Bruselas: En España no se controla a los ex ministros
La Oficina del Gobierno que vigila el enriquecimiento de altos cargos es "débil" y controlada
políticamente, según la Comisión Europea
.
A estas alturas de la democracia española resulta que cuando un
ministro, secretario de Estado u otros altos cargos de la Administración
Central dejan el puesto, no hay un procedimiento de vigilancia fuerte e
independiente que asegure que se han enriquecido en el cargo y que no
van a hacer nada incompatible con su labor pública.
Así lo critica el
capítulo dedicado a España del primer informe sobre Corrupción de la
Comisión Europea. El débil esquema de control se viene manteniendo tanto
con gobiernos del PSOE como del PP.
De acuerdo con la Ley actual, los que dejan el cargo, pasan a teórico
control de la Oficina de Conflictos de Interés dependiente del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que dirige Cristóbal
Montoro.
Durante dos años, los ex siguen cobrando el 80% de su sueldo
para que no trabajen durante ese tiempo en ninguna empresa o banco sobre
los que hayan dictado resoluciones, pero no hay garantía de
cumplimiento. La obligación de la Oficina es "detectar posibles
vulneraciones, abrir procedimientos disciplinarios y proponer sanciones a
las entidades que dan empleo al ex alto cargo", señala el informe, pero
asegura que "su poder es débil".
Tiene rango de apenas subdirección
general y está encuadrada en la secretaría de Estado de Administraciones
Públicas que dirige Antonio Beteta.
"La Oficina puede detectar el incumplimiento e investigar, pero solo
cuando hay una acusación formal y previa autorización del Ministerio de
Hacienda y Administraciones públicas", lamenta el informe de la Comisión
Europea.
"No está claro qué metodología aplica de verificación del cumplimiento
de la ley. Y al ser parte del Ministerio, la Oficina no es independiente
ni tiene autonomía presupuestaria", señalan los expertos de Bruselas.
En su opinión, "la independencia es clave para garantizar una
verificación imparcial de las actividades y patrimonio de los altos
cargos". No considera por tanto suficiente, aunque reconoce que supone
una avance, la recién aprobada Ley de Transparencia impulsada por la
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y aconseja al
Gobierno "reforzar la capacidad de la Oficina de Conflictos de Interés
para que pueda llevar a cabo sus investigaciones de una forma
independiente y efectiva y que pueda aplicar sanciones disuasorias".
También reclama que "un organismo independiente" tenga capacidad de
velar si se cumple la Ley de Transparencia.
Si el control es insuficiente en la Administración central lo es más aún
en los gobiernos autonómicos y ayuntamientos, donde la Comisión Europea
echa de menos "códigos de conducta exhaustivos" para altos cargos con
"adecuada rendición de cuentas e instrumentos sancionadores frente a
potenciales vulneraciones".
También "reglas coherentes" en todos los
niveles de la Administración para vigilar el enriquecimiento e
incompatibilidades.
Éste es solo uno de los aspectos criticables del informe.
Que con todo
lo que ha llovido de corrupción en España todavía haya que leer esto en
un documento de la Comisión Europea no hace extrañar que los españoles
destaquen en la Encuesta del Eurobarómetro cuando son preguntados sobre
si hay corrupción en su país.
Responden que sí un 95%, por encima del
tampoco nada desdeñable 75% de la media europea.
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