El sistema se inhibe porque capitalismo es fraude, corrupción y explotación
Listas de empresas y números que te timan a tarvés de mensajes SMS maliciosos.
¿Por qué las autoridades no actúan ante el #fraudeSMS?
Es un #fraudeSMS, la
última moda en timos telefónicos. La mayoría de quienes reciben estos
mensajes no pican, pero las empresas que los envían lo saben. Juegan a
probabilidades. Y siempre ganan. Porque el coste que les representa el
envío de decenas o cientos de miles de SMS queda sobradamente amortizado
con el porcentaje de usuarios que contestan. Y es que cada mensaje
cuesta en torno a un euro y medio, del que la mayor parte va para los
timadores.
Llega un SMS al móvil
que nos pide que aclaremos por qué no contestamos en Facebook o
WhatsApp. El remitente no es un contacto conocido. De hecho, ni siquiera
es un móvil: el número no empieza por 6, sino por 2, ni tiene nueve
cifras, sino cinco. Pero hay quien no repara en estos detalles y
responde.
FACUA ha denunciado en
las últimas semanas a cuatro empresas titulares de números dedicados a
este tipo de fraudes: Iebolina Tradicional (25568), Comercial Polindus
21 (27407, 25414, 25658 y 27140), Arabbesko Madrileña (25388) e Hispano
Televisión y Telefonía.
La última compañía
utiliza otra modalidad de #fraudeSMS: advierte en sus SMS de que el
usuario tiene retenidos mensajes "muy muy urgentes" y que supuestamente
puede escucharlos si llama a una línea con prefijo 118, también de alto
coste y que según la ley sólo puede destinarse a información sobre
números de teléfono.
Lo cierto es que por
mucho que algunos innoven en las características de los fraudes a través
de SMS y líneas de tarificación adicional (803, 806, 807, 905) o
especial (como las 118), las autoridades competentes en materia de
telecomunicaciones y de protección de los consumidores lo tienen igual
de fácil para acabar con ellos. En estos casos no tienen que realizar
sesudos análisis jurídicos para determinar si las prácticas incurren o
no en la vulneración de la normativa. Son timos tan burdos, tan
evidentes, que desde que tienen conocimiento de ellos, la decisión de
actuar contra sus responsables no debería conllevar más de unos minutos.
Cuando tiene
conocimiento de estos timos, la reacción de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones (Setsi) del Ministerio de Industria es ordenar la
cancelación de la numeración desde la que se han perpetrado. Eso sí, la
orden, cuando se produce, suele tardar un año (o más). Se hace tras la
valoración de la denominada Comisión para la Supervisión de los Números
de Tarificación Adicional, un órgano raquítico en su dotación de
personal y saturado de denuncias.
En cuanto a las acciones
que llevan a cabo las administraciones autonómicas que tienen la
responsabilidad de la protección de los consumidores, tampoco son
precisamente para tocarles las palmas. Cuando no valoran que estos
asuntos son competencia exclusiva de la Setsi o de la comunidad autónoma
donde tengan su sede los autores del timo (lo de echar balones fuera
les encanta), inician un eterno expediente (aquí si lo resuelven en un
año es porque han activado la velocidad de crucero) que, de concluir en
sanción, se aplica en secreto (no vaya a ser que alguien se entere de
que la pobre empresa se dedica a cometer fraudes y acabe arruinándose) y
con una cuantía de vergüenza ajena. Un fraude de 100.000 euros, o de un
millón, o de 100 millones... puede acabar con un castigo de 20.000
euros.
La legislación de
consumo (la que en teoría aplican las autoridades de idem) establece que
las multas deben ser proporcionales a las dimensiones del fraude,
pudiendo representar (según la comunidad autónoma) hasta cinco o diez
veces el dinero que se haya ganado con él. Pero se ve que existe un
déficit de comprensión lectora en los responsables de combatir el fraude
que pagamos (y muy bien) con nuestros impuestos. Así que las pocas
sanciones que aplican representan, más que un castigo, una invitación a
seguir timando.
Facua.org
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