judicial por haber servido presuntamente para blanquear los fondos que de forma supuestamente ilícita recibió el Instituto Nóos y que el matrimonio habría desembolsado en atenciones de índole privada.
En su último informe, al que ha tenido acceso a Europa Press y que ha dado pie al juez José Castro a otorgar un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre si debe ser imputada la hija del rey Don Juan Carlos, Hacienda estima en 436.703 euros el dinero que los duques cargaron a Aizoon entre 2004 y 2006 por la rehabilitación de su vivienda barcelonesa y en 262.120 los fondos que destinaron a adquisiciones personales de 2004 a 2010.
El magistrado decidirá a finales de año o principios de enero si encausa a la infanta
De acuerdo al nuevo informe, el undécimo de los que ha solicitado el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, los gastos abarcan hasta un total de seis años, a lo largo de los cuales desde Aizoon se destinaron ingentes cantidades a compras particulares: 6.462 euros en 2004; 433.372 en 2005 -de los que 414.419 euros se destinaron a la reforma del palacete-; 33.747 en 2006; 48.326 en 2007; 62.977 en 2008; 79.840 en 2009 y 34.097 euros en 2010.
Dentro de su pormenorizado análisis, la AEAT reserva un apartado a las operaciones llevadas a cabo con las tarjetas bancarias vinculadas a Aizoon, cargos cuyo importe asciende a un total de 109.299 euros. En esta línea, detalla los conceptos que motivaron cargos en la tarjeta titularidad de Aizoon y la infanta, entre los que se encuentran 627 euros abonados en ropa infantil en Bonpoint, 845,3 en ocio infantil en el Centro Europeo de Barcelona, y 352 en L'Escarabat Negre por servicios de hostelería.
En cuanto a las operaciones relativas a la tarjeta titularidad de Urdangarin, éstas se engloban bajo conceptos como 'gastos de peajes y carburante' -1.265 euros-, 'billetes de líneas aéreas y ferrocarril' -58.365 euros-, 'restaurantes y alimentación' -13.816 euros-, 'hoteles' -10.271 euros- y 'otros gastos' como artículos de ropa, complementos de moda, entradas para espectáculos, libros, música, electrónica o floristería -8.312 euros-.
Las operaciones llevadas a cabo con las tarjetas vinculadas a Aizoon ascienden a 109.299 euros
Estas cifras se suman a las que ya obran en poder del juez instructor
y que le han sido aportadas por el Grupo de Delincuencia Económica de
la Policía Nacional en Baleares, entre las que destaca el pago de 139.000 euros por la adquisición y montaje de hasta 72 muebles y elementos del hogar como estanterías, butacas, sofás, mesas y cortinas de lujo para su uso personal.Los duques llegaron a adquirir a la empresa Rosa Cerveto Marta Mas S.L., a través de Aizoon, una estantería de 5.895 euros, un sillón giratorio por 1.552, una mesa de alumnio por 2.665, una alfombra 'little flowers' por 3.450, un 'pouf' de cuero por 968, diez sillas 'masai' de piel por un total de 9.550, dos sofás por 10.143, un mueble-bar por 6.298 y dos cortinas de estilo japonés por 5.580, entre otros numerosos artículos.
El arquitecto de Pedralbes facturó 20.000 euros por reformas privadas
Por su parte, Marc Viader, arquitecto que reformó parte del palacete de Pedralbes, admitió ante agentes de la Policía Nacional haber facturado por estas obras 20.000 euros a través de Aizoon por orden de Urdangarin, concretamente en el año 2005, a pesar de que la factura se correspondía a nivel privado con el encargo de rehabilitación, reforma y ampliación del domicilio particular que el matrimonio posee en la calle Elisenda de Pinós de Barcelona.
Clases de 'coatching' por 6.672 euros, de salsa y merengue por 707, celebraciones de cumpleaños y eventos infantiles por más de 800 euros, así como comidas y cenas en lujosos restaurantes se añaden a la lista de gastos en que incurrieron los Duques con cargo a las cuentas de Aizoon, mientras ésta se nutría de los fondos que las Administraciones balear y valenciana pagaron al Instituto Nóos y cuya mayor parte, según los investigadores, fueron a parar a los bolsillos de Urdangarin y su exsocio Diego Torres.
Las pesquisas van encaminadas a averiguar si la hija del rey era consciente de la procedencia ilícita del dinero que recibía Aizoon, lo que permitiría dilucidar si la infanta incurrió en un delito de blanqueo de capitales, además de esclarecer si defraudó a la Agencia Tributaria, al facturar a Aizoon servicios personales que nada tenían que ver con la actividad de la empresa con el objetivo de reducir su tributación en la declaración del IRPF.
De hecho, la Audiencia Provincial de Baleares ya se pronunció al respecto en el auto por el que dejó abierta la vía a que la infanta fuese imputada por los anteriores ilícitos penales, al sostener que si Aizoon estaba participada al 50 por ciento por la infanta, no era más que una pantalla y se constituyó con una finalidad defraudatoria, no se entiende que sólo se atribuya la defraudación a uno de los socios (a Urdangarin).
La infanta "debía conocer que Aizoon se usaba para defraudar"
Es más, el tribunal de la Sección Segunda apuntaba que la mujer de Urdangarin "debería saber o conocer que Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda", tanto en lo que al impuesto de sociedades se refiere como respecto al IRPF, y que "se ha enriquecido con contratos ilegales y dinero público por facturas giradas por Aizoon a Nóos".
Los magistrados van más allá al recalcar que, aunque Urdangarin era el administrador de Aizoon, su mujer tenía el control funcional de la sociedad al ser titular del 50 por ciento del capital social, motivo por el cual debía saber que Aizoon "no era una sociedad de profesionales y que ella y su marido la utilizaban para defraudar".
Del mismo modo, Aizoon facturó servicios "íntima e indisolublemente vinculados a la personalidad del señor Iñaki Urdangarin" por hasta un total de 1,6 millones de euros, a fin de que estos ingresos pudieran ser ocultados en la declaración del IRPF del yerno del rey, tal y como puso de manifiesto Hacienda en un anterior informe.
Hacienda incidía así en el hecho de que Aizoon, y no el propio Urdangarin, fuese contratada por las sociedades receptoras de los servicios que prestaba Urdangarin. Tanto es así que, abundaba, ni en el sumario de la causa ni expediente administrativo alguno figuran testimonios de las actividades de consultoría "pretendidamente desarrolladas por Aizoon".
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