RÍO DE JANEIRO ARDE A MES Y MEDIO DEL MUNDIAL

Asesinatos, tiroteos, violentas protestas de los moradores de las favelas contra los abusos policiales, respuesta policial aún más violenta, despliegue masivo del Ejército… Desde hace dos meses, en Río de Janeiro se respira una atmosfera muy tensa. Y eso a tan sólo seis semanas del inicio del Mundial de Fútbol, para el que se espera la llegada de unos 600.000 turistas extranjeros.

El último episodio de guerrilla urbana se registró el martes pasado en el barrio de Copacabana, una de las zonas más turísticas de la Cidade Maravilhosa. Centenares de personas bajaron la ladera de la favela Pavão-Pavãozinho para protestar por la muerte de Douglas Rafael da Silva Pereira, DG, un popular bailarín asesinado supuestamente por agentes de la Policía Pacificadora. El cuerpo de DG, que alcanzó la fama tras salir en un conocido programa de televisión, fue encontrado sin vida en una guardería de la favela: había recibido un tiro y una tremenda paliza.

Las calles de Copacabana se convirtieron en el escenario de una batalla campal, con coches ardiendo, barricadas, personas corriendo y lanzando piedras, y ventanas destrozadas. La situación derivó en un intenso tiroteo que se cobró la vida de un joven de 27 años. “Ha habido muchas protestas en los últimos meses, pero ninguna tan violenta como ésta”, asegura Thaysa, una joven habitante de Pavão-Pavãozinho. “Esto parecía Irak: se oían bombas, tiros, había mucho humo, toda Copacabana tembló de miedo. Yo misma tuve un ataque de pánico”, añade.

El Gobernador de Río, Luiz Fernando Pezão, ha ordenado una “investigación exhaustiva” para esclarecer los hechos y purgar responsabilidades, pero la verdad es que hasta hoy no se ha aclarado ninguno de los casos mediáticos de abusos policiales. Según datos del Istituto de Segurança Pública (ISP), el año pasado en 29 favelas pacificadas se registraron 8,7 muertes por cada 100.000 habitantes. La cifra representa menos de la mitad de la media nacional de asesinados, que es de 24,3. Eso sí, la violencia en la ciudad de Río creció con 3.501 asesinados, un 15% más respecto al año anterior, según la misma fuente. De esa forma, se invierte la tendencia a la baja iniciada en 2010.

Los datos sobre la delincuencia en el Estado de Río de Janeiro son escalofriantes. El ISP calcula que en los último ocho años hubo 35.879 asesinatos, 285 lesiones corporales seguidas de muerte, 1.169 robos seguidos de muerte, 5.677 muertes derivadas de intervenciones policiales, 155 policías militares y civiles muertos en acto de servicio. En total, 43.165 fallecidos.

El asesinado de DG, que ha causado los tumultos de Copacabana, es sólo la punta del iceberg. En las últimas semanas, varios enfrentamientos armados han causado la muerte tanto de policías como de civiles. El narcotráfico se ha reorganizado y ha protagonizado varios ataques a las UPPs, la Policía Pacificadora, con un saldo de seis agentes muertos e varios heridos en poco más de dos meses. Tras un viernes de terror, en el que las UPPs sufrieron cinco ataques simultáneos en la misma noche, el exgobernador de Río de Janeiro, Sérgio Cabral, se marchó a Brasilia en busca de refuerzos. El resultado fue la ocupación de la Maré, el pasado 6 de abril.

Desde entonces, 2.700 efectivos de la Brigada de Paracaidistas, de la Marina y de la Policía Militar patrullan, armados hasta los dientes, las calles esta macro-favela formada por 16 comunidades. La Maré ocupa una vasta área en una zona estratégica, cerca del aeropuerto de Río de Janeiro. Desde que el Complexo do Alemão fue pacificado, el 2010, se había convertido en la puerta de entrada de armas y drogas a la Cidade Maravilhosa. Y, peor aún, el control de estos suculentos negocios está disputados por tres facciones: el Comando Vermelho, el Terceiro Comando Puro y el ADA (Amigos dos Amigos). “Cuatro, si contamos las milicias”, asegura a este diario Bira, un fotógrafo que vive en Nova Holanda, una de las favelas que integran el complejo.

Las milicias son un grupo paramilitar formado por policías militares y civiles retirados, guardias penitenciarios, exbomberos y hasta algún político. En algunas favelas, como Rio das Pedras, expulsaron a los narcotraficantes y ahora se dedican a extorsionar a los comerciantes locales, y a explotar servicios como la distribución de gas y de TV vía satélite clandestina. Para tener una idea del grado de violencia que se vive esos días en Río de Janeiro es suficiente dar un paseo por las calles de esta favela. Día y noche circulan vehículos cargados de militares, que apuntan con fusiles a todo ser humano que se cruza en su trayectoria, poco importa si es un anciano o un niño.

Las casas humildes de la Maré muestran los rastros de guerras antiguas y recientes: son varias las fachadas agujereadas por el impacto de las balas. Hasta hace unos días, los narcotraficantes campaban a sus anchas y vendían su mercancía en plena calle. El comandante de la Fuerza de Pacificación, el general de brigada Roberto Escoto, ha reconocido que todavía quedan muchos escondidos.

Después de un balance triunfalista, en el que se anunció a bombo y platillo la pacificación tras una “operación de 15 minutos”, los mandos policiales y el Gobernador de Río han tenido que reconocer que la pacificación de la Maré va a durar mucho tiempo. Además, han tenido que desmentir que no ha habido víctimas: en las últimas tres semanas se han producido varios tiroteos en los que han muerto, al menos, una anciana que iba a la farmacia y un moto-taxista que volvía del trabajo.

