.Estos son dos de los "vándalos radicales" detenidos el sábado y que ya han sido puestos en libertad.

Estos son dos de los "vándalos radicales" detenidos el sábado y que ya han sido puestos en libertad. 

Juzgar vosotros mismos

con

 Diego Cañamero Sat.

Mi presencia transversal en las Marchas de la Dignidad me impidió contemplar los altercados que se produjeron antes de que finalizara la concentración. Solo pude observar el despliegue policial que había cortado la Calle Génova, fortificando la sede del PP. 

Ese alarde de fuerza manifestaba una vez más que el trabajo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) no consiste en preservar el orden público y garantizar la seguridad ciudadana, sino en intimidar, apalear y humillar a los que se atreven a pedir “pan, trabajo y un techo para todos”.

 Los agentes de la UIP son el brazo armado del Estado, mercenarios que obedecen órdenes inmorales e ilegales y que no deben ser equiparados en ningún caso con los trabajadores. La represión de las protestas populares no es un trabajo digno, sino un acto de cobardía y mezquindad.

 Los grandes medios de comunicación han propagado una versión fraudulenta de los hechos, atribuyendo a grupos de incontrolados los incidentes que ensombrecieron la jornada. Afortunadamente, los testimonios gráficos han desmentido esta torpe y ofensiva manipulación de la verdad. En las grabaciones del evento, se aprecia con perfecta claridad que los esbirros de la UIP invaden la Plaza de Colón y comienzan a disparar pelotas de goma, cuando el acto aún no ha finalizado.

 Desde la tribuna, los organizadores de las Marchas de la Dignidad piden que cese la violencia, pues hay niños y ancianos, pero la policía ignora sus súplicas. Todo indica que su intervención no es espontánea, sino que responde a una estrategia de tensión y provocación, probablemente planificada por Cristina Cifuentes, Delegada del Gobierno en Madrid. Cifuentes tal vez pretende continuar la estela de Rodolfo Martín Villa, sembrando el miedo y la intolerancia en las calles de la capital del Reino de España. 

 

Quizás desea que se repitan tragedias como la de María Luz Nájera, asesinada por la policía el 24 de enero de 1977.

 Estudiante de Ciencias Políticas, María Luz, que sólo tenía 21 años, murió cuando un antidisturbios apuntó a su cabeza y le disparó a bocajarro un bote de humo. Un joven la recogió en la calle de los Libreros y la trasladó a la clínica de la Concepción. Al llegar al hospital, la chica se hallaba en coma. 

La policía detuvo a su acompañante, sin preocuparse por el estado de María Luz, que murió tres horas más tarde. Martín Villa ejerció de Ministro de la Gobernación entre 1976 y 1979. En esos cuatro años, murieron 54 personas, asesinadas por la policía o por grupos de extrema derecha, casi siempre respaldados por las Fuerzas de Orden Público. 

El furor represivo de Cristina Cifuentes no está a la altura de Martín Villa, pero es evidente que sigue sus pasos, combinando palo, cinismo y demagogia. De hecho, ya ha anunciado que abrirá un expediente sancionador contra los organizadores de las Marchas de la Dignidad.

 Su intención es “imponer sanciones económicas importantes”, las “máximas”, de acuerdo con la ley.

 Nuestra ejemplar democracia no logra desprenderse de las heces franquistas, quizás porque la dictadura es el genio escondido en la botella de la Transición.