Un hombre recoge pimientos en el campo andaluz. LAURA LEÓN
Daniel Salado⎮La Marea⎮08 de julio de 2014
Las 80 familias
(entre ellas sólo algunas empresas) que acumulan más tierras cultivables
en Andalucía percibieron en 2013 casi 100 millones de euros en concepto
de ayudas europeas directas de la Política Agraria Común (PAC), sólo
por ser propietarias (a los que hay que sumar otras ayudas de la PAC, a
las que muchas de ellas pueden optar), según se desprende de un informe
elaborado por el Sindicato de Obreros del Campo y el Sindicato Andaluz
de Trabajadores, ambos presididos por Diego Cañamero.
El grupo de ayudas
directas de la PAC al que se acogen estos propietarios se destina a
bonificar a los propietarios de tierras cultivables sin exigir a los
terratenientes contrapartidas ni de producción ni de generación de
empleo.
Los efectos de este
sistema de ayudas en Andalucía se evidencian en el hecho de que 70 de
los 80 propietarios que más cobran son familias. La familia
Mora-Figueroa, fundadora de Rendelsur, la compañía embotelladora y
distribuidora de Coca-Cola en Andalucía, encabeza el ranking de cobro de
estas ayudas, con más de 6 millones de euros en 2013. De esos 70
apellidos familiares, al menos 13 ostentan títulos nobiliarios. Le
corresponde a la Duquesa de Alba el primer puesto entre la aristocracia,
y el quinto del ranking general en este apartado de las ayudas.
Sólo diez empresas o
instituciones figuran en el listado de honor de cobro de ayudas por
posesión de tierras, entre ellas destacan la propia Junta de Andalucía, o
el Ministerio de Defensa, lo que prueba, en este último caso, las
facilidades que tiene cualquier propietario para percibir las ayudas,
dado que Defensa no tiene acreditada una larga experiencia como
productor agrario.
La primera empresa
que aparece en el listado es el grupo Noriega, famoso sobre todo por ser
una de las inmobiliarias más activas antes de la crisis, pero poco
asociada a actividades agrarias.
Al menos tres de
los siete andaluces que figuran en la relación de personas más ricas de
España en la última edición de la revista Forbes ocupan los primeros
puestos del ranking de percepción de ayudas de la PAC: la Duquesa de
Alba, Ramón Mora Figueroa, y Nicolás Osuna (de Inmobiliaria Osuna).
La Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Elena Víboras, asegura en entrevista con La Marea que no le gusta este sistema de reparto de ayudas, “pero soy demócrata”, afirma, “el modelo fue acordado en el seno de la UE”.
Sin embargo, la
consejera andaluza defiende que el modelo se puede hacer más flexible en
su aplicación nacional. “Hemos hecho una propuesta que no van a
escuchar [en el Gobierno central]”, dice: “Que se descuente un 30% de
las ayudas a los perceptores de más de 150.000 euros”, por un lado, y
que se aumente la prestación a los 200.000 andaluces que poseen pequeñas
extensiones, por el otro. Asegura que en este caso Madrid dio el visto
bueno a elevar a 300 euros la cantidad mínima a percibir por los
pequeños propietarios, pero que en la última conferencia sectorial, esta
medida fue matizada con la exigencia de tener al menos 0,3 hectáreas de
tierra.
No es un invento
nuevo: Italia ya ha aprobado una penalización del 50% para los
perceptores de más de 150.000 euros y del 100% (es decir, la retirada de
la ayuda) para los perceptores de más de 500.000 euros. Esta medida, si
se aplicase en España, dejaría fuera del reparto a las 80 familias e
instituciones que más cobran sólo en Andalucía por este concepto.
Diego Cañamero,
líder del SOC y del SAT, llama a este sistema de reparto de las ayudas
de la PAC “el PER de los ricos”, en referencia a las prestaciones que
reciben los jornaleros. Para Cañamero, el sistema de reparto de las
ayudas directas de la PAC debe siempre primar “la generación de empleo,
la transformación de los cultivos agrarios, el respeto al medio
ambiente”, todo ello modulado de modo que lo más pequeños cobren más y
no al revés. Se trata, dice, de evitar “que 11 propietarios se lleven 30
millones de euros y que el 80% de las ayudas que llegan a Andalucía se
lo lleve un 20% de propietarios”, afirma.
La PAC es la mayor
política de ayudas de la UE. Absorbe el 40% de todo el presupuesto de la
Unión. De los 7.249 millones de euros que correspondieron a España en
2013, 2.000 millones fueron a parar a Andalucía. De esa cantidad, 1.600
millones de euros se destinan a las ayudas directas (a propietarios y
empresas agrarias), que comprenden dos capítulos de ayudas: las
subvenciones directas por hectáreas (es decir, sólo por tener tierras) y
las ayudas al almacenamiento privado (un complejo sistema de apoya el
almacenamiento de los productos para influir en su precio). Sólo unos
200 millones de euros se destinaron en 2013 a financiar ayudas para el
desarrollo rural, únicas subvenciones que incentivan, entre otras
políticas, la mejora de la calidad del empleo.
Dado que Andalucía
es una comunidad con muchas propiedades agrarias extensivas, las ayudas
de la PAC por este concepto se han convertido de hecho en un canal de
financiación de la ausencia de actividad en el campo.
Las ayudas permiten
a muchos propietarios optar por mantener las tierras sin cultivar, lo
que supone dejar sin trabajo a muchos jornaleros, ya que esos 80
propietarios concentran en sus manos la propiedad de casi un cuarto de
millón de hectáreas, una gran parte de la superficie cultivable de
Andalucía. La única contrapartida que la UE pide a estos propietarios es
la observancia de ciertas compensaciones medioambientales, que en la
práctica se traducen en mantener limpios de matorrales los campos para
evitar incendios.
No obstante, no
todas las familias, instituciones y empresas que aparecen en este
capítulo de las ayudas agrarias europeas rehúsan la explotación directa.
En el ranking general de perceptores (que incluye otras ayudas en las
que sí se incentivan acciones como el almacenamiento y el desarrollo
local) figuran algunas de las que más tierras tienen. En este caso, por
ejemplo, es la Junta de Andalucía la que lidera el listado de las más
beneficiadas.
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