“Entre tanto, los narcos han vuelto y han hecho un acuerdo con el Ejército”, asegura un residente que prefiere no revelar su identidad. “Yo les conozco a todos: veo cómo hablan con los soldados, cómo negocian un espacio para vender. El narcotráfico está igual que antes. La única diferencia ahora es que se esconden las armas”, agrega.

En este complejo escenario, el Ejército tiene que preparar el terreno para que, a partir de julio, y sólo después del Mundial de Fútbol, se instalen las unidades de la UPP, la Policía Pacificadora creada hace cinco años y medio para arrebatar el control del territorio a los narcotraficantes. “No sé hasta qué punto podemos hablar de pacificación con tantos fusiles aquí dentro”, indica Higor, residente en Nova Holanda y colaborador de la ONG Redes de Desenvolvimento da Maré.

“No creo que los problemas de la favela se resuelvan militarizando el territorio. Además, ¿sabes lo que cuesta todo eso? Millones de reales. Todo el dinero que están gastando en formar a más policías, que van a tener un trabajo vitalicio, y en pagar la gasolina de los helicópteros, que sobrevuelan a diario nuestras casas, podría ser destinado a proyectos de desarrollo, de educación, que a la larga darían más frutos. Pero este año hay elecciones y los políticos quieren resultados inmediatos”, añade Higor.

Para el Gobierno del Estado de Río de Janeiro, sin embargo, la ocupación de la Maré es prioritaria de cara al Mundial de Fútbol y también para reforzar el proceso de pacificación, que se había fragilizado. Hasta la fecha, hay 37 Unidades de la Policía Pacificadora en activo, que controlan 257 favelas y atienden a una población de 1,5 millones de personas. “Todo lo que suceda esta año hay que verlo en clave electoral”, recuerda un periodista carioca, que accede a hablar con El Confidencial a condición de que no se revele su nombre. Y es que en octubre los ciudadanos brasileños deciden si vuelven a depositar su confianza en Dilma Rousseff. Para este periodista, es cuando menos curioso que Sérgio Cabral haya conseguido los refuerzos federales para invadir la Maré e, inmediatamente después, haya dejado su cargo para comenzar una carrera política a nivel nacional en Brasilia.

Sin embargo, las protestas de los residentes, cada vez más frecuentes y más violentas, apuntan a un desgaste de las UPPs y en un desencanto con el proceso de pacificación. Por lo pronto, el macro-dispositivo de seguridad para el Mundial, en el que va a colaborar incluso el Gobierno de Estados Unidos, les está costando muy caro a los habitantes de la Maré.

Un tema muy discutido es el del mandato colectivo, eso es, la Policía puede entrar de forma indiscriminada en las casas de los residentes sin una orden judicial individual. “Aunque hayan dicho que no está sucediendo, yo tengo información directa de al menos 30 personas, cuya casa ha sido revisada sin mandato”, asegura Bira, el fotógrafo. Su apartamento fue destrozado el año pasado durante una operación policial, que costó la vida a nueve residentes y que están siendo investigada en estos días. Los agentes destruyeron todo lo que había y tiraron su cámara al inodoro. “Mi caso llegó a conocerse porque soy un fotógrafo de la agencia Imagens do Povo y no tuve miedo de denunciar. Pero los demás se quedan impunes, porque la gente tiene miedo y termina callando”, añade.

“El territorio de la favela no puede ser tratado como un área de excepción, donde los derechos de la población quedan suspendidos en nombre de una idea de pacificación”, asegura Alexandre Cicconelo, asesor de derechos humanos da Amnistía Internacional Brasil. “La presencia del Ejército en la Maré es un momento delicado y una oportunidad para que el Estado demuestre que la seguridad pública es un derecho que debe ser garantizado y disfrutados para todos los habitantes de la ciudad, sin excepciones”, añade.

Las organizaciones de habitantes de la Maré, junto con varias ONGs que trabajan hace años en el territorio, se han reunido con el secretario de Seguridad Pública de Río y con el alcalde para exigir que se respeten los derechos básicos de los residentes. Reclaman un nuevo modelo de UPP y de pacificación. Incluso han llegado a preparar un decálogo para las Fuerzas Armadas que actúan en la Maré. Entre otras cosas, piden que los policías y los soldados estén siempre identificados; que haya mandatos judiciales para poder entrar en los domicilios particulares; y que se realicen reuniones periódicas entre residentes, Policía y Comando del Ejército para valorar las acciones que se llevan a cabo en este territorio.

“Si le preguntas a cualquiera, va a decirte que está favor de la ocupación”, asegura otro residente que tampoco quiere que se publique su nombre. “Aquí había constantemente bailes funk con música a tope y venta de todo. Los habitantes estaban cansados del ruido, de las motos, de la ostentación… Ahora bien, exigir que se respeten nuestro derechos, que no seamos abordados de forma agresiva por la Policía o los soldados, no significa que apoyemos el narcotráfico”. agrega.

El problema principal, para Alexandre Cicconelo, de Al, es que el sistema de seguridad y de justicia en Brasil está marcado por una noción de control social basada en la criminalización de la población pobre y negra, y en especial de los jóvenes residentes en las favelas. “Para estos jóvenes, el encuentro con los agentes de seguridad pública casi siempre acaba con violencia y, muchas veces, con muertes. Los datos de homicidios provocados por policías en Brasil son entre los más altos del mundo. La superación de este estado de cosas y la promoción de una reforma profunda del sistema de seguridad brasileño es una das tareas inacabadas de la transición democrática”, concluye.

(Fuente: http://www.elconfidencial.com/)



 Publicado por posesodegerasa