La ley de Seguridad Ciudadana sale hoy adelante un poco más suavizada que el anteproyecto inicial aprobado el pasado mes de noviembre, tras las críticas ciudadanas y las recomendaciones de todos los órganos consultivos y asociaciones. Greenpece ha escalado este viernes el Faro de Moncloa, situado frente al palacio de La Moncloa, como forma de protesta, y en varias ciudades han convocadas concentraciones.
Un aspecto polémico fueron las concentraciones ante el Congreso. Tras las modificaciones las reuniones ante el Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos solo serán faltas graves cuando ocasionen una perturbación grave de la seguridad ciudadana.
El aumento de las cuantías de las sanciones respecto a las actualmente vigentes se mantienen en la nueva ley, lo que supone una mayor criminalización de las protestas. La falta grave antes era sancionada con un mínimo de 300 euros y ahora esa cantidad en su grado menor será, en cualquier caso, de 1.000 euros. Las infracciones leves, que antes llegaban hasta los 300 euros, ahora podrán ser castigadas con hasta 1.000. Las graves tendrán multas de 30.001 a 600.000 euros.
Serán consideradas faltas graves participar en un desahucio o negarse a abandonar una manifestación o concentración, lo que puede suponer una multa de hasta 30.000 euros. Sobre el papel, han sido eliminadas las identificaciones aleatorias por motivos étnicos y se han regulado los cacheos.
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