Una empresa de Cañete pagó 240.000 euros para evitarle un juicio por homicidio imprudente
Petrologis, presidida por el exministro, indemnizó a la familia de un trabajador fallecido y a otro empleado con graves lesiones en un incendio en el puerto de Las Palmas
- Petrologis, presidida por el exministro, indemnizó a la familia de un trabajador fallecido y a otro empleado con graves lesiones en un incendio en el puerto de Las Palmas
- Durante la investigación se detectaron indicios de homicidio y lesiones imprudentes y de delitos contra los trabajadores por parte de la petrolera
- Las indemnizaciones se pactaron en 2011 justo después de las elecciones del 20N que convirtieron en ministro al entonces diputado por Cádiz
- Sin acusación particular ni del ministerio público -la fiscalía culpó al fallecido de imprudencia- la causa quedó sobreseída provisionalmente el verano pasado
Alexis González | El Diario | 29/04/2014
Una empresa de Miguel Arias
Cañete, ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del
Gobierno hasta este lunes y cabeza de lista del PP en las elecciones
europeas del 25 de mayo, desembolsó más de 240.000 euros en noviembre de
2011 para evitarle un juicio por homicidio imprudente en Gran Canaria,
al que se enfrentaba como presidente del consejo de administración de
Petrologis Canarias SL, filial isleña de Ducar SL, la empresa petrolera también presidida por el entonces diputado por Cádiz, a causa de un grave accidente laboral con un fallecido.
En febrero de 2010, un
incendio generado durante unos trabajos de reparación de un tanque de
almacenamiento de combustible en el Puerto de La Luz y de Las Palmas
acabó con la vida de Jonathan Hernández Rodríguez y provocó graves
lesiones a Gonzalo Suárez Santana. Los dos operarios se encontraban en
la cesta de una grúa, a unos 17 metros de altura, haciendo trabajos de
soldadura en el exterior de un depósito grande de fuel, cuando las
chispas prendieron unas toallas tiradas en el suelo con las que
previamente se había limpiado parte de una fuga de fuel
.
La combustión fue inmediata,
ascendiendo el fuego por el brazo de la grúa hasta alcanzar la cesta
donde soldaban Jonathan y Gonzalo. Envueltos en llamas, el primero cayó
al vacío y el segundo se quitó el arnés, casi a ciegas entre el fuego y
el humo, y se deslizó por el brazo de la grúa, sufriendo gravísimas
quemaduras. Jonathan falleció al día siguiente, en el hospital Doctor
Juan Negrín, mientras que Gonzalo estuvo 45 días sedado, con graves
lesiones: quemaduras en el 17% de su cuerpo, sin visión en un ojo,
pérdida del pabellón auditivo izquierdo, sin sensibilidad en la mano
izquierda… la Justicia le concedió en mayo de 2011 una pensión de 2.500
euros mensuales, para que pudiera hacer frente a su recuperación. Había
pasado ya por diez operaciones y le quedaban por delante otras tantas.
El accidente de aquel 24 de febrero de hace cuatro años causó
pánico en el barrio portuario de Las Palmas de Gran Canaria. El miedo
entre los vecinos de La Isleta y los trabajadores del polígono
industrial de El Sebadal a que los inmensos tanques de fuel explotaran
corrió como un reguero de pólvora, aunque Petrologis se apresuró a
garantizar mediante una nota que en ningún momento se corrió el riesgo
de que el fuego llegara al combustible almacenado en el interior del
tanque en reparación, y que el incendio quedó bajo control en 15
minutos, dada la cercanía de un puesto de Bomberos de Las Palmas de Gran
Canaria, en el mismo barrio portuario de La Isleta.
Petrologis Canarias SL fue filial de Ducar hasta septiembre de 2008, momento en que adquirióvida propia, presidida por Arias Cañete hasta su renuncia al ser nombrado ministro.
La investigación determinó
que había indicios de delitos contra Petrologis, cuanto menos contra su
delegado local, Octavio Parada Artiles, por homicidio imprudente,
lesiones imprudentes y contra los derechos de los trabajadores. Sin
embargo, ante la ausencia de acusación pública -el fiscal de
siniestralidad laboral sostuvo que todo fue una imprudencia del
fallecido, a la sazón jefe de operaciones de la petrolera, y no había
motivos para imputar al empresario- ni particular al llegar las partes a
un acuerdo indemnizatorio, por imperativo legal, el juez instructor
decretó el sobreseimiento provisional de las actuaciones justo antes de
las vacaciones de verano pasado, el 31 de julio de 2013, dado el
principio acusatorio vigente en el procedimiento penal español.
La acusación particular
desistió de sus acciones penales inmediatamente después de las
elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, que dieron el triunfo
al PP. Los padres del fallecido aceptaron la indemnización ofrecida por
Petrologis, a través de la aseguradora Chartis Europe SA, de 73.334
euros, a los que se sumaron otros 36.666 euros, de Air Llama Universal,
mercantil que prestó servicios para los trabajos de soldadura a la
compañía de almacenamiento de fuel. El acuerdo con los padres de
Jonathan se alcanzó el 25 de noviembre.
Tres días antes, el martes
22 posterior al domingo electoral, el representante legal de Gonzalo
Santana renunció a seguir adelante contra Petrologis y a su intención
desde marzo anterior de que se llamase a declarar como imputado a Arias
Cañete, como presidente de la petrolera, -el caso hubiese pasado a manos
del Tribunal Supremo por su condición de diputado- y no solo al
delegado local de la empresa, como había solicitado ya el fiscal para
“aclarar” la cadena de mando y las órdenes dadas a la hora de ejecutar
la soldadura de las grietas del tanque.
La indemnización al
superviviente del accidente mortal ascendió a 255.000 euros, 85.000
euros de Mapfre en nombre de Air Llama y 170.000 euros a través de la
aseguradora de Petrologis, Chartis Europe SA.
Indicios de negligencia empresarial
La compañía petrolera,
después de más de un año y medio de instrucción, se había personado el
día 8 de ese mes de noviembre de 2011 únicamente como presunto
responsable civil subsidiario, y no como perjudicada por el
fallecimiento del trabajador, lo que en principio pretendió la mercantil
presidida entonces por Miguel Arias Cañete, cuyas decisiones a la hora
de dotar de seguridad a su empresa petrolera del puerto grancanario
quedaron cuestionadas.
Así, de la investigación se
dedujo una serie de indicios sobre el modo de actuar de la petrolera,
sobre el papel en los despachos y no a pie de obra, que habrían
alimentado el riesgo de accidente, de ese mismo siniestro o de peligros
anteriores o futuros. Por ejemplo, que la empresa contratada para
realizar la soldadura en caliente, Inoxgilpe SLU, no tuviera la
acreditación para reparar productos petrolíferos líquidos, en un
presunto ahorro decidido por parte del consejo de administración de la
mercantil en ese contrato, o cuando menos por su delegado local sin
evacuar consultas a más altas instancias, a diferencia de anteriores
acuerdos firmados con Felguera SA.
Además, quedó patente la
ausencia de un protocolo de coordinación entre subcontratadas para tener
conocimiento de los medios de prevención de riesgos y extinción de
incendios, no solo por parte de los trabajadores de la petrolera. La
inspección de la Seguridad Social así lo evidenció y sancionó sólo a las
subcontratas.
Incluso salió a relucir la
insuficiencia de personal a la hora de ejecutar el trabajo, con un solo
empleado más, David Quesada, tanto a los mandos de la grúa auxiliar como
en funciones de bombero, cerca de la manguera. “Bloqueado” al ver caer
desde la cesta a Jonathan, como aseguró en su testimonio, ni pudo
separar la cesta de la grúa del tanque que ardía por su exterior, ni
reaccionar con rapidez con la manguera.
A más abundamiento, hasta la
tubería del sistema contraincendios estaba deteriorada y hubo indicios
de que carecía de la presión suficiente para llegar desde el suelo a la
altura de unos 17 metros que habían alcanzado las llamas, donde se
encontraba la cesta de la grúa con los dos operarios.
Tampoco estuvo a la altura
de un sistema contraincendios el rociado de agua desde la parte superior
del tanque. Su mecanismo no funcionó correctamente por lo que después
se pudo descubrir: la tubería tenía una grieta grande por donde se
escapaba el agua. Ni siquiera el cañón de agua más cercano al tanque
resultó adecuado para llegar a la altura donde se quemaban
irremediablemente Gonzalo Santana y Jonathan Hernández.
Todo quedó finiquitado con
365.000 euros de indemnización, de los cuales unos 240.000 euros
corrieron a cargo de la petrolera presidida por Miguel Arias Cañete, sin
que los indicios de delito por negligencias achacables al empresario y
no al trabajador fallecido por muy imprudente que fuera, pudieran ser
objeto de debate y contradicción en el correspondiente juicio oral
contra la compañía del ya por entonces ministro.
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