Admitida a trámite la querella criminal contra Ignacio González por la venta de viviendas públicas

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El negocio con los fondos buitre, a juicio. El juzgado de instrucción número 48 de Madrid ha admitido a trámite la querella criminal interpuesta por el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid contra el Gobierno de Ignacio González por la venta “a precio de regalo” de cerca de tres mil pisos públicos del IVIMA a una empresa privada. 


 Tal y como constata ahora la resolución judicial “los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.


La querella, firmada por los diputados socialistas José Quintana y Antonio Fernández Gordillo, fue presentada el pasado 5 de febrero y acusa al Ejecutivo madrileño de un delito de malversación de caudales públicos y prevaricación continuada al vender por 200 millones de euros un parque inmobiliario -2.935 viviendas propiedad del IVIMA, la mayoría del Plan de Vivienda Joven- que, en la peor valoración, valdría cerca de 369 millones de euros.



El concurso fue adjudicado a la empresa Azora, en la que participa Goldman Sachs, a la sazón la empresa que gestiona la SICAV Bussola 99, en la que el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, su mujer y sus hermanos tienen depositados sus ahorros, y en la que el propio Cavero Martínez fue consejero hasta meses antes de su nombramiento como miembro del Ejecutivo de Ignacio González, cuando le sustituyó su hermana María Belén. Así se recogía tanto en el folleto de la CNMV, como en el informe de gestión de dicha sociedad a 31-12-12.



“El auto de la sala no sólo admite la demanda penal, sino que además reconoce en esa admisión que existen claros indicios de causa penal”, destacaba el portavoz socialista en materia de vivienda en la Asamblea de Madrid, Antonio Fernández Gordillo, quien recordaba que en su querella los socialistas denunciaban la venta de estas casi 3.000 viviendas por un tercio de lo que hoy pretenden cobrar los fondos de inversión a los inquilinos originarios.


Precisamente, el portavoz parlamentario socialista, Tomás Gómez, exhibió en el último debate sobre el estado de la región, celebrado en septiembre, una carta de uno de los afectados alertando de esta problemática y pocos días después adelantó que llevarían el tema a los tribunales por “quebranto patrimonial”.



“La venta que ha hecho el IVIMA, en contra de los intereses públicos, malvendiendo el patrimonio público de todos los madrileños, suponía un precio por vivienda de unos 68.000 euros, cuando ahora se pretende cobrar entre 150.000 y 170.000 euros a los inquilinos, a los que en algunos casos ya les ha vencido la opción de compra”, destacaba hoy Antonio Fernández Gordillo.


Y es que, tal y como figuraba en la querella presentada por los socialistas, 10 de las 32 promociones en venta (que representan 634 viviendas), fueron construidas en 2007 “por lo que su opción de compra es ejercitable ya en este 2014, razón por la cual, la Administración podría haberlo vendido a los arrendatarios titulares del derecho de superficie”.



Por ello, los diputados del PSOE subrayaban en la argumentación legal que dicha venta carecía totalmente de sentido “si no es más que para favorecer a cualquier precio a una empresa privada, conseguir liquidez inmediata para la Administración sin reparar en que con sencillas operaciones aritméticas se podría haber vendido a los propietarios, hoy arrendatarios, del derecho de opción de compra”.



“Nos parece que todo este proceso es absolutamente especulativo, contrario a la naturaleza que tenía el IVIMA cuando se fundó en 1984, que era proveer de vivienda a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad”, ha afirmado Gordillo, para quien la actuación del Gobierno de Ignacio González, “absolutamente opaca” y “poco transparente” ha puesto de manifiesto que el Ejecutivo madrileño actúa incluso “contra el criterio y el mandato que la propia Constitución otorga a los poderes públicos, a los que dice que no sólo tienen que facilitar vivienda a los sectores más desfavorecidos, sino que además tienen que sentar las condiciones para evitar la especulación, justo lo contrario de lo que han hecho con esta venta masiva de viviendas a Goldman Sachs”.

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