Cuando ya pensábamos que el PP no podía ir a más en su ejercicio absolutista del poder, en su abuso de los Decretos Leyes, su ninguneo al Parlamento, en definitiva en su aversión genética a la democracia, llega otro viernes de Dolores y el Gobierno aprueba otro Decreto Ley, el 8/2014, que supone un ataque en toda regla a la democracia parlamentaria.
Que el PP es alérgico a la democracia participativa ya lo sabíamos, pero ahora nos demuestra que tampoco le gusta la democracia representativa. De hecho le molesta la democracia y sus reglas.
Solo así puede entenderse que hoy aparezca publicado un Decreto Ley que ocupa 172 paginas del BOE, que contiene cambios profundos que afectan al menos a 6 Ministerios, que cambia radicalmente unas 20 leyes y que impacta negativamente en las competencias de las CCAA.
Gobierno y PP pretenden que todo ello se ventile en un plazo de 5 días con una sola votación el Jueves en el Congreso de Diputados. Con el agravante que, al tratarse de un período no ordinario de sesiones, su inclusión el orden del día se producirá en la Diputación Permanente del próximo martes, es decir solo 48 horas antes de su debate.
El Decreto Ley es una forma excepcional de aprobar normas con rango de Ley que por mandato constitucional requiere excepcionalidad y urgencia. La excepcionalidad se ha convertido en normalidad. Durante esta legislatura se han aprobado más Decretos Leyes que Leyes Ordinarias. Y si la urgencia podía ser una justificación al inicio de la legislatura, no parece que se pueda mantener como norma hoy.
Lo más grave es que todas estas reformas van en un verdadero portaaviones de Leyes que afectan a temas tan trascendentes como:
El acceso de las PIMES a ayudas para la inversión en el exterior y la regulación del Instituto de Crédito Oficial
El Fondo de financiación para pago a proveedores a partir de prestamos a las Administraciones Locales.
La declaración de municipios turísticos y su impacto en la regulación de los horarios comerciales y en las competencias de las CCAA.
La ley del cine y la regulación del registro de empresas de cinematografía y audiovisuales.
La regulación de las comisiones a cobrar por las entidades y financieras en los pagos con tarjetas de débito y crédito.
La reforma en profundidad de la regulación aeroportuaria, de la seguridad aérea, de la fijación de tarifas, que además supone el inicio de la privatización de AENA y dificulta los procesos de descentralización de la gestión pública de los aeropuertos de interés general.
La regulación de las operaciones de aeronaves civiles de control remoto (drones) con todo el impacto que ello tiene en el terreno de la protección de datos.
La Reforma de la Ley de seguridad aérea y de la distribución competencial.
Reforma de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, de reciente creación y que cada vez más se configura como un organismo de control gubernamental, cuando debería ser un organismo supervisor independiente.
Cambios en la regulación de los Puertos del Estado y de las condiciones de inversión privada en este sector.
Una nueva reforma del sector energético - y van unas cuantas- con especial incidencia en el sector gasístico, de su regimen de retribución, que además abre la puerta a un nuevo "déficit de tarifa", en este caso en el sector gasístico.
Cambios en profundidad de la Ley de Empleo, de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal con un impulso a su función de empresas privadas de colocación, del Estatuto de los Trabajadores, de la Ley de infracciones y sanciones en el Orden Social.
Puesta en marcha del llamado Plan de Garantía de Empleo Juvenil, que no garantiza ni empleo ni formación y se limita a repartir subvenciones a la contratación.
Reformas fiscales que afectan al IRPF, Impuesto de Sociedades, Renta de Residentes y Patrimonio que regulan aspectos que el PP se ha negado a aprobar cuando lo hemos propuesto otros grupos parlamentarios y que se presentan ahora, cuando existen 4 anteproyectos de Ley que se discutirán como Leyes durante el otoño.
La transferencia de las funciones del Registro Civil a los Registradores Mercantiles, con su consiguiente privatización.
Y por si esto no fuera suficiente, se introducen un batiburrillo de cambios que afectan a la regulación de la carrera militar, las escalas militares y de la Guardia Civil, sector ferroviario. Sin olvidar aspectos referidos a la celebración de los 120 años de Picaso.
Kafka no seria capaz de dibujar un paisaje más kafkiano. La mayoría de estas regulaciones requerirían de Leyes específicas, discutidas por separado en cada una de las Comisiones sectoriales del Congreso.
Sin duda no se trata de una nueva chapuza, se trata de evitar el debate social y político sobre temas de gran trascendencia. Y además se hace con las trampas habituales: se incorporan pequeñas modificaciones positivas que son unas gotas en un inmenso océano. Y como siempre se hace con la manipulación del lenguaje
Le llaman reformas a lo que son negocios. Le llaman liberalización a lo que es mera privatización. Le llaman garantía a lo que no garantiza ni empleo ni formación. Le llaman Estado de Derecho y no lo es, porque se han cargado la división de poderes.
Así no es de extrañar que, ante estas cacicadas, la gente grite en la calle que le llaman democracia y no lo es. No es de extrañar que se le diga al PP que ellos son los verdaderos anti sistema y que constituyen un grave riesgo para la democracia.
O la ciudadanía se deshace pronto del PP o la democracia en este pais no va a ser reconocible.
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