Por tercer año seguido, habrá que echar mano del dinero ahorrado para situaciones críticas

José Luis Galende

La creación neta de empleo prevista para la recta final del 2014, cuando empiece a consolidarse la aún tenue recuperación económica, y el consiguiente alivio para los ingresos de la Seguridad Social no impedirán que, por tercer año consecutivo, el Gobierno tenga que echar mano al Fondo de Reserva de las pensiones. La Administración se verá obligada a utilizar este ejercicio 11.029,7 millones de euros de la hucha que contiene el dinero ahorrado para garantizar el pago de esas prestaciones en las coyunturas más críticas, según figura en los Presupuestos.

Esa cifra supera en 382 millones la retirada en el 2012. Sin embargo, será inferior a los 11.683 millones adicionales que el sistema necesitó entonces, cuando las cuentas del Estado no incluían aún el total de los complementos de las pensiones mínimas, que se aplica desde el 2013. Una parte de esa suma (4.680 millones) procedió entonces del Fondo Prevención y Rehabilitación de las mutuas.

Las estimaciones de ingresos y gastos de los Presupuestos Generales recién aprobados no dejan lugar a dudas sobre cuál va a ser la evolución del empleo y su calidad salarial. La ley recoge una caída de la recaudación por cotizaciones del 2,86 % sobre las previsiones del 2013, que, por cierto, no se está cumpliendo en este apartado: hasta el pasado noviembre estaba en torno a ocho puntos porcentuales por debajo de lo esperado. En los once primeros meses del último ejercicio solo se habían recaudado el 83,45 % de los 105.863 millones previstos para finales de diciembre.

Toda la munición

Con una previsión a la baja del empleo existente -se espera la destrucción del 0,2 % de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en el conjunto del presente año-, la Seguridad Social no ha tenido más remedio que echar mano de toda la munición a su alcance para intentar frenar una caída de ingresos que complicaría tanto la estabilidad el sistema de pensiones como el cumplimiento de los compromisos del déficit público.

Así, no solo crece el 5 % la base de cotización máxima por segundo año consecutivo -las mínimas quedan congeladas, salvo las de autónomos, que suben el 2 %-, sino que desde el pasado diciembre son considerados ingresos a efectos de la Seguridad Social -y, por tanto, sujetos al pago de las cuotas correspondientes- los pluses de transporte y distancia, algunas mejoras de las prestaciones, vales de comida y apoyo a la guardería, seguros médicos y entrega de acciones y participaciones a los empleados.

Cinco años de margen

De la lectura de los Presupuestos se desprende también que el Gobierno espera resultados efectivos en su incentivación del trabajo a tiempo parcial. Eso explica que, con la prevista destrucción del equivalente a más de 30.000 puestos de trabajo a tiempo completo, conviva una bajada del paro de siete décimas (del 26,5 % de media esperado para el 2013 al 25,9 %). Otra posibilidad de encajar estas dos estimaciones enfrentadas es que baje la población activa por factores como, por ejemplo, el comportamiento de la emigración.

Previsiones desfasadas

El propio ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguraba hace apenas unos días que las estimaciones sobre el empleo incluidas en el cuadro macroeconómico de los Presupuestos se han quedado ya obsoletas y que espera un dinamismo del mercado laboral más vivo que el previsto en septiembre, cuando se presentaron esos vaticinios.

A este ritmo, un supuesto estancamiento de los ingresos de la Seguridad Social acabaría con el Fondo de Reserva de las pensiones en menos de cinco años, ya que los gastos en prestaciones evolucionan al alza, pese a las medidas de ajuste introducidas en la última reforma del Gobierno de Mariano Rajoy